La declaración de ETA anunciando un alto el fuego permanente y de carácter general hace que la única violencia que persista sea la del Estado, que se niega a que pueda darse una verificación internacional, no tanto del cumplimiento del compromiso de ETA como de las exigencias de que el Gobierno español también dé pasos. […]
La declaración de ETA anunciando un alto el fuego permanente y de carácter general hace que la única violencia que persista sea la del Estado, que se niega a que pueda darse una verificación internacional, no tanto del cumplimiento del compromiso de ETA como de las exigencias de que el Gobierno español también dé pasos.
ETA ha cumplido las peticiones que le habían hecho desde el ámbito internacional las personalidades que suscribieron la Declaración de Bruselas y desde la propia ciudadanía vasca los firmantes del Acuerdo de Gernika: declarar un alto el fuego permanente y verificable. Además, el paso dado engarza con la estrategia acordada por las bases de la izquierda abertzale de apostar por la lucha exclusivamente pacífica y democrática.
El pasado 29 de marzo, cuatro Premios Nobel de la Paz y otras diecisiete personalidades referenciales en la resolución de conflictos en todo el mundo hicieron público un documento en el que daban la bienvenida a la resolución de la izquierda abertzale y hacían un llamamiento a ETA para que declarara «un alto el fuego permanente y completamente verificable».
El 25 de setiembre, una treintena de agentes políticos y sociales vascos suscribían solemnemente en Gernika el llamado «Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas» que, entre otras cosas, incluía la demanda de «la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada».
ETA hacía pública el lunes esa declaración unilateral de un alto el fuego «de carácter general», «permanente» y «que puede ser verificado por la comunidad internacional». Y lo hacía como un «compromiso firme con un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada». Es decir, la organización vasca da un paso más allá del anunciado el 5 de setiembre, cuando explicó que varios meses antes había tomado la decisión de «no llevar a cabo acciones armadas ofensivas».
Escuchar la palabra «insuficiente» como reacción a un anuncio de estas características provoca ya en muchos una mueca de «sabía que lo iban a decir«. En los dos últimos años, todos los pasos dados por la izquierda abertzale han sido calificados en el momento de producirse como «insuficientes» por los unionistas y sus acólitos, y semanas después se incorporaban a sus análisis como elementos de gran trascendencia. Desde el 17 de enero de 2009, cuando Arnaldo Otegi empezó a dibujar la nueva estrategia del independentismo eficaz en el fórum del Kursaal organizado por GARA, ése ha sido el curso de las reacciones y ahí están las hemerotecas para atestiguarlo.
La expectativa de un comunicado de ETA que respondiera a las demandas de las declaraciones de Bruselas y Gernika, y el tiempo pasado en la espera, han permitido al Gobierno español y sus apoyos en tierra vasca elevar artificialmente el listón de las exigencias, hasta ponerlo en el anuncio del final de la propia organización y en una entrega de las armas. Un propósito irreal y de auténtica ciencia-ficción política.
Escuchar frases como «eso se hace fácil, con un comunicado en el que diga `lo dejamos’, basta» constituyen un insulto a la inteligencia, pues ningún conflicto político-militar se ha resuelto de esa forma.
Por tanto, las afirmaciones de que «el único comunicado que esperamos es el que anuncie el final de ETA» entran dentro de la propaganda, no de la aportación positiva para la búsqueda y hallazgo de soluciones.
De la seriedad con la que deben afrontarse los procesos de este tipo saben mucho los firmantes de la Declaración de Bruselas, que al tiempo que pedían un alto el fuego a ETA invitaban a que éste fuera «debidamente respondido por el Gobierno español«. Esa parte del documento produjo una indisimulada incomodidad al Ejecutivo de Zapatero. Hay que recordar el cabreo de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se puso pronto manos a la obra para montar una contraofensiva con la que intentar que cualquier político o medio de comunicación que trate este conflicto en parámetros homologables internacionalmente se «caiga del guindo».
No cabe duda de que el Gobierno español cuenta con sólidos apoyos en otros ejecutivos europeos y en instituciones de todo tipo. Pero, se diga lo que se diga, seguro que en el ámbito de quienes trabajan en la resolución de conflictos se recordará que en mayo de 2007, en la ronda de conversaciones que puso fin al anterior proceso, se dio un hecho inaudito: que el PSOE se desdijera de la hoja de ruta que él mismo había propuesto en cuanto los mediadores le dieron forma y Batasuna dijo que la aceptaba. Y todo ello con la oferta de ETA de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares». Allí había representantes no sólo del organismo mediador, sino también de dos gobiernos europeos.
