El juicio central de KIO toca a su fin tras diez años de proceso. El principal implicado es, naturalmente, Javier de la Rosa, que era el máximo responsable de las inversiones kuwaitíes en España a través del Grupo Torras. El pasado martes de la Rosa se reafirmó en lo declarado diez años antes y ha […]
El juicio central de KIO toca a su fin tras diez años de proceso. El principal implicado es, naturalmente, Javier de la Rosa, que era el máximo responsable de las inversiones kuwaitíes en España a través del Grupo Torras. El pasado martes de la Rosa se reafirmó en lo declarado diez años antes y ha añadido nuevos detalles y un vocabulario renovado. El empresario catalán, que fuera considerado por Jordi Pujol como empresario ejemplar es un ejemplar de cuidado pero no todo lo que dice es pura ficción. El martes reiteró ante la Audiencia Nacional que en 1990 realizó «pagos de guerra» por más de 75 millones de euros (12.500 millones de pesetas) al administrador privado del Rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal con destino al Monarca.
Con semejante suma de la Rosa pretendía que se autorizara a aviones estadounidenses el uso de la base de Rota para liberar Kuwait de la invasión iraquí en la primera guerra del Golfo así como apoyo diplomático para que Arabia Saudí autorizase el paso de soldados americanos para salvar a unas princesas kuwaitíes retenidas tras la invasión.
Es sabido que el hombre de Kuwait en España aprovechó la invasión del emirato para llevarse el dinero árabe a su molino pero los juicios también han demostrado que los 75 millones de dólares fueron entregados efectivamente al administrador privado del Rey. Sin embargo de la Rosa no ha podido explicar convincentemente donde fue a parar el resto del dinero desviado: 300 millones de euros, unos 50.000 millones de pesetas. Prado negó con formidable vehemencia haber recibido un duro hasta que se probó lo contrario y a partir de entonces explicó tales transferencias en fantasmales operaciones financieras.
Consecuencia: fue condenado a la cárcel. Podía haberse salvado de la misma debido a su provecta edad y a un conjunto de enfermedades pero los jueces pusieron como condición que devolviera el dinero recibido tan inicuamente. Con muy buen criterio Prado prefirió la cárcel pues sabía que a los pocos meses disfrutaría de una libertad vagamente vigilada. Y así ha sido.
Javier de la Rosa miente y aplica la técnica del ventilador de basura con la vana ilusión de parar una pena muy dura- la fiscalía anticorrupción pide 38 años de cárcel – y miente también Manuel Prado. La cuestión obvia y obviada por los periódicos es si Prado usó en vano el sagrado nombre del Rey para quedarse con el dinero o si transfirió tales cantidades al monarca y defiende a este con su silencio. El Rey está blindado por la Constitución que le considera irresponsable e inviolable pero aun está más blindado por la autocensura de la prensa que tendrá consecuencias nefastas sobre la consolidación de la monarquía. Estaría muy bien que Don Juan Carlos explicara todo este vidrioso asunto y las razones por las que ha mantenido una intima amistad con Prado después de que se conocieran sus desaguisados.