Un año más, como desde hace seis, el principio del verano nos sorprendió con la Memoria de Actividades de la Iglesia católica (Ic), que ofrece la Conferencia Episcopal Española (CEE). Puntualmente, desde el ejercicio de 2008, vengo realizando un exhaustivo análisis de la misma, desbrozando todos los aspectos que allí se vierten (puede leerse mi […]
Un año más, como desde hace seis, el principio del verano nos sorprendió con la Memoria de Actividades de la Iglesia católica (Ic), que ofrece la Conferencia Episcopal Española (CEE). Puntualmente, desde el ejercicio de 2008, vengo realizando un exhaustivo análisis de la misma, desbrozando todos los aspectos que allí se vierten (puede leerse mi análisis del último ejercicio disponible, 2013, en Laicismo.org o en la web de Europa Laica).
De la lectura de mi Informe pudiera parecer que la destinataria principal de mis críticas es la jerarquía católica; nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico (en este caso) que disfruta la Ic en nuestro país es el poder civil y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 36 años. Es más, la Iglesia ni siquiera comprende nuestras críticas cuando denunciamos los privilegios económicos de que se beneficia. Pero eso es lógico: es difícil lograr que lo comprendan cuando su sueldo, el de veinte mil sacerdotes y todos los obispos, depende de que no lo comprendan.
El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice de los sucesivos gobiernos del Estado. A pesar de succionar todos los años 11.000 M€ de dinero público (entre ellos 250 M€ para mantenimiento de clero y obispos, principalmente), tenemos que asistir cada año a la presentación de la campaña del IRPF, en marzo-abril, y a esta falsa rendición de cuentas cada mes de junio, sin que el Ministerio de Hacienda o algún miembro del Gobierno digan esta boca es mía.
Y por eso, además, tenemos que soportar anualmente las campañas de agitación y propaganda episcopales en marzo-abril (que pagamos tod@s l@s ciudadan@s), así como sus ruedas de prensa, que ocultan el bosque de sus privilegios, o sus informes anuales que son un ejemplo de opacidad y oscurantismo. Y el Gobierno, en silencio.
Sabemos por Puente Ojea (entonces era embajador ante la Santa Sede) que desde 1986 el Gobierno español, es consciente de que además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Iglesia obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos que debería abonar conforme a la legislación fiscal vigente. Además ya entonces se reconocía que «No se ha todavía (sic) calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada».
Desde entonces, hace casi treinta años, ningún gobierno español ha movido un solo músculo administrativo para arrojar luz (transparencia se llama ahora) a tod@s l@s ciudadan@s en relación con un agujero fiscal que totaliza más del 1% del PIB nacional.
Desde el movimiento laicista, en general, y Europa Laica en particular, venimos reclamando que se exija a la Corporación católica (al conglomerado de instituciones que la conforman) una cuenta de resultados y un balance anual integrados del conjunto de sus actividades en España, que ilumine (otra vez, transparencia) en qué y cómo se gastan las cuantiosas sumas con que el Estado subvenciona a la Iglesia en sus niveles central, autonómico y local. Llevarlo a cabo es sólo na cuestión de voluntad política.
Y ello viene a cuento de una información de marzo de este año, del diario Público, acerca del Tribunal de Cuentas (TC), que ha pasado desapercibida. Desde dicho Órgano, que es el supremo fiscalizador de las cuentas del Estado se advertía de que la Iglesia podía estar incurriendo en un «enriquecimiento injusto«, así como que el dinero que reciben del Estado las autoridades eclesiásticas españolas nunca ha sido fiscalizado, por dicho Tribunal, al contrario que partidos políticos, sindicatos u ONG,s.
Las mismas fuentes del TC reconocen algo que l@s laicistas venimos manteniendo desde hace década y media: que la Iglesia se financia, además de «con el 0,7% del IRPF», con cantidades «desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios«, o «a través de entidades como Cáritas o Manos Unidas«.
En el marco del diseño del Programa para 2015, el Tribunal celebró un Pleno donde se manifestó la necesidad de «fiscalizar las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia», pero al parecer quedó en una mera declaración de intenciones. Como en agua de borrajas quedó la solicitud del Departamento Primero del citado tribunal, que «solicitó en 2012» que se incluyese a la Ic en el Programa fiscalizador de 2013, y se volvió a solicitar en el diseño del programa para 2015 la fiscalización del dinero público que recibe la Ic. En el primer caso, el director del citado departamento (hermano del expresidente Aznar) consideró que «no estaba dentro de las prioridades», y en el segundo, se rechazó la propuesta de fiscalización por un «problema de tiempo».
Tal vez much@s ciudadan@s piensen que en un panorama de profunda crisis económica y social, 11.000 M€ no son prioritarios. Para hacerse una idea de que no son «bagatelas», es la cantidad que pretende movilizar el programa económico con que el PSOE se presentará a las próximas Elecciones Generales.
No obstante, las fuentes del TC incurren en un error cuando atribuyen a los Acuerdos concordatarios de 1979 la imposibilidad de fiscalizar las cuentas de la Iglesia. El Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 1979, es el responsable de todos los privilegios económicos de la Ic en España. Por eso denunciamos la necesidad de derogarlos. Pero no hay ninguna indicación en dicho Acuerdo que imposibilite la fiscalización de las cuentas de la Ic., como multimillonaria receptora de fondos públicos que es. Sin embargo, el mencionado Acuerdo, de 1979 no se olvide, obliga a elaborar una memoria «anual», que sólo se viene realizando desde el ejercicio de 2008, ¡casi treinta años después de vigencia delmismo!
Recapitulando: hoy, como hace 36 años, cuando Puente Ojea demandaba la información al Gobierno, la fiscalización de las cuentas de la Iglesia católica sigue siendo cuestión de voluntad política; y de partidos políticos dispuestos a luchar contra la opacidad y el oscurantismo, en unos tiempos en que la transparencia como concepto, parece que vuelve a tener una cierta visibilidad política.
Que cada partido se confronte con su ideario. Que cada militante se confronte con su conciencia.
Enrique Ruiz del Rosal. Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica
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