También el Acuerdo de Gernika tiene, además de la petición de alto el fuego a ETA, un amplio capítulo de demandas de respeto a derechos humanos, civiles y políticos que interpelan directamente al Ejecutivo español. De ahí que fuera criticado en el Parlamento de Gasteiz por el lehendakari, Patxi López, aduciendo que frente a una exigencia a ETA hay «once al Estado». Lo de todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria no es aceptado ni por el Gobierno español ni por el de Lakua.
En este contexto resulta relevante el rechazo «una y otra vez» del Ejecutivo español a admitir una «verificación internacional» del alto el fuego. Éste fue uno de los puntos calientes de la comparecencia ante la prensa del vicepresidente primero y ministro del Interior.
De la aparición en escena de Alfredo Pérez Rubalcaba hay que destacar, en primer lugar, el mismo hecho de que se produjera tal cosa. Cuando el 5 de setiembre ETA anunció a través de la BBC la decisión de no realizar «acciones armadas ofensivas» el Gobierno de Zapatero ni siquiera se dio por enterado.
El lunes, cuando al mediodía se conoció la nueva declaración de ETA, el jefe de informativos de la Cadena Ser -bien conectada con el Gabinete- señaló que uno de los elementos de interés para las siguientes horas sería qué tipo de respuesta daría el Gobierno. Según sus datos, durante los últimos días se había estado analizando la cuestión y la conclusión había sido que si el comunicado se consideraba relevante, respondería el vicepresidente y ministro de Interior. Si no, se actuaría como en la anterior ocasión, dejando las reacciones en manos del consejero de Interior, Rodolfo Ares, y de los partidos.
Y salió a hablar Rubalcaba para decir lo esperable -incluido su tono de dureza y su advertencia a Batasuna-, pero también para desnudarse ante el mundo recordando que el Gobierno español ha rechazado reiteradamente la posibilidad de una verificación internacional del alto el fuego, porque «en un Estado de Derecho quien verifica son las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado». Contrariamente a lo expuesto por Rubalcaba, no es eso lo que enseñan procesos tan cercanos en el espacio y en el tiempo como el del Norte de Irlanda. Allí hubo una corresponsabilidad internacional, como bien saben los firmantes de la Declaración de Bruselas, siete de ellos directa y altamente relacionados con las labores de resolución de ese conflicto. Otro más, Raymond Kendall, fue primero comisionado adjunto de Scotland Yard y después director de la Interpol.
Mal que le pese, el Gobierno español tiene muchos deberes que hacer, no tanto para dar respuesta a los pasos de ETA, sino para desarrollar su propia estrategia unilateral de respeto a derechos básicos. Amnistía Internacional se lo recordaba también el lunes, cuando junto a las exigencias a la organización armada vasca anunciaba que «sigue pidiendo al Gobierno español que suprima la detención en régimen de incomunicación, que garantice a todos los detenidos el acceso rápido y eficaz a un abogado de su elección, que la práctica penitenciaria cumpla el principio 20 para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU, que establece que los presos deben poder cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y que individualmente lo soliciten; y que elimine cualquier ambigüedad existente en la Ley de Partidos Políticos que pudiera vulnerar los derechos y la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión».
Las dos últimas grandes movilizaciones (inmensas) habidas en Euskal Herria, el 2 de octubre una y el pasado sábado la otra, han incidido directamente en la necesidad de que se respeten todos los derechos y en que se garantice la igualdad de oportunidades para todos los agentes políticos. Ésa será también la línea de trabajo para el independentismo de izquierdas en los próximos meses.
Objetivamente, el comunicado hecho público por ETA contribuye positivamente a la acumulación de fuerzas, pero pocas dudas caben de que el Gobierno español mantendrá su estrategia de represión y chantaje para tratar de quebrar los compromisos internos y externos de la izquierda abertzale, y para hacerle dudar de la utilidad y la eficacia de la nueva estrategia.
En el escenario político vasco ya no hay más violencia que la que ejerce el Estado. Habrá quien diga que, evidentemente, según los cánones democráticos es a él al que le corresponde su monopolio legítimo. Pero ocurre que el Estado español lleva también décadas practicando un uso ilegítimo de su fuerza. Detenciones arbitrarias, torturas y conculcación de los derechos de los apresados. Interrogatorios ilegales, seguimientos y desapariciones. Uso de la Policía (espionaje, peinados del censo, archivo y empleo de información sobre actividades legales de la ciudadanía) y la Audiencia Nacional para desestabilizar a una fuerza política y todo un sector social («acaso pensaban que no nos íbamos a atrever», como confesó José María Aznar) y para alterar el mapa institucional. Y ahí está, como máxima expresión de todo ello, el artículo 8 de la Constitución de 1978 -rechazada en Euskal Herria- que dicta a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la unidad territorial de España.
La única violencia que persiste es la imposición española, que impide que la ciudadanía vasca pueda decidir su futuro en libertad y en igualdad de condiciones entre todas las opciones. Y ésa es, por tanto, la violencia que ahora hay que desactivar.