La creciente inflación actual que se registra en la economía cubana ha sido superior a lo concebido por la Tarea Ordenamiento y da muestras de estar fuera de control, afectando muy gravemente a los ciudadanos de menores ingresos.
Para combatir esa inflación, detenerla y revertirla se necesita diseñar y aplicar un Programa Antiinflacionario que incluya diversas medidas desde varios ángulos económicos, financieros y administrativos. La solución definitiva a este problema radica en el aumento de la producción de bienes y servicios de manera que su oferta logre equilibrar la demanda de los consumidores.
El objetivo de la presente Nota consiste en abordar algunas medidas que pudieran combatir la inflación desde el lado de la oferta.
Las decisiones que viene adoptando el Gobierno cubano en materia económica han incursionado en el terreno de la flexibilización en las esferas del comercio y de los asuntos monetarios y cambiarios; pero no se ha realizado un esfuerzo definitivo en el área de la producción de bienes y prestación de servicios, en la cual se mantienen muchas restricciones. Las 63 medidas para el sector agropecuario, las 93 en lo concerniente al azúcar y las otras referidas a la empresa estatal no impactan en la esencia de los cambios que se deben hacer para coadyuvar al aumento de la producción y a la derrota de la inflación.
Considero que lo principal a modificar para desatar la oferta está concentrado en el actual sistema altamente centralizado de planificación y dirección de la economía, que limita la gestión empresarial y frena la iniciativa de las entidades económicas en la búsqueda del incremento de la producción y de su eficiencia. Ello determina la muy reducida capacidad de respuesta nacional en la producción de bienes y prestación de servicios -sobre todo en la producción alimentaria y el frente exportador que abastece las divisas internacionales- aherrojada por nuestra rígida planificación central de carácter muy administrativo.
Las medidas introducidas en la esfera productiva no han influido en los principales resortes que promueven la elevación de la producción y la eficiencia, que son la plena autonomía de la gestión empresarial y la estimulación material directa del colectivo laboral acorde con los niveles alcanzados en el desempeño de sus entidades. La eficiencia o deficiencia de la empresa debe sentirla el colectivo laboral directamente en sus ingresos y no solo constituir un registro para la contabilidad y las estadísticas. Por ejemplo, las empresas estatales irrentables alcanzan el 30 por ciento del total. Debería existir una Ley de Bancarrota que establezca la intervención estatal para dilucidar las causas que condujeron a la irrentabilidad de la empresa en cuestión y, en consecuencia, se podrían destituir a los dirigentes y órganos colectivos responsables de esa situación, disolver la empresa o unirla a otra, analizar con sus trabajadores la posibilidad de convertirla en una cooperativa o confiscar los activos y venderlos a otras entidades estatales y no estatales.
Por otra parte, debo subrayar que el antecedente del sistema de planificación vigente data de cuando Cuba era miembro del CAME y sostenía lazos muy estrechos con la URSS y los países socialistas europeos. La característica principal de aquel sistema consistía en que a partir de la coordinación de planes quinquenales y anuales establecida en el CAME, los organismos cubanos de la administración central del Estado y los órganos locales del Poder Popular determinaban los clientes y los suministradores de las empresas que le estaban subordinadas, fijando las principales cifras de producción y consumo de cada una de ellas, así como sus precios. En general, este sistema funcionaba exitosamente sobre la base que casi toda la economía estaba cubierta por empresas estatales y respaldada por el entonces existente campo socialista. En aquella época solo el 15% de nuestro comercio exterior se llevaba a cabo con países capitalistas.
Al desaparecer la URSS y los países socialistas europeos, este mecanismo internacional para la planificación económica del CAME también desapareció. Ahora en Cuba existe una heterogeneidad de formas de propiedad sobre los medios de producción dando lugar a empresas estatales, empresas mixtas, cooperativas, MIPYMES y Trabajadores Por Cuenta Propia que tienen que enfrentarse a un mundo exterior regido, en general, por el sistema del capSegunda Citaitalismo neoliberal donde priman las relaciones mercado. En este ambiente, las relaciones entre las empresas cubanas no pueden estar determinadas mediante un plan rígido decidido por organismos superiores. Al contrario, el entramado de los múltiples vínculos empresariales necesita rapidez en la toma de decisiones autónomas, que no pueden esperar por las indicaciones y autorizaciones de niveles administrativos jerárquicamente superiores. El sistema de planificación heredado del CAME se ha convertido en la actualidad en la traba principal para el desenvolvimiento de la economía cubana. Solo el mercado y sus categorías económicas y monetario-mercantiles pueden ofrecer un ámbito facilitador de esas relaciones interempresariales donde las decisiones en la gestión se tomen por las propias empresas, las cuales deben definir, ellas mismas, quiénes son sus clientes y suministradores, y establecer con ellos las cifras de producción y suministro, así como los precios, para fijarlas en sus contratos mutuamente beneficiosos, sin la interferencia e imposición, en general, de otras empresas o entidades administrativas que actúan como superiores jerárquicamente.
