¿Quién integra Batasuna?

Desde la ilegalización, Batasuna y todos cuantos nombres se hayan vinculado a la misma, mientras estaba legalizada, ya no existen. Es evidente que si existiera una organización ilegal, sea en el ámbito político como en el económico o social, los poderes coercitivos podrían conducir a los sujetos que pertenecieran a ella ante los tribunales acusándoles de actividades ilícitas. Ahora mismo todos estamos pensando en políticos vascos que aparecen constantemente en los medios de comunicación y que son suficientemente conocidos (Otegi, Permach, Goirizelaia, Álvarez, Barrena…). ¿Pertenecen a una asociación ilegal?

¿Los miembros de una asociación ilegal tienen actividad pública y conocida? Si eso es así, ¿por qué no se actúa contra ellos? ¿Acaso es posible en este Estado de Derecho que los criminales y los asociados con organizaciones criminales campen por sus respetos y que se someta a los indefensos ciudadanos a la acción de bandas o sujetos que actúan criminalmente? En la costa mediterránea se sospecha y se sabe que actúan bandas criminales, que hay sujetos criminales, que hay incluso alcaldes y concejales criminales, y que se actúa contra ellos un día sí y otro también. Sabemos que hay organizaciones mafiosas, y vemos que a estos mafiosos se les persigue y se les detiene en cuanto se les tiene a la vista. La cuestión es de cajón: si Batasuna y sus añadidos son ilegales, todos cuantos actúen en su nombre incurrirán en un hecho criminoso, y por tanto serán sujetos a ser perseguidos, detenidos y juzgados.

Pero, mira por dónde, no se encarcela ni se consideran justiciables ni criminales a quienes se les atribuye pertenencia a organización o «partido» ilegal. Así que el ciudadano anda un poco despistado. No sabe si las organizaciones de mafiosos de la costa mediterránea, si la mafia rusa y ucraniana, si la mafia siciliana, son sujetos criminales. Pero la realidad les dice que a los mafiosos de la «Malaya» o de «Ballena Blanca» les meten mano y acaban en los calabozos y ante los tribunales como imputados. Como criminales. Basta con ver cómo la tonadillera, ante la presunción de un delito, pasó una noche en el calabozo y acabó cantando ante el juez de instrucción.

Es evidente que el poder judicial actúa ante presuntos culpables, delincuentes. Y aquí es donde el ciudadano no entiende porqué si se pasan los políticos pagados con 8.000 euros al mes todo el santo día diciendo que hay miles de vascos que pertenecen a una organización ilegal no le dicen al fiscal, a la comisaría más próxima, al ministro Bermejo, que ahí hay delincuentes. Nadie abre su maldita boca, nadie acusa, nadie actúa. Ni siquiera esos magistrados de la Sala 61 del Tribunal Supremo.

Y aquí es donde llegamos, esos ciudadanos que no son delincuentes, que no son objeto de persecución judicial, que no son justiciables, que son ciudadanos con todos sus derechos civiles y políticos plenos y sin recorte alguno, todos ellos deciden presentarse a las elecciones municipales y autonómicas en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales (el derecho de participación política es un derecho fundamental sólo limitado por sentencia judicial firme), pero hete aquí que los trileros de la política y del Tribunal Supremo (TS) deciden que no pueden presentarse a las elecciones porque están «contaminados». Y a fe mía que por más que busco en los Códigos no encuentro el término «contaminado» como causa de exclusión.

Contaminados de qué. Ya. Es que son de Batasuna. Son abertzales vascos. Pretenden representar a la organización armada vasca ETA. Son, por tanto, ETA, y así se dice a los ciudadanos y éstos lo creen a pies juntillas. Pero estos mismos siguen pasmados, y razonan como razona un ser inteligente, «si son ETA o ilegales, que los metan en la cárcel». Observa ese mismo ciudadano que no hay causa criminal contra los más de 83.000 vascos que firmaron ante notario para poder presentarse a las elecciones y no sale, por más que dé vueltas y más vueltas, de su asombro. Y razona: «los abertzales son legales pero no son legales».

Como no es un zopenco del PP o un mandado del PSOE o de IU o ERC, o del PNV, pregunta a quien sabe de asuntos jurídicos y se queda aún más estupefacto, pues ese preclaro hombre del Derecho resulta que habla de la Ley de Partidos, del artículo 12, y del artículo 9, y entre tanta verborrea el mismo ciudadano vuelve a preguntar: «¿pero son criminales?». No. «¿Entonces, son miembros de una organización criminal?». No exactamente. «¿Entonces qué son?». Y responde con los argumentos de los juristas lacayos del Gobierno y de los lacayos magistrados del TS: «están contaminados». No se resiste y vuelve apreguntar: «¿contaminados de qué?». No lo sé exactamente, pero me parece que les acusan de ser patriotas vascos, abertzales, eso es como ser judío en Alemania o comunista en la España de Franco.

El auto del TS para impedir a ANV presentarse a las elecciones carece de argumentos democráticos, morales, jurídicos; ese ciudadano observa una y otra vez que se castiga a personas que en el ejercicio del derecho fundamental de participación política, se presentaron a las elecciones en 1999 y años anteriores. Este mismo ciudadano sabe que sus mayores fueron perseguidos por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, y que padecieron cárcel, o fueron asesinados por los militares franquistas porque habían sido concejales en su pueblo a partir de 1934, cuando era legal pertenecer a un partido o un sindicato.