Gerencialismo, privatización de la educación superior, burocratización, profundización de las desigualdades laborales y precariedad, mercantilización de la formación y el conocimiento, relación parasitaria de las universidades privadas para con las públicas, injerencia del poder político y financiero en la autonomía universitaria o represión de la libertad y el asociacionismo estudiantil: estos son algunos de los principales motivos que, durante el último año, han desencadenado una serie de movilizaciones en defensa de las universidades públicas madrileñas. Acampadas, asambleas, encierros, concentraciones, manifestaciones y huelgas han ido fortaleciendo un movimiento que se enfrenta, a nivel estatal y autonómico, igual que la sanidad pública y la vivienda, a la privatización, la infrafinanciación y el aumento desorbitado del gasto en defensa exigido por la OTAN. Ante las promesas incumplidas, las negociaciones fallidas, los eufemismos y las palabras vacías de cada uno de los órganos de gobierno responsables, y contra la asfixia de las universidades públicas madrileñas, apuntamos en lo que sigue el núcleo de nuestros descontentos.
¿Qué le reprochamos al Estado?
En las últimas décadas se ha exigido a la universidad adaptarse a las demandas de un mercado laboral en perpetuo cambio. Esta filosofía se encontraba ya en la esencia del Espacio Europeo de Educación Superior, comúnmente llamado proceso de Bolonia. El mantra de que no se podía mantener la universidad como una fábrica creadora de parados se fue repitiendo, hasta la extenuación, en los informes de los responsables de universidades, en los medios de comunicación, en los foros de educación, de tal manera que este caló en el ideario social y conformó el caldo de cultivo que permitió, no sin resistencias, la introducción del Plan Bolonia en las universidades españolas. La desaparición de algunas titulaciones, la amenaza a otras, la reestructuración de las antiguas licenciaturas y diplomaturas en títulos de Grado y Másteres perseguía que la universidad se acercara más al mundo de la empresa. Esto afectó particularmente a las titulaciones de humanidades, siempre bajo sospecha de no adecuarse a las necesidades del mercado de trabajo, que han sufrido gravemente las consecuencias de la aplicación del proceso de Bolonia. De una universidad de masas, centrada en las demandas de la sociedad, se ha tendido al modelo de una universidad centrada en las demandas de la empresa; demandas, además, en cambio permanente, que difícilmente una institución como la universidad podrá satisfacer al ritmo al que se crean. Esta herida la ha venido a agravar la LOSU, una ley con muchas deficiencias, entre las que destaca la ausencia de mecanismos específicos para la financiación pública de las universidades, y que da carta de naturaleza a vías privadas de financiación para estas. Esta colaboración y financiación privadas comprometen la autonomía universitaria, fomentan que los recursos públicos se pongan al servicio del “tejido productivo” y que la propia universidad se comporte como una empresa.
¿Qué le reprochamos a la Comunidad de Madrid?
En un desayuno informativo celebrado en junio, en el que Isabel Díaz Ayuso presentó las directrices de la futura ley de universidades (LESUC), la presidenta de la CAM acusó al gobierno de “dirigismo social”, como si tal cosa fuera propia de políticos sin escrúpulos que aspiran a regular la sociedad con mano de hierro. Sin embargo, cualquier gobernante es culpable de “dirigismo social”, porque toda política pública persigue determinados objetivos. El problema no es el “dirigismo”, sino hacia dónde nos dirigen. Actualmente, el rumbo que la Comunidad de Madrid ha impuesto en materia de educación superior es evidente: se pretende fomentar la universidad privada en detrimento de la pública. La última universidad pública que abrió sus puertas en la región fue la Rey Juan Carlos, en 1996. Desde entonces, se han fundado nueve universidades privadas, que superan en número a las seis públicas existentes y que se suman a las cuatro privadas con las que ya contábamos, arrojando así un saldo de seis públicas frente a trece privadas. Se trata de una tendencia general que también cabe imputar a los sucesivos responsables del gobierno de España, pero que en Madrid se manifiesta de forma particularmente aguda. ¿Y por qué esto habría de ser malo? Por varias razones. La primera razón es social: el precio de la matrícula en las universidades privadas oscila entre los 6000 y los 15.000 €, mientras que en las públicas ronda los 1500 €. Además, es un coste que podría ser inferior: como la Comunidad de Madrid lleva décadas infrafinanciando a las universidades públicas, estas recurren al precio de las matrículas para sostenerse, con lo que han terminado siendo las más elevadas de toda España: frente a los 1620 € por estudiante que se recaudan en Madrid, en Galicia esta cifra asciende sólo a los 738 €. Es decir, que acceder a la universidad madrileña se está convirtiendo en algo reservado principalmente a las élites. Y esto, si nos tomamos en serio la igualdad de oportunidades y el principio del mérito, es un grave problema. La segunda razón es científica: el 95 % de las publicaciones científicas del sistema universitario español se realiza en los centros públicos. Esto significa que apenas se genera investigación en la universidad privada, lo cual hace que su calidad sea mucho menor que la de la pública. Ahora bien, este esfuerzo en materia de investigación se está llevando a cabo a costa de la salud de la plantilla, que lleva veinte años sufriendo una precariedad insostenible. Pensemos que la Comunidad de Madrid es la región que menos aporta a sus universidades de todo el país: 5362 € por alumno, frente a los más de 8000 € de La Rioja, Navarra, Cantabria, País Vasco o la Comunidad Valenciana. Las consecuencias de esto son palpables: clases abarrotadas, profesorado desbordado, bajas que no se cubren y que deben ser asumidas por el resto del personal, un trabajo burocrático imposible de sacar adelante porque solo hay 4 miembros del personal administrativo por cada 10 del profesorado –la ratio recomendada por la CRUE es de 1/1–, techos que se caen, calefacción que no funciona, jubilaciones que no se reponen, y un largo etcétera de miserias.
