El Gobierno, presionado por la Iglesia y los sectores más conservadores, ha iniciado un giro involutivo
Durante su primer año de mandato, el actual Gobierno socialista fue consecuente con su ideología laica y actuó con decisión y firmeza en cuestiones espinosas que entraban en conflicto con la Iglesia católica y que los gobiernos anteriores no fueron capaces de afrontar. Me refiero a la ley de matrimonios homosexuales y a la modificación del Código Civil en materia de divorcio. Los obispos calificaron la ley de matrimonios gay de retroceso en el camino de la civilización y vieron en ella una lesión grave de los derechos fundamentales del matrimonio y de la familia. De las medidas para agilizar los trámites de divorcio dijeron que colocaban el matrimonio al mismo nivel que los contratos de alquiler. Sin embargo, el Gobierno y el partido socialista no cedieron a las presiones episcopales y lograron coronar con éxito su aprobación en el Parlamento. Se trataba de ampliar el horizonte de los derechos humanos, de defender la libertad y la igualdad y eliminar los obstáculos que obligaban a algunos a vivir en pareja de manera clandestina y vergonzante.
AMBAS iniciativas eran coherentes con la no confesionalidad del Estado, el carácter laico del PSOE y el programa con el que este se presentó a las elecciones del 2004. La población acogió ambas medidas favorablemente y sin rasgarse las vestiduras, en una muestra de mayoría de edad en el sentido kantiano.
Sin embargo, durante los últimos meses estamos asistiendo a un cambio de rumbo en la política del Gobierno socialista en relación con la Iglesia católica. No ha sido capaz de resistir a las presiones de la jerarquía eclesiástica y de los sectores más conservadores del catolicismo, y ha iniciado un giro involutivo preocupante, que pone en cuestión la laicidad del Estado y de sus instituciones, al hacer concesiones desmedidas a la Iglesia católica y, en consecuencia, discriminar a las otras religiones. Desoyendo las voces críticas surgidas en un amplio sector del PSOE y apoyándose en los planteamientos de otro sector interno, el de los cristianos socialistas afines a los obispos, el Gobierno ha renunciado a revisar los acuerdos con la Santa Sede. Acuerdos que se firmaron en 1979 bajo el signo del consenso en un contexto sociorreligioso y político muy diferente del actual y que demandan cambios sustanciales conforme a las transformaciones de la sociedad española en materia de creencias religiosas, sobre todo con el avance de la secularización y el paso de una sociedad de religión única al pluralismo.
La misma incoherencia, o mayor aún, demuestra el Gobierno socialista en la política de financiación de la Iglesia católica, que, lejos de eliminarse o reducirse y de tender la autofinanciación, ha contado con un incremento al pasar del 0,52% del IRPF al 0,7% en el porcentaje de asignación tributaria, como resultado del acuerdo logrado entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. El día 22, la Santa Sede y el Gobierno consideraron que «el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% tiene carácter estable». Al tener rango internacional, el acuerdo queda blindado y requiere el apoyo de las tres quintas partes del Parlamento para su modificación. El Gobierno queda así atado de pies y manos. El objetivo de lograr la autofinanciación de la Iglesia, como consta en los acuerdos de 1979, pasa a mejor vida. Ni siquiera el PP llegó tan lejos.
La enseñanza de la religión católica es otro de los temas en los que el Gobierno ha hecho concesiones inesperadas e injustificadas, sobre todo a la Iglesia católica, pero también a las religiones de notorio arraigo que tienen acuerdos con el Estado, al haber reconocido a la asignatura de religión confesional carácter evaluable y computable para pasar curso y al haber establecido la cultura e historia de las religiones como materia alternativa en Primaria y en la ESO. Es también el resultado de las negociaciones del Gobierno con representantes de la jerarquía eclesiástica y de las federaciones católicas de enseñanza, tras las movilizaciones del año pasado.
La regla general parece ser la siguiente: a mayor presión de los obispos y de los dueños de los colegios católicos, más concesiones del Gobierno; cuanto más fuertes son las protestas y mayor es el ruido en la calle, más ventajas para la enseñanza de la religión confesional. Las reivindicaciones del mundo católico en materia económica y educativa son insaciables y, a la vista de los buenos resultados obtenidos, seguirán dejándose oír cada vez con más fuerza y exigencia.
LA JERARQUÍA católica ha acusado al Gobierno de querer imponer al alumnado una ideología estatal y de reproducir en la escuela la mentalidad socialista a través de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y ha llegado a pedir a los padres la objeción de conciencia frente a ella. También estas críticas han logrado su objetivo, que era modificar algunos contenidos de la asignatura.
El PSOE tiene el alma dividida. Por una parte está el Manifiesto Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía, que reivindica la laicidad como marco idóneo y garantía de la libertad de conciencia y considera que los fundamentalismos monoteístas y religiosos crean fronteras entre los ciudadanos. En las antípodas está la política del Gobierno cada vez más condescendiente con la Iglesia católica y más alejada de la laicidad. Al final, esta es la que se ha impuesto. Ante tal desconcierto, mi pregunta es: ¿quo vadis, PSOE?
* Juan José Tamayo es Teólogo.