En resumen, esta propuesta apunta a modificar el actual sistema de planificación económica altamente centralizado hacia un sistema descentralizado donde las empresas estatales, empresas mixtas, cooperativas, MIPYMES y Trabajadores Por Cuenta Propia actúen de forma autónoma en su gestión, en leal competencia con otras entidades económicas y en igualdad de condiciones según las reglas del mercado, sin necesidad de realizar consultas ni recibir autorizaciones superiores en la toma decisiones. Tampoco las empresas estatales deben tener la función de constituirse en rectores de la gestión de las entidades no estatales mediante la imposición de contratos y encadenamientos productivos. Los contratos y los encadenamientos entre las empresas deben establecerse sobre la base de la plena libertad de decisión y mutua conveniencia de las partes involucradas.
Para lograr estos propósitos se debe ampliar el papel del mercado como regulador de la economía, abandonar la rígida planificación central vigente y adoptar otro modelo de planificación donde el mercado y las relaciones monetarias y financieras jueguen un mayor papel regulador de la economía de manera que las empresas estatales y no estatales tengan plena autonomía en su gestión. El sistema de planificación de la economía no debe establecer indicadores y condicionantes a las empresas en su gestión en forma directiva, salvo situaciones muy excepcionales. En esta concepción que propongo el Estado debe conducir el desarrollo de la economía nacional creando el marco institucional y regulatorio adecuado para el desenvolvimiento de las leyes objetivas del mercado cuidando que se mantengan los principios de independencia nacional y justicia social acordes a nuestro sistema político socialista. Mi propuesta se diferencia radicalmente de la visión e intencionalidad socialdemócrata contemporánea, la cual ha adoptado plenamente el principio neoliberal que rechaza cualquier intervención del Estado en la economía, así como los patrones de la democracia representativa burguesa al asumir, entre otros, el sistema multipartidista del capitalismo y la independencia de los llamados poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Otro aspecto que facilitaría los objetivos de mi propuesta se refiere a la lucha contra la burocracia estatal, la cual no quiere salir de su zona de confort y se opone a los cambios radicales en el sistema de planificación vigente. La descentralización que supone la modificación del sistema de planificación actual entra en contradicción con ciertos intereses burocráticos y antipopulares existentes en los aparatos administrativos que hoy deciden importantes aspectos en la gestión que debe corresponder solamente a las empresas. El mejor antídoto para vencer a la burocracia es la democratización de las decisiones administrativas y de la escogencia de los dirigentes de las empresas estatales. La organización y funcionamiento de las empresas estatales debe acercarse al de las cooperativas de manera que sus trabajadores no solo participen en las decisiones de las empresas sino que las decidan directamente.
Es generalmente aceptado que la burocracia anida, crece y se desarrolla principalmente en los aparatos administrativos estatales. Entre las medidas para reducir su influencia propongo fusionar ministerios, simplificar sus estructuras y reducir sus plantillas; suprimir o reducir las delegaciones territoriales de los ministerios; suprimir todas las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) con sus características actuales de entes administrativos y que actúan como miniministerios, convirtiendo en empresas autónomas las OSDE que tienen condiciones para ello; eliminar el monopolio estatal del comercio exterior de manera que las entidades estatales y no estatales sean las que decidan si utilizan a una empresa estatal para su relación en el comercio exterior o se vinculan directamente con sus clientes y suministradores residentes en otros países en las condiciones que mutuamente acuerden.
Estoy consciente que esta propuesta requiere mayores análisis para elaborar su diseño y aplicación en las condiciones concretas de Cuba, que soporta un bloqueo de mas de 60 años, un permanente acoso por parte del imperialismo norteamericano y las secuelas de la pandemia de la COVID-19. Para diseñar en sus detalles y aplicar esta propuesta se requiere un amplio e intenso trabajo de divulgación, debate, formación, educación y consulta con los dirigentes, trabajadores y los ciudadanos en general en un proceso de relativamente larga duración y que debe abordarse mediante un programa integral y por etapas.
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