Familiares de los nueve detenidos el 22 de julio de 2008 en una operación dirigida por Baltasar Garzón, que denunciaron torturas tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil, presentaron ayer una querella criminal contra el ahora suspendido juez, la médico forense de la Audiencia Nacional y los dos agentes que coordinaron los […]
Familiares de los nueve detenidos el 22 de julio de 2008 en una operación dirigida por Baltasar Garzón, que denunciaron torturas tras su paso por las dependencias de la Guardia Civil, presentaron ayer una querella criminal contra el ahora suspendido juez, la médico forense de la Audiencia Nacional y los dos agentes que coordinaron los arrestos, por no impedir que estas personas fueran víctimas de malos tratos.
Tres años después de que fueran detenidos por la Guardia Civil en un operativo que tuvo una gran cobertura mediática, seis de los nueve arrestados, acompañados de sus familiares y abogadas, comparecieron en Bilbo ante un grupo de periodistas para informar de la querella criminal presentada ayer mismo en el Tribunal Supremo español contra el juez Baltasar Garzón; Carmen Baena Salamanca, médico forense de la Audiencia Nacional; y los agentes que ejercieron de secretario e instructor.
La letrada Haizea Ziluaga explicó que la iniciativa ante el alto tribunal contra estos cuatro funcionarios públicos está fundamentan por ser, en su opinión, los responsables de que no se pusieran medios para impedir la práctica de la tortura sobre estas personas. Los arrestados fueron Arkaitz Goikoetxea, Maialen Zuazo y Anabel Prieto, en Bilbo; Gaizka Jareño y Adur Aristegi, en Elorrio; Mikel Saratxo e Iñigo Gutiérrez, en Getxo; Aitor Kotano, en la localidad pontevedresa de Nigrán; y Libe Agirre, en Fuengirola. Poco después, el propio Garzón anunció la puesta en marcha de un protocolo para velar por la integridad física y síquica de estos ciudadanos vascos, pero la realidad -precisó la letrada- es que «no se cumplió».
Ziluaga puntualizó que los interrogatorios en las dependencias policiales «no fueron grabados» -tan sólo los traslados por los pasillos-, lo que posibilitó que estos nueve hombres y mujeres «sufrieran cinco días de incomunicación y torturas». Todos denunciaron torturas en el despacho de Garzón, lo que no impidió al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 enviar a prisión a siete de ellos.
Es más, Garzón llegó a declarar entonces a la Cadena Ser que los detenidos habían contado «con todas las garantías». Sin embargo, denunciaron pocos días después que habían recibido golpes en la cabeza y en los testículos y amenazas de violación. Además, a algunos se les aplicó «la bolsa» y fueron amenazados con emplear electrodos.
Tras las cinco jornadas incomunicados, estos relatos fueron escuchados por el juez, a quien también le explicaron cómo se les obligó a permanecer en posturas forzadas y a efectuar flexiones durante mucho tiempo entre constantes amenazas de represalias a sus familiares y allegados. Garzón hizo oídos sordos.
El testimonio de la dureza del paso por comisaría lo puso ayer Gaizka Jareño, que aprovechó para adherirse, en su nombre y en el de sus compañeros, a la denuncia interpuesta en el Supremo por sus familiares. Luego, Haizea Ziluaga indicó que será en setiembre -agosto es inhábil en los tribunales- cuando conozcan el recorrido de la querella, por la que tendrían que ser llamados a declarar en calidad de imputados los cuatro funcionarios acusados de no hacer nada para evitar una práctica ilegal como es la tortura.
Alzar la voz contra esa lacra
Gaizka Jareño dijo querer alzar la voz «en contra de esta lacra que tantos militantes vascos hemos sufrido». A continuación, confesó que «para un torturado no es nada fácil hablar sobre la tortura. En el esfuerzo personal de cada uno, no es fácil hablar de manera natural sobre lo padecido y sufrido durante esos días. No es fácil explicar ese testimonio». No obstante, incidió en la importancia de realizar ese esfuerzo «para que nadie más pase por lo que ya hemos pasado tantos y tantas».
En este sentido, quienes fueron detenidos hace ya tres años quisieron hacer un llamamiento a la sociedad vasca para que se movilice con el objetivo de poner fin definitivamente a la incomunicación y a la práctica de la tortura en las comisarías y cuarteles.