Por si fuera poco, la Comunidad de Madrid quiere profundizar en esta dinámica con la LESUC. Se trata de una ley que ha suscitado la oposición de las seis universidades públicas por muchas razones. Primero, porque consagra un modelo de financiación que nos pondrá aún más contra las cuerdas, obligando a que un altísimo porcentaje de los ingresos dependa de captación propia de fondos. Esto implicará más explotación y nos robará un tiempo imprescindible para preparar las clases o para investigar con la serenidad que se requiere para hacer bien las cosas. Por otro lado, ese modelo de financiación subordina la actividad científica a los intereses de aquellos sectores económicos que puedan y quieran poner dinero para sufragar la investigación, lo cual comporta perder una independencia que es crucial para desarrollar una ciencia libre. Segundo, porque diseña un sistema de gobernanza que vulnera la autonomía universitaria: ya sea a través del consejo superior de enseñanzas superiores, ya sea a través del modo de designación de los consejos sociales, el borrador de ley prevé un entramado institucional mediante el que la Comunidad de Madrid podrá ejercer un control cuasi autoritario de las universidades. Tercero, porque el proyecto establece un régimen disciplinario que incorpora un capítulo de sanciones frente a muchas actividades asociativas del estudiantado, incluido el despliegue de pancartas; sanciones desproporcionadas y arbitrarias que, por otra parte, difícilmente superarán el más elemental control de legalidad. En síntesis: estamos ante una ley y una política universitaria “dirigista”, pero de un dirigismo dudosamente democrático y claramente elitista.
¿Qué le reprochamos a la CRUMA [La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid]?
Estos son los índices de participación del estudiantado en las últimas elecciones a rector/a de las seis universidades públicas madrileñas: en la Autónoma de Madrid (2025), el 4,65 %; en la Rey Juan Carlos (2025), el 8,58 %; en la Politécnica (2024), el 11, 67%; en la Complutense (2023), el 15,01 %; en la Carlos III (2023), por debajo del 10 %; en la Universidad de Alcalá de Henares (2022), el 7,73 %. Sin embargo, ha sido el movimiento estudiantil quien ha insuflado vida a las seis plataformas en defensa de las universidades públicas madrileñas y a un ciclo de movilizaciones cuyos hitos principales han sido la acampada por Palestina, la manifestación del 23 de febrero de 2025 y las huelgas del 28 de abril de 2025 y del 26-27 de noviembre de 2025. Este ruido de la calle ha hecho que la CRUMA tenga más fuerza en las negociaciones, y ha logrado mejoras en la financiación estatal y autonómica, todavía muy escasas y más que insuficientes. Hasta el momento, no hemos podido ver a ningún rector o rectora en las muchas manifestaciones en defensa de las universidades públicas madrileñas, pero sí hemos podido verles en una fotografía junto a Isabel Díaz Ayuso y Emilio Viciana en un restaurante de Miami. Mientras la CRUMA ha esperado dos décadas para constituirse como asociación frente a la infrafinanciación y la asfixia crónica, las plataformas en defensa de las universidades públicas madrileñas han tardado menos de un año en constituir sus comisiones y su Coordinadora Interuniversitaria, hasta celebrar el pasado mes de octubre su primera asamblea interuniversitaria, en la que se consensuó la convocatoria de huelga del 26-27 de noviembre, la identidad gráfica de las movilizaciones y un calendario de acciones preparatorias de baja, media y alta intensidad. El seguimiento de la huelga fue masivo y la manifestación del 27 de noviembre convocó a decenas de miles de personas, en su mayoría estudiantes. La lentitud e insuficiencia de las acciones de la CRUMA y su brecha con el estudiantado deben ser salvadas para que el movimiento en defensa de las universidades públicas madrileñas siga creciendo y fortaleciéndose durante 2026, un año crucial para nuestras luchas antimilitaristas y en favor de los servicios públicos, a nivel estatal y autonómico.
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Gala Arias Rubio, Ramón del Buey Cañas y Luis Lloredo Alix, son personal docente e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y miembros de UAM por la Pública.