El uso del lenguaje en el entorno publicitario vinculado a la política es un arte, por su capacidad para influir en el ánimo humano, y también es una ciencia, porque aplica métodos científicos sobre sus cobayas humanas, para conseguir los objetivos de aquellos que les pagan. Y la manipulación del lenguaje se hace ahora muy […]
El uso del lenguaje en el entorno publicitario vinculado a la política es un arte, por su capacidad para influir en el ánimo humano, y también es una ciencia, porque aplica métodos científicos sobre sus cobayas humanas, para conseguir los objetivos de aquellos que les pagan.
Y la manipulación del lenguaje se hace ahora muy necesaria, porque los recortes presupuestarios en sanidad, educación y en inversión pública que se están produciendo exigen que la gente asuma como algo natural e inevitable la aplicación de políticas neoliberales.
Las técnicas de publicidad y marketing se están aplicando nuevamente a vender bien un mal producto, el desalojo acelerado de uno de los servicios públicos que hasta ahora creíamos inviolables. Se trata de la sanidad, entendida como un derecho, y no como un negocio. Los objetivos que se persiguen son, principalmente, dos. Es necesario, por un lado, convencer a la población en su conjunto, intimidándola, de que ya ha acabado el tiempo del derroche y del abuso del que hacen gala los usuarios de la sanidad pública; por otro lado, el lenguaje debe ser usado con habilidad, aplicando conceptos complejos, presentando como inevitables decisiones basadas en los intereses económicos de unos pocos, dando coartada a decisiones polémicas, en definitiva, dejando caer la responsabilidad de los recortes y las privatizaciones en los propios usuarios.
Tenemos dos ejemplos recientes de lo comentado anteriormente, el ticket moderador que tiene previsto implantar la sanidad catalana y, en segundo lugar, la privación encubierta del derecho a una sanidad pública que se está llevando a cabo al menos en dos regiones, Galicia y Murcia.
¿Qué es un ticket moderador? Hay que dar muchas vueltas a esta expresión, y reflexionar mucho sobre ella, para darse cuenta de lo que significa en realidad. Tal vez debieron de darle el nombre de papelilla disuasoria. O de bono de repago. Porque es de eso de lo que se trata, de disuadir a la población de que se ponga enferma, o de hacer que pague de nuevo por una sanidad pública a la que ya está contribuyendo, con sus cotizaciones y sus impuestos. O de disuadirla de que acuda a la sanidad pública y se pase a la privada. Pero el gobierno catalán se siente fuerte, aupado en la ola de su triunfo sobre el PSC, entiende, y no le faltan motivos, que sus políticas de recorte de gasto (también se le puede llamar inversión) público son del agrado de sus votantes y, por lo tanto, está legitimado a seguir por la misma senda.
Pero parece que la situación es peor en Galicia y Murcia. Parados de larga duración e inmigrantes en situación irregular se encuentran con la desagradable noticia de que ya no tienen derecho a ser atendidos en la sanidad pública; la mayor parte de las veces se enteran cuando, al intentar hacer uso de ella, les comunican que su tarjeta sanitaria ya no es válida, el ordenador de la consulta le da la noticia al médico o al administrativo y éste se la comunica al paciente, todo se de manera fría profesional, sin motivos personales: Ha dejado usted de ser ciudadano o ciudadana de pleno derecho.
Sin embargo, el lenguaje usado por la administración correspondiente es incluso más sutil y cruel: no se trata de que le neguemos la sanidad a nadie pero es que, simplemente, su tarjeta actual ha dejado de funcionar, y deberá obtener otra (de indigente) que puede tardar unos 9 meses en estar lista, mientras tanto, procure no ponerse enfermo porque, obviamente, si es un parado de larga duración no creemos que se pueda permitir ir a una consulta privada y aquí, como le hemos dicho, usted me aparece como enfermo no válido. Y eso le pasa por parado y por inútil, podríamos añadir nosotros.
Los recortes en los servicios públicos, y la privación de derechos que conllevan, ya no son una amenaza, sino una peligrosa realidad, para los que la sufren y para los que estamos mirando, porque ese es un peligro real: si los gobiernos ven que no ocurre nada mientras nos roban poco a poco nuestros derechos duramente adquiridos, se sentirán fuertes para poder seguir haciéndolo.
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