El Gobierno español ha decidido fijar, de momento, el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013. Desde una equidistancia imposible, Rodríguez Zapatero aseguró que sería una decisión equilibrada. Sin embargo, ni es equilibrada ni, mucho menos, justa, puesto que para serlo sólo cabía la clausura inmediata. La decisión, además de que supone incumplir […]
El Gobierno español ha decidido fijar, de momento, el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013. Desde una equidistancia imposible, Rodríguez Zapatero aseguró que sería una decisión equilibrada. Sin embargo, ni es equilibrada ni, mucho menos, justa, puesto que para serlo sólo cabía la clausura inmediata. La decisión, además de que supone incumplir un compromiso reiterado del PSOE, únicamente puede satisfacer a las grandes empresas eléctricas y a la industria nuclear, ya que, de momento, la decisión supone cuatro años más de funcionamiento de la central y deja en manos del Gobierno de la siguiente legislatura la posibilidad de alargar aún más la vida de la misma.
En la decisión del Gobierno español han tenido más peso las presiones de la industria nuclear que las numerosas razones para el cierre, como el riesgo para miles de ciudadanos que acarrea el lamentable estado de esta innecesaria central, la segunda más antigua del mundo. Pero, sobre todo, era importante porque así lo han exigido los ciudadanos -y así lo había prometido el PSOE-. En Euskal Herria existe una clara mayoría social representada por innumerables organizaciones sociales, sindicales y políticas que se ha movilizado en la calle repetidamente, así como instituciones que han exigido el cierre inmediato y definitivo de la central «de las mil y una grietas». Sin embargo, esa mayoría social tenía enfrente al lobby nuclear y a la CEOE, mucho más determinantes para Madrid que todas las razones expuestas.
Así como no era precisa una dosis excesiva de escepticismo para recelar una vez más de las verdaderas intenciones del Gobierno de Zapatero, tampoco es necesario un alarde de imaginación para pensar que en las próximas elecciones estatales de 2012 la central de Garoña podría ser, por tercera vez, un reclamo electoral del PSOE con la advertencia de que un Gobierno del PP supondría prorrogar la licencia de la central. Sería el colmo del cinismo -porque a partir de hoy todo lo que ocurra en torno a Garoña es responsabilidad de Rodríguez Zapatero, de su partido y de su Gobierno-, pero no impensable.