Ayer se cumplieron siete años desde que la Policía española, a la órdenes de Baltasar Garzón, irrumpiera en las dependencias que «Egin» y Egin Irratia tenían en el polígono Eziago de Hernani. Con motivo del aniversario, los procesados en el 18/98 comparecieron en Donostia para insistir en que ambos medios «no tenían relación alguna con […]
Ayer se cumplieron siete años desde que la Policía española, a la órdenes de Baltasar Garzón, irrumpiera en las dependencias que «Egin» y Egin Irratia tenían en el polígono Eziago de Hernani. Con motivo del aniversario, los procesados en el 18/98 comparecieron en Donostia para insistir en que ambos medios «no tenían relación alguna con ETA».
En nombre de los imputados, José Luis Elkoro afirmó que «no había razones para que cerreran ‘Egin’; pero querían hacerlo e inventaron una estrategia: dijeron que tenía relación con ETA. Nosotros, que éramos responsables de ‘Egin’, sabemos que no era así: no había relación económica ni ideológica con ETA. Eso es algo que podrá comprobarse en el juicio, ya que no existe prueba alguna».
En una rueda de prensa en la que, entre otros, estuvieron varios de los imputados en el sumario 18/98 como Teresa Toda, Karlos Trenor, Joxean Etxebarria y Xabier Alegria, uno de los abogados de la defensa Alvaro Reizabal, la presidenta de Euskal PEN Klub, Laura Mintegi, y el miembro de la plataforma 18/98+ Ramón López, Elkoro repasó la trayectoria del rotativo clausurado, del que dijo que «surgió del pueblo. Era un proyecto popular, la expresión de buena parte de nuestro pueblo, y gracias a él empezamos a conocer muchas cosas de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, su trayectoria estuvo marcada por las amenazas, las presiones y el boicot que le llegaban de todas partes. Y, al final, ocurrió lo que ocurrió».
Por su parte, Teresa Toda se felicitó por el hecho de que en estos siete años se haya producido «un cambio» tanto en partidos como en instituciones respecto a la vicisión del cierre. «Cuando ocurrió el cierre, hubo quien lo aplaudió. Pero ahora, esos mismos son conscientes de lo que supuso aquello, de su gravedad», precisó.
Al mismo tiempo, recordó que con la clausura de «Egin» y Egin Irratia «200 trabajadores se quedaron en la calle, 15 personas fueron detenidas, once de ellas pasaron bastante tiempo en la cárcel, 16 estamos ahora procesadas…».
Precisamente, Reizabal se refirió tanto al procesamiento como al juicio que se avecina. Sobre la vista, explicó que la pre- tensión de la Audiencia Nacional española es iniciarla a mediados de octubre, algo que consideró improbabledebido al volumen de la prueba socilitada. Así, dijo que «será difícil»comenzar antes de enero.
El letrado, que habló de «aberrante instrucción en base a impulso policial», denunció la «absoluta exacerbación» de las pe- ticiones de cárcel del fiscal, que suman penas de cerca de 400 años, y de la acusación popular, que ejerce la AVT. A su juicio, si se analizan las acusaciones se constata que el argumento de la relación con ETA es «simplemente una excusa para poder cerrar un periódico y solicitar las penas en el máximo». Así, destacó que para uno de los procesados se pide 48 años de cárcel, 36 de ellos por delitos fiscales y 12 por supuesta vinculación con ETA.
El letrado mostró su preocupación por que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional, «que está sometido a presiones». Recordó que, a raíz de la condena a los procesados por el «caso Jarrai-Haika-Segi», jueces del tribunal especial fueron objeto de duras críticas «e incluso de amenazas». «El escenario para nosotros es como para un equipo vasco en el Bernabeu y con árbitro socio del Real Madrid», agregó.
Texto de PEN Internacional
Laura Mintegi tomó la palabra para recordar que PEN Internacional, integrado por más de 17.000 periodistas y escritores de cien estados, aprobó el 18 de junio en la asamblea celebrada en Bled (Eslovenia) una resolución propuesta por Euskal PEN Klub sobre los cierres de «Egin», Egin Irratia, «Ardi Beltza» y «Euskaldunon Egunkaria». La presidenta de Euskal PEN destacó que el texto aprobado (297 votos favorables, tres abstenciones y ninguno en contra) emplaza al Gobierno español a suspender los procesos abiertos contra los citados medios, o en su defecto «garantizar un juicio libre y la protección de las libertades de prensa y expresión».