El gobierno encabezado por Michelle Bachelet, autodenominado como «gobierno de la ciudadanía», viene recibiendo innumerables criticas, inclusive desde los propios partidos que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD). Esto porque la presente administración hasta el momento no ha conseguido cumplir con las expectativas que se habían cifrado en torno a su programa […]
El gobierno encabezado por Michelle Bachelet, autodenominado como «gobierno de la ciudadanía», viene recibiendo innumerables criticas, inclusive desde los propios partidos que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD).
Esto porque la presente administración hasta el momento no ha conseguido cumplir con las expectativas que se habían cifrado en torno a su programa de gobierno. A esta misma frustración se suma la causada por su antecesor, el también socialista Ricardo Lagos. Militantes y supuestos herederos del ideario socialista, ambos mandatarios destacaron en sus respectivas campañas el compromiso con los sectores más desfavorecidos, para los cuales realizarían, por una parte, las transformaciones necesarias en el padrón económico vigente como, por otra parte, consolidarían y profundizarían la participación democrática en el país.
No obstante tales principios, los gobiernos socialistas de la Concertación se han caracterizado, más bien por dar continuidad al modelo económico y social neoliberal instaurado no Chile en la época del ex-dictador Pinochet. En el ámbito de la participación ciudadana, ellos parecen más preocupados en evitar cualquier tipo de conflicto de que en incentivar nuevas formas de envolvimiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Este escenario de continuidad con relación a lo realizado por los gobiernos anteriores, no permite vislumbrar aún el sello específico que la actual mandataria pretende imprimir a su administración: un claro acento en la problemática social, en la que se consolidaría un sistema de protección tipo Estado de Bienestar (de la cuna a la tumba), en que la educación, salud y previsión representarían los ejes centrales de esa estructura. Sin embargo, ¿qué impide a la presidenta Bachelet avanzar decididamente en la realización de esas transformaciones?
En primer lugar, creemos, son los intereses, orientaciones y capacidades presentes en el propio equipo de gobierno. Después de tres cambios ministeriales en menos de un año, los principales sobrevivientes de la conformación ministerial original que asumió en marzo de 2006, son precisamente aquellos que por formación o convicción están más vinculados a los preceptos de la «catalaxia» neoliberal y su noción de que el crecimiento económico genera necesariamente beneficios colectivos (teoría del trickle-down). Este team económico es el que hasta hoy permanece intacto en el gobierno: encabezado por el Ministerio de Hacienda, las carteras de Economía y Obras Públicas son las que sustentan una política férrea y coherente en torno a la defensa del mercado y del papel de los agentes privados. El Estado para ellos debe desempeñar una función meramente compensatoria para amortiguar los costos sociales del modelo.
En segundo lugar, se encuentran los propios errores decurrentes de la perspectiva tecnocrática de la gestión gubernamental, que insiste en elaborar programas y proyectos con un criterio restrictivo y voluntarista. Este fenómeno se ha manifestado claramente en la forma como el gobierno formuló y ejecutó el Plan de Transporte Público Metropolitano (Transantiago). Este Plan diseñado por profesionales y » experts» del área fue totalmente inconsulto, basándose en escenarios de simulación ficticios que nunca se constataron en la realidad. El resultado hasta ahora muestra el rotundo fracaso de la experiencia y probablemente el mayor fiasco de la actual administración. Según un documento difundido recientemente y firmado por un grupo de parlamentarios de la Concertación, el problema del Transantiago resulta de la aplicación de criterios en que primaron los intereses privados en la provisión de bienes públicos. Lo anterior revelaría una evidente debilidad de las autoridades en la defensa de concepto de servicio público. Aún más, los partidos de la coalición tampoco han apoyado consistentemente a la Presidenta Bachelet en su esfuerzo por implementar los cambios formuladas en su Plan de gobierno.
Por último, existe una oposición ferreña, ideológicamente cohesionada y comprometida con la manutención del stato quo, que cuenta además con la fuerza emanada de los poderes «fácticos» para desandar cualquier intento de transformar un modelo económico y social que se muestra declaradamente excluyente y desigual.
Por lo tanto, el gran desafío de este cuarto gobierno de la Concertación consiste en desatar los nudos internos, comprometerse aún más con una política activa de transformaciones apuntando preferentemente hacia la protección social, adoptando la misma ruta que fue anunciada a los chilenos en la campaña electoral.
Para eso es necesario, por una parte, reposicionar un staff en sintonía con las mudanzas que el país requiere y llevarlas a cabo con convicción, sin dejarse intimidar por las amenazas oportunistas de la derecha. Por otro lado, es fundamental recuperar la noción de servicio público entre los cuadros directivos y los funcionarios de las diversas reparticiones, reforzar la ética del trabajo y consolidar los mecanismos de un «nuevo trato» a los usuarios del sistema público. Finalmente, es indispensable congregar y sumar a la ciudadanía en el proceso de formación de políticas, de manera de concitar la adhesión de vastos sectores de la nación en torno a las medidas propuestas en la agenda de gobierno y ratificadas por la población a través del voto. Sólo así, el mandato con acento en lo social definido por el liderazgo socialista de Michelle Bachelet podrá constituirse en una marca diferenciadora con relación al programa minimalista implementado en las administraciones anteriores.