“Si un día tengo un problema, quiero que una persona me atienda”, expone Guadalupe Bermúdez de 73 años. Vecina de Bellavista, núcleo obrero de 9.500 habitantes de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), vio desaparecer hace menos de un mes la última sucursal (y el último cajero automático) de la zona, en este caso del BBVA. En la misma línea se manifiesta Herminia Gato, de 91 años, vecina de Tiedra (Valladolid): «Antes teníamos una caja de ahorros en el pueblo, pero la han cerrado hace un año. Y así tenemos que estar pidiendo favores a los hijos o a la familia para poder ir a sacar nuestro dinero, o para que no los traigan».
Estas quejas de Guadalupe Bermúdez y de Herminia Gato son dos ejemplos de las que podemos oír y leer diariamente en muchos medios de comunicación locales que expresan el enfado y la denuncia de miles de personas mayores por el mal trato que están recibiendo de las entidades financieras. Son personas mayores afectadas por los cierres de oficinas bancarias y por las complejas trabas y restricciones de horarios, que provocan largas colas, para poder ser atendidas por su banco.
El proceso de fusiones y de cierre de sucursales, que podemos intuir que se seguirá intensificando, ha provocado que más de la mitad de los municipios españoles no tengan hoy una sola oficina bancaria a la que acudir sus clientes para gestionar de forma presencial sus finanzas. Según los datos del Banco de España actualizados al pasado mes de junio, de los 8.131 municipios que hay en España, 4.443 no tenían oficina, el 54%. Lo que el mismo Banco de España ha denominado “vulnerabilidad en el acceso al efectivo”, ha dejado a pueblos enteros sin opción y a amplios sectores de personas mayores a decenas de kilómetros para poder acceder a su dinero.
Se ha generado un serio riesgo de exclusión social por la dificultad de adaptarse a la digitalización. Si bien para la mayoría de sectores de la sociedad, también de la economía, ésta ha facilitado su actividad, está resultando al mismo tiempo una seria complicación para las gestiones cotidianas de una gran parte de la población, en especial para muchas personas mayores que hoy representan el 19,7 % según los últimos datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
Ciertamente es un dato muy positivo que siga incrementándose año tras año el porcentaje de personas mayores que usan Internet. Actualmente es el 59,5%, mientras que en 2019 no llegaba a la mitad, era el 46,8%, y en 2017 era el 32,7%. Aunque la realidad es que la mayoría (el 76,9%) de las personas mayores en España no son usuarias de banca online. Solo la usa el 22,9%, en su mayoría para realizar gestiones como consultar la cuenta o hacer transferencias, según el Barómetro UDP. Es una irresponsabilidad social que el sector bancario no esté siendo capaz de adaptar el uso de las gestiones online a las necesidades de este a ún amplio colectivo de personas mayores que todavía no tienen los medios ni los conocimientos para integrarse en sus nuevos y modernos sistemas de gestión y de atención al cliente.
Es imperdonable que se haya reducido o prescindido de la atención presencial, sin ningún tipo de transición o formación, a ese colectivo de personas mayores que no utilizan con soltura las tecnologías. Un colectivo que en la práctica ha pasado a ser clientes de segunda, y con ello a padecer otra forma de discriminación y de exclusión social por la edad.
Urge conocer los planes que está acometiendo el sector bancario para corregir la imposibilidad de acceso al dinero efectivo y de realizar otras gestiones bancarias en las zonas donde ya no hay oficinas. Y las medidas que los bancos está tomando o tienen previsto tomar para facilitar la accesibilidad a los servicios financieros por parte de aquellas personas que no sepan usar Internet o no tengan acceso a la Red. Porque son precisamente estos dos requerimientos los que el ministro de consumo, Alberto Garzón, reclamó, por carta el pasado mes de mayo, a las patronales bancarias. Pero el gobierno debe ir más allá de la presión epistolar, porque urge corregir, sin más demora, el maltrato que las personas mayores y los clientes en general reciben de los bancos, de los “putos bancos”.
Os deseo un feliz año 2022.