El pasado sábado, día 5 de junio de 2004, la APDH-A y la Asamblea de Familiares y Amigos de personas presas de Andalucía celebraron su VI Encuentro Andaluz en Jerez. A dicha reunión acudieron familiares y amigos de Andalucía.Se aprovechó para realizar un acto reivindicativo en el centro de la ciudad, manteniéndose a continuación una […]
El pasado sábado, día 5 de junio de 2004, la APDH-A y la Asamblea de Familiares y Amigos de personas presas de Andalucía celebraron su VI Encuentro Andaluz en Jerez. A dicha reunión acudieron familiares y amigos de Andalucía.
Se aprovechó para realizar un acto reivindicativo en el centro de la ciudad, manteniéndose a continuación una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo, que se desplazó para la ocasión.
Se presentó públicamente y al Defensor del Pueblo Andaluz el Documento de «¿Qué está pasando en las cárceles andaluzas?», que señalaba las principales cuestiones a resolver de manera inmediata por Instituciones Penitenciarias, en concreto:
Sanidad Penitenciaria: se reivindica excarcelación de enfermos graves, inclusión de la Sanidad Penitenciaria en el SAS y no en el Ministerio del Interior, apuesta por el tratamiento de los toxicómanos (80%).
Educación en prisión: un 60% no pueden acceder a la misma, por lo que se solicita que a pesar de ser lícitas las reivindicaciones (a las que nos unimos) de los maestros de prisiones dependientes del Estado, deben reiniciarse las clases por parte de los maestros actualmente en huelga, cumpliéndose lo previsto en el RD 1203/99 integrándose a los mismos en la Consejería de Educación. Que se utilice una metodología didáctica adaptada a las peculiaridades de la población presa.
Macrocárceles y sobreocupación: impiden la resocialización y acaba provocando caos. Dista mucho de la pretensión del Ministerio del Interior, señalada el 23 de mayo, de que haya un solo preso por celda. Actualmente existe un 160% de ocupación media.
Imposibilidad de preparar la vida en libertad con las últimas reformas penales: Responsabilidad Civil: Se justificó la reforma en acabar con los «roldanes», sin embargo los únicos afectados son los más pobres, que carecen de medios para abonarlas, lo que impide su acceso al tercer grado (semilibertad). En el mejor de los casos, serán los familiares los que se hipotecarán, desplazando la pena a la familia. Lejos de crear igualdad ahonda en la desigualdad. La víctima no soluciona su problema con esta medida, pues no es posible aliviar el dolor con una compensación económica tardía y en pequeñas porciones. Debe apostarse por otras soluciones como la mediación, siendo en cualquier caso el Estado el que deba responder económicamente como ya ocurre con algunos delitos.
Asistencia Jurídica en Prisión: Exigimos que los Colegios de Abogados articulen las medidas necesarias para que se dé difusión a este servicio tanto a presos como a familiares y asociaciones. Debe reforzarse el control de la calidad de estos servicios, pues el preso está muy limitado para informarse del estado de sus asuntos, así como exigir soluciones al mismo.
Traslados: Ningún preso andaluz fuera de su tierra. Aproximadamente el 50% de los presos cumplen su condena fuera de su provincia, por lo que difícilmente pueden reinsertarse. Los familiares son también los grandes perjudicados, que se ven obligados a efectuar importantes desembolsos económicos para desplazarse a otras provincias.
Tal ha sido el caos dejado por el anterior Gobierno en el Ministerio del Interior que, en mayo de 2004, no pudo aportar la documentación solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo Sección 8ª de Madrid. A una demanda interpuesta por la APDH-A el Ministerio reconoce que se ha incrementado la población reclusa en el 2004 respecto al año 2003, tanto en Sevilla como en Huelva, no pudiendo sin embargo señalar el porcentaje de presos naturales de las provincias de donde radican dichas prisiones, pues mantiene que: «Respecto a los demás datos solicitados, dado el diseño de la aplicación informática SIP, y con las herramientas actualmente disponibles, no es posible conseguir la información solicitada».
Así se demuestra el escaso interés del Ministerio por las personas presas y familiares, pues careciendo de recursos informáticos básicos que determinen la provincia de procedencia de cada preso, difícilmente se podrá solucionar el acercamiento reivindicado, ya que será imposible efectuar los intercambios necesarios.
Debe recordarse que el Pleno del Parlamento Andaluz en sesión celebrada el 28 y 29 de octubre de 1998, concluyó aprobando la Proposición no de ley relativa a presos andaluces fuera de su tierra en los siguientes términos: «Instar al Gobierno Central a que adopte las medidas pertinentes para que los presos andaluces, en centros penitenciarios enclavados fuera de Andalucía y en territorio español, cumplan las condenas en Andalucía, y así mismo, a realizar cuantas gestiones sean precisas a fin de asegurar en el plazo de 3 meses este objetivo».
En la misma Proposición se acordaba «Acelerar la negociación con el Gobierno Central del traspaso de competencias a la Junta de Andalucía en materia de Instituciones Penitenciarias».
Ninguna de ambas peticiones ha tenido mínima acogida por el Ministerio del Interior.
El Defensor del Pueblo Andaluz, por su parte, criticó el retroceso en las prisiones, concluyendo que la masificación trae consigo los traslados de los presos andaluces fuera de la comunidad. Así manifestó que «Desde nuestra oficina habíamos conseguido a partir de los años 1997 y 1998 que la mayoría de los andaluces que querían cumplir condena en Andalucía estuviera aquí, pero en estos años hemos retrocedido».