Jareño, quien fue absuelto en un primer juicio, manifestó que los cinco días que pasaron en comisaría les hicieron desaparecer como personas, rememorando lo padecido y la impunidad con que actuaron los autores de las torturas y malos tratos. «Desde entonces -subrayó-, la tortura ha dejado secuelas en nuestras vidas. La sombra de la tortura no acaba después de esos cinco días. El miedo, la inseguridad, los problemas a la hora de dormir, los nervios, la ansiedad… todo ello es el pan nuestro de cada día».
«Aparte de las secuelas físicas y sicológicas que te pueda dejar la tortura, las declaraciones realizadas bajo torturas pueden condicionar tu futuro. Fuimos juzgados hace tres meses, y en ese juicio fueron utilizadas como pruebas para imponer penas de cárcel dichas declaraciones realizadas bajo tortura», enfatizó ante los periodistas.
En su posterior intervención, Ane Ituiño denunció el «circo mediático» que rodeó aquella detención, recordando cómo el mismo Baltasar Garzón llegó a declarar que se iba a hacer cumplir el protocolo, algo que no sucedió, tal y como ahora se denuncia en la querella criminal interpuesta en el Supremo, y que fue la causa de las torturas y malos tratos que padecieron estos ciudadanos vascos.
La letrada e integrante de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) dijo que ese «circo» se reprodujo hace escasos tres meses en la Audiencia Nacional, cuando se celebró el juicio contra los arrestados, con la difusión de unas imágenes en las que se podía ver al getxotarra Arkaitz Goikoetxea asumiento una acusación, de la que por cierto luego ha sido absuelto por el tribunal especial. Ituiño precisó que los medios de comunicación «ocultaron deliberadamente» cómo se había conseguido ese testimonio autoinculpatorio, después de ser «torturado y recibir amenazas tanto él como su pareja», algo que ayer se encargó de remarcar.
En un contexto más amplio, la letrada abogó porque en el nuevo escenario democrático que se persigue para acabar con el conflicto político en Euskal Herria, el Estado español dé pasos en la erradicación de la tortura. Como han venido planteando en innumerables oportunidades el colectivo del que forma parte, solicitó que se reconozca que en el último medio siglo más de 10.000 ciudadanos vascos han sido torturados, además de que se pongan las suficientes garantías para que no vuelva a suceder, y se establezcan medidas de rehabilitación y reparación.
TAT denuncia nuevos pasos del Estado español para ocultar la tortura
La letrada Ane Ituiño comentó ayer que la designación del juez Baltasar Garzón como miembro español del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa y el último informe de la Defensoría del Pueblo, que concluye que no les consta ninguna denuncia de malos tratos, son nuevos episodios de la voluntad del Estado español «por ocultar la práctica de la tortura y los malos tratos en las comisarías».
La componente de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) estimó como «muy denunciable» que «el juez estrella» haya sido elegido para un puesto en el organismo judicial europeo que vela por que los estados miembro pongan los medios para que se evite la práctica de la tortura. «Garzón es efectivamente un erudito en materia de tortura», enfatizó la abogada, que recordó la pasividad del magistrado ahora suspendido ante los numerosos testimonios de torturas que ha escuchado de ciudadanos vascos en las tomas de declaración en su despacho de la Audiencia Nacional.
«Su elección es un paso más en la ocultación de la práctica de la tortura», insistió, al tiempo que recordó que habitualmente el nuevo miembro del CPT «miraba hacia otro lado, decía que era mentira o, simplemente, omitía esa declaración» cuando decenas de detenidos iban pasando ante él desde 1980.
En el mismo sentido analizó el primer informe que ha elaborado la Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en el que se asegura que tras recorrer el año pasado 231 «lugares de privación de libertad» con alrededor de cerca de 300 visitas, sin previo aviso, no consta ninguna denuncia de malos tratos. «El informe vuelve a dar cobertura al Estado en la ocultación de la práctica de la tortura», subrayó Ituiño, quien denunció que no se pongan los medios para evitarla e incidió en los 63 casos que tienen contabilizados en 2010 en Hego Euskal Herria. «Hay que acabar con la impunidad», manifestó.