Con el cambio de gabinete que trajo de vuelta a un ministro de Hacienda del PPD, tan neoliberal como Andrés Velasco, el ex ministro de Bachelet en el primer mandato, las tibias reformas al código laboral discutidas en el Congreso están siendo amenazadas por un empresariado envalentonado por las declaraciones del mismo Rodrigo Valdés Pulido. […]
Con el cambio de gabinete que trajo de vuelta a un ministro de Hacienda del PPD, tan neoliberal como Andrés Velasco, el ex ministro de Bachelet en el primer mandato, las tibias reformas al código laboral discutidas en el Congreso están siendo amenazadas por un empresariado envalentonado por las declaraciones del mismo Rodrigo Valdés Pulido.
Aunque las exigencias de los trabajadores no hagan más que ajustar las leyes laborales chilenas con estándares internacionales (los de la OCDE), las asociaciones patronales les libran una enconada oposición con todo el dispositivo mediático tradicional y las poderosas redes de poder e influencias de las que disponen.
Nada deja suponer que con el economista Arenas, militante del Partido Socialista -que intentó impedir las querellas en contra de Giorgio Martelli en el SII- las cosas hubieran andado mejor. Puesto que la reforma tributaria y el maquillaje al FUT fueron negociados por éste en favor de la clase patronal y de ese grupo social minoritario de altos ingresos que vive en la opulencia en un país de desigualdad extrema. Donde 70% de los trabajadores ni alcanzan los $400.000: ingresos de hambre comparados con las dietas versallesas de los parlamentarios.
Ni con la actual ministra demócrata cristiana del Trabajo Ximena Rincón. Nada garantiza que la ex directora de la AFP Provida (que lucra con los fondos previsionales de los mismos trabajadores) se las vaya a jugar por demandas tan sentidas como la negociación por rama y por el derecho a huelga pleno. Pese a la imagen favorable que le pinta su correligionario de partido, el vicepresidente de la CUT Nolberto Díaz ( […] me gusta una Ximena Rincón fuerte y empoderada […] Los trabajadores tenemos esperanzas») .
Más bien todo apunta a lo contrario: una vez más los derechos mínimos de la clase trabajadora serán sacrificados en el altar de los dogmas neoliberales del crecimiento, la inversión extranjera, la productividad y la «flexibilidad» (la misma que Peñailillo elogiaba en sus informes sobre el mercado laboral europeo para Martelli-SQM). Léase: las condiciones óptimas para la acumulación de ganancias de los grandes empresarios en detrimento del salario de la fuerza de trabajo, de las condiciones de vida y culturales de los trabajadores, y de los frágiles equilibrios ecológicos que amenazan el tejido social y la vida de comunidades enteras.
A menos que las organizaciones de trabajadores con un plan de acción común, construyan una correlación de fuerzas favorable a los cambios reales. Porque lo que las direcciones sindicales no valoran, son las condiciones políticas. Estas están dadas para pasar a la acción, fortalecerse y avanzar. El estudio de opinión del CEP para el mes de abril-2015 indicaba que el 27% de los encuestados depositaba su confianza en el movimiento estudiantil, el 21% en los sindicatos o movimiento sindical; mientras que el Congreso apenas alcanzaba el 9% de confianza y los partidos políticos un magro 3%. Con una buena campaña de movilización y sensibilización hacia las capas medias (también asalariadas), los trabajadores pueden ir a buscar un apoyo mayor al que ya cuentan de parte del movimiento estudiantil y de pobladores. Pero eso implica implementar una verdadera campaña de agitación y propaganda que tense a toda la clase trabajadora. Obvio: esto implica ir a contrapelo de las burocracias partidarias incrustadas en el movimiento sindical.
Es del orden de las evidencias que las leyes laborales chilenas, que impiden el ejercicio de las libertades y derechos sindicales, son las responsables de los bajos salarios, de la precariedad del trabajo, de la lógica perversa del consumo-endeudamiento generalizado de los trabajadores chilenos y, por ende, de la reproducción del abismo de la desigualdad social.
Aunque algunos sindicatos de trabajadores hayan adaptado tácticas de luchas reivindicativas extra legales, el marco jurídico neoliberal sostiene condiciones óptimas para la explotación extrema. Es ese marco jurídico-constitucional que ha facilitado la concentración de la riqueza en manos de los Luksic, Ponce Lerou, Angelini y de los otros que no hay que olvidar.
Los estudios sirven para guiar y fundamentar la acción, pero si las direcciones sindicales no hacen política activa, de clase y movilizadora para reconquistar derechos conculcados por las fuerzas patronales, no serán los políticos de la Nueva Mayoría quienes lo harán. Y quienes hacen gárgaras con Marx desde los centros de estudios financiados por el Estado neoliberal, sabrán que para éste «la emancipación de los trabajadores es obra de los mismos trabajadores».
