Tras un año de tramitación y fuerte rechazo de numerosos colectivos ciudadanos, la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus, será aprobada este jueves en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría del PP y Vox.
Por ese motivo la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus, vuelve a las calles este jueves 15 de diciembre en protesta por un texto legal que tendrá importantes repercusiones en relación a los derechos ciudadanos, los espacios protegidos, la ciudad, los pueblos o la sanidad pública.
Desde que fuera aprobado el anteproyecto de ley en diciembre de 2021, se han más de 600 alegaciones y se han recogido más de 50.000 firmas. En febrero de 2022 se convocó una manifestación a la que asistieron más de 5.000 personas.
Miembros de algunos de los colectivos que forman la Plataforma han comparecido en la Asamblea de Madrid, a petición de Grupos Parlamentarios de la oposición, para exponer las “nefastas consecuencias” que tendría la entrada en vigor de esta Ley.
La ley prevé la modificación de 33 leyes regionales, 5 decretos vigentes e incluye además 15 nuevas disposiciones.
Según denuncia la Plataforma, muchas de las modificaciones se refieren a cuestiones sustanciales de la legislación. Y, en los casos en que las modificaciones se refieren a procedimientos administrativos, estas, no se plantean como simplificaciones de mero alcance técnico, sino como “mermas reales de los sistemas de control y garantía en los correspondientes procesos administrativos y desprotección de la flora, la fauna, los parques regionales y el suelo, favoreciendo la especulación en ciudades y pueblos”.
Además, se crea una agencia de contratación sanitaria que es la antesala para más procesos de privatización de la sanidad pública.
En la práctica, el objetivo real del anteproyecto de Ley “es favorecer intereses muy concretos para permitir que hagan lo que quieran en detrimento del interés público”, añaden.
La Plataforma reclama a los partidos de la oposición compromiso para recurrir la nueva norma ante el Tribunal Constitucional y, en caso de gobernar, tras las elecciones de mayo de 2023, la derogación de la Ley Ómnibus.
