Juan José Güemes, Manuel Lamela y Antonio Burgueño tendrán que declarar ante el juzgado por supuestas irregularidades en la gestión de tres hospitales privados que fueron puestos en marcha mientras ocupaban cargos en la sanidad pública madrileña. La derivación de pacientes desde los tres hospitales de gestión totalmente privada a servicios sanitarios públicos está en […]
Juan José Güemes, Manuel Lamela y Antonio Burgueño tendrán que declarar ante el juzgado por supuestas irregularidades en la gestión de tres hospitales privados que fueron puestos en marcha mientras ocupaban cargos en la sanidad pública madrileña.
La derivación de pacientes desde los tres hospitales de gestión totalmente privada a servicios sanitarios públicos está en el centro de la querella que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid y que su titular Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite hoy 21 de junio. «Hay una falta de información tremenda sobre todo en el tema de la facturación intercentros», explica a DIAGONAL Patricia Alonso, de AFEM, «sospechamos», y así está referido en la denuncia, «que no se están facturando a la Comunidad de Madrid los procedimientos que se están haciendo en lo público», continúa Alonso. Las irregularidades en el proceso de derivaciones por parte de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles, y el de Torrejón, se basan «en los datos públicos de la Consejería; hay algo que no cuadra», denuncia esta portavoz de AFEM, que critica «la descapitalización de lo público» que se ha producido en esos tres hospitales.
Nueve personas aparecen en esta querella, en la que destacan los nombres de dos exconsejeros de Sanidad: Manuel Lamela (consejero entre 2003 y 2007) y Juan José Güemes (2007-2010). Patricia Alonso, quien muestra su satisfacción por la admisión a trámite de la querella, explica que otro de los puntos en que se basa la misma es el conflicto de intereses entre la adjudicación de los hospitales y las conexiones con la privada de Güemes y Lamela. La denuncia tiene en cuenta los casos de vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria. Así, es conocido caso del exconsejero Juan José Güemes, que dos años y medio después de abandonar su cargo fichó por Unilabs, empresa que compró parte del servicio privatizado de laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. Este servicio fue sacado a concurso siendo Güemes consejero de sanidad.
Por su parte, Manuel Lamela, antecesor de Güemes en la Consejería, también aparece vinculado a empresas del sector. Una de ellas es Madrid Medical Destination, proveedora de distintos servicios para la Comunidad de Madrid y asociada del grupo Capio, hoy IDC Salud, empresa que ganó el concurso de dos de los tres hospitales que aparecen en la querella, los de Móstoles y Valdemoro. En la querella también aparecen el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, artífice del Modelo Alzira de gestión sanitaria. Patricia Alonso, de AFEM, explica que esta asociación se ha ceñido a las personas de las que disponen de pruebas, sin embargo, no descartan que pueda ampliarse durante la fase de instrucción. Ángel Navarro, de CAS Madrid, coordinadora de sindicatos asamblearios de sanidad, ha lamentado que la querella no alcance a Esperanza Aguirre, máxima responsable de la Comunidad durante el periodo en que se dio el pistoletazo de salida al desmantelamiento de la sanidad pública madrileña.
Aumento de presupuesto en la privada
Sólo en 2013, la bajada del presupuesto en los hospitales de gestión tradicional es de un 16,19%, mientras que los cuatro centros totalmente privados (los tres incluidos en la denuncia más la Fundación Jiménez Díaz) tienen un aumento del 4%, según un informe del Observatorio Madrileño de la Salud. Ángel Navarro, quien recuerda que CAS presentó en su día alegaciones contra la puesta en marcha de las distintas fórmulas de gestión privada, ha expresado a DIAGONAL su satisfacción por la noticia dado que «se ha primado el interés de las empresas por encima del de la población».
El trámite de la querella coincide en el tiempo con la apertura del concurso para la privatización de los servicios sanitarios de seis hospitales de gestión semiprivada. Un concurso al que optan Ribera Salud, Sanitas –que en 2012 compró el Hospital de Torrejón a Ribera– y el grupo HIMA San Pablo de Puerto Rico. Patricia Alonso refiere que AFEM ha impugnado los pliegos que sacan a subasta estos seis centros e interpuesto un recurso contencioso-administrativo, «para parar el proceso de privatización hasta que se aclare».