Si hay algo nuevo que integrar en el análisis de la correlación de fuerzas entre las clases sociales, es la amplitud y efectos de las prácticas corruptas de la casta político-empresarial reveladas recientemente por periodistas fieles a la ética de la información. El carácter estructural de la corrupción (puesto que hunde sus raíces en un dispositivo de dominación donde la concentración de la propiedad es garantizada por el régimen político que le da legitimación jurídico-política que hace que aquello que llaman «Estado subsidiario» sea en realidad el Estado del proyecto neoliberal) obligan a quienes quieren hacer uso de la razón, a entender las condiciones que hicieron posible que durante toda la transición pactada las promesas concertacionistas de devolución de derechos laborales hayan sido demagogia pura.
Si el pensamiento económico básico de la Nueva Mayoría sigue siendo prácticamente el mismo que el de la derecha, hoy queda claro que, además, los parlamentarios se han sometido al poder económico del capital vía financiamiento electoral y personal, en consecuencia, legislan para él y, de paso, son intelectualmente (y psicológicamente) incapaces de cuestionar la ideología de los guardianes del templo neoliberal.
El caso del PDC, raya en la obscenidad. Este partido, además de recibir dinero de la CDU alemana, funciona con las platas de la empresa privada y extranjera. Al negar el principio ético de separación entre política y dinero, la DC rebaja, como la UDI, toda la política chilena a niveles de las peores caricaturas de repúblicas bananeras marionetas de las políticas imperialistas. Situación que no le impide ocupar el cargo de ministro del Interior con su militante Jorge Burgos, elogiado por la prensa en general como un hombre «íntegro y enérgico» (¿?). Éste no se ha pronunciado acerca de la corrupción en su propio partido ni exigido la renuncia de su presidente, el senador Pizarro, pero lo ha hecho contra la Asamblea Constituyente. Dándole el tono a una campaña orquestada por la casta político-empresarial de los corruptos en contra de una demanda apoyada por más del 70% de los chilenos y chilenas honestos.
Empero, lo anterior no lo explica todo. La debilidad de las direcciones sindicales chilenas es el otro polo del problema de la indefensión de la clase trabajadora. Pese a referentes históricos cercanos al proyecto de emancipación de la clase trabajadora, defendido por Emilio Recabarren, Clotario Blest y por tantos dirigentes socialistas, miristas, IC y mapucistas asesinados durante la dictadura de Pinochet, los intentos de reagrupación clasista tras objetivos políticos propios están en pañales en relación con las condiciones sociales favorables y la envergadura de las tareas.
En el acto de conmemoración del día de los Trabajadores (hubo dos, y el alternativo al de la CUT, convocado por la Unión Clasista de Trabajadores inaugura un futuro prometedor para un sindicalismo de lucha), el primero de mayo pasado, Bárbara Figueroa, la presidenta y militante del Partido Comunista declaró: «hoy más que nunca debemos romper los candados impuestos por los poderes fácticos, hoy debemos avanzar de la mano de la ciudadanía y no seremos ajenos a los grandes debates del país, somos una organización político sindical y seremos aporte».
Es bueno que la dirigenta de la CUT diga esto último, ahora. La obliga a precisar qué política quiere ella que haga la CUT. ¿Es la política del PC, de la DC y el PS a la que se refiere Bárbara Figueroa, es decir, la política de la Nueva Mayoría (en la práctica neoliberal) de colaboración con la clase empresarial y de pactos y consensos con la derecha, o es política según un proyecto definido por los propios trabajadores? La respuesta implica abrir sí o sí un debate con todos los asalariados.
La dirigenta de la CUT tampoco explica o ilustra lo que es una evidencia en un país donde a los antiguos antagonismos generadores de conflicto (patrones-trabajadores, lucro privado-bien público y común, gobernantes-gobernados, ricos-pobres, opresores patriarcales-mujeres, depredadores-ambientalistas, colonizadores-pueblo mapuche), se agrega una nueva fractura que construye una nueva oposición esta vez entre la política corrupta de la casta político-empresarial y la política de los movimientos sociales por reconquistar derechos sociales, ocupar espacios de participación democrática y de vigilancia directa y denuncia de la casta política.
En efecto, nunca habían habido tantas condiciones reunidas para que la clase trabajadora pueda hacer realidad sus demandas inmediatas. Además de exigir Asamblea Constituyente y otras, tanto o más importantes, como lo son la renacionalización del cobre y la recuperación de un área social de la economía donde sean integradas empresas que deberán ser expropiadas a sus usurpadores como SQM, PENTA, Aguas Andinas, Pesqueras, CAP y sobre las cuales los trabajadores deberán ejercer un control además de decidir si van a ser autogestionadas por ellos.
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