Es imprescindible y urgente frenar el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia. La inoperancia del Estado genera una situación de real impunidad ante los delitos de Lesa Humanidad que se siguen cometiendo en ese país sudamericano. Con estas premisas, una veintena de colectivos y organizaciones colombianas, apoyados por movimientos europeos de solidaridad […]
Es imprescindible y urgente frenar el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia. La inoperancia del Estado genera una situación de real impunidad ante los delitos de Lesa Humanidad que se siguen cometiendo en ese país sudamericano.
Con estas premisas, una veintena de colectivos y organizaciones colombianas, apoyados por movimientos europeos de solidaridad se movilizarán el viernes 5 de abril en La Haya, Holanda. La Marcha Pacífica, según indica el Comité Amplio de Apoyo que la convoca, partirá de la Embajada de Colombia para concluir ante la sede de la Corte Penal Internacional.
La iniciativa cuenta con el apoyo de colectivos de más de una decena de países, en su mayoría europeos, donde se vienen promoviendo muy variadas actividades previas. En Suiza, el último domingo de marzo, se realizaron encuentros solidarios en Berna y Ginebra. Tres días antes, el jueves 28, un grupo partió desde París, Francia, hacia La Haya, realizando parte de la travesía a pie, para confluir en la convocatoria del 5 de abril.
En lo que va del 2019, unos 30 dirigentes sociales fueron asesinados en ese país sudamericano. En 2018, según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, 172 defensoras y defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, corrieron la misma suerte a pesar de la vigencia del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Lo que prueba la continuidad lineal de la brutal dinámica que imperaba anteriormente. Entre 2002 y 2017, 624 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas como resultado de su militancia.
«Visibilizar el genocidio»
Con esta movilización a La Haya «queremos darle visibilidad internacional al genocidio que se está produciendo», afirma categórico el senador colombiano Gustavo Bolívar durante una reciente visita a Suiza, en camino hacia Holanda, invitado por grupos de colombianos residentes en este país. Bolívar es una de las personalidades políticas nacionales que llegan a Europa para apoyar la Marcha Pacífica.
«No queremos que se repita lo que pasó con la Unión Patriótica» en los años 80, luego de un anterior proceso de armisticio, aclara el parlamentario. En ese entonces, fueron asesinados o desaparecidos más de 3’500 militantes de dicha organización, incluyendo dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes y concejales.
¿Por qué movilizarse ante la Corte Penal Internacional y no ante las Naciones Unidas de Ginebra o de Nueva York?, preguntamos. «Las Naciones Unidas ya saben lo que está pasando en Colombia». Incluso el Alto Comisionado que tiene una oficina permanente en Bogotá «ha denunciado estos asesinatos», explica Gustavo Bolívar. «Estamos convencidos que, en esta etapa, una investigación y la acción de parte de la Corte puede ser más efectivo para proteger a los líderes y lideresas», enfatiza.
El 22 de enero pasado Carlos Ruiz Massieu, nuevo representante en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país, presentó su informe en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como parte de su balance, expresó su «preocupación por los asesinatos de dirigentes sociales», que solo en los primeros 7 días del 2019 habían «cobrado la vida de seis hombres y una mujer» (1).
Por su parte, el informe del 10 de diciembre del año pasado de Amnistía Internacional se muestra contundente: «…Desde la toma de posesión del presidente Iván Duque, el número de denuncias de amenazas y ataques que estas personas (defensoras de derechos humanos) reportan a nuestra organización se ha incrementado exponencialmente».
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esa ONG, enfatizaba que «personas defensoras indígenas, afrodescendientes, campesinas, ambientalistas, mujeres y quienes ejercen liderazgos comunitarios están en una carrera contra la muerte, debido a la violencia que se propaga sin freno por todos los rincones del país». (2)
La situación es de tal gravedad que el senador colombiano no ahorra el sustantivo de «genocidio». «Hay sistematicidad en los crímenes y en cuanto a los móviles de los mismos», explica.
Especialmente, promovidos por grandes terratenientes y grupos paramilitares contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, dirigentes indígenas y sociales en general. Y si bien se cuenta con cifras indicativas- 135 asesinatos de este tipo desde que asumió el Gobierno de Iván Duque- hay centenares de personas que han debido desplazarse, abandonando sus casas, pueblos y ciudades para poder protegerse, explica.
Todo esto, puntualiza el dirigente de la Coalición de la Decencia, «ante el amparo de una casi total impunidad que impera en mi país». Según diversas fuentes, los responsables de casi un 90% de los hechos de extrema violencia que se han producido no han sido investigados o procesados.
Peligros por el incumplimiento del Acuerdo de Paz
Esta dinámica de violencia creciente contra líderes sociales es un ejemplo más del «incumplimiento del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto», firmado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), subraya el senador Bolívar.
Muchos otros puntos, explica, han quedado en el olvido, como el apoyo a los ex – combatientes de las FARC y la protección a los desmovilizados a pesar de la buena fe que demostraron éstos.
Tema históricamente relegado, el de distribución de las tierras. No sorprende, entonces, agrega Bolívar, que varias regiones del país están casi paralizadas por la Minga, gran movilización de protesta que desde varios días impulsan, especialmente, las organizaciones indígenas.
Es increíble y demuestra una gran fragilidad institucional, concluye el senador nacional, que «se da un cambio de gobierno y se postergan o revierten temas esenciales resueltos en el Acuerdo». Situación que conlleva un grave peligro: «que el Ejército de Liberación Nacional y otros grupos guerrilleros no crean en el Estado, por lo que se prolongaría el conflicto por otros 50 años más», con las consecuencias humanas y sociales catastróficas de este escenario bélico irresuelto.
Notas
(2) https://www.amnesty.org/es/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.