Manida exégesis de la política de recortes: el gobierno de Rajoy se ve obligado a recortar y practicar la austeridad. No le queda otro remedio. Lo hace muy a su pesar. Y, más que nada, por sentido de la responsabilidad, pues es consciente de que ello implica un grave coste electoral. Pero la prioridad absoluta, […]
Manida exégesis de la política de recortes: el gobierno de Rajoy se ve obligado a recortar y practicar la austeridad. No le queda otro remedio. Lo hace muy a su pesar. Y, más que nada, por sentido de la responsabilidad, pues es consciente de que ello implica un grave coste electoral. Pero la prioridad absoluta, siguiendo con la interpretación burda y tópica, es crear empleo. Sin embargo, el coordinador Federal de IU, Cayo Lara niega que la creación de puestos de trabajo sea realmente el objetivo del gobierno. Afirma que Rajoy «ha llegado a un compromiso con la patronal para devaluar los salarios entre un 20 y un 30% y así poder competir, ya que no son posibles las devaluaciones monetarias»; para ello -añade- «es muy importante contar con lo que los clásicos llamaban un «ejército de reserva» que presione los salarios a la baja».
El coordinador Federal de IU, Cayo Lara, ha participado en un acto político al aire libre en el barrio obrero de Patraix, en Valencia. El acto se integra en la campaña «Hay alternativa. Rajoy dimisión» impulsada por la organización de izquierdas. La iniciativa se apoya en datos como los 6 millones de desempleados (52% de paro juvenil), el 22% de pobreza, los 185.000 millones de euros comprometidos en el rescate al sistema financiero, la entrega del gobierno a la Troika y los numerosos casos de corrupción que afectan al partido del gobiernoo.
Según Cayo Lara, el gobierno de Rajoy va todavía más lejos de lo que Marx denominaba el «ejército de reserva». «Pretenden crear además una reserva de parados pobres, como lo demuestran los recortes en ayudas y subsidios, por ejemplo, los aplicados a los mayores de 55 años». Y eso a pesar de sus promesas electorales. El actual vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, aseveró en plena campaña que si su partido accedía al gobierno crearía 3,5 millones de puestos de trabajo. Pero, según las previsiones, cuando el PP termine su mandado en 2015 lo hará con un millón de parados más que cuando accedió al gobierno.
El acto comenzó con un recuerdo de Clément Méric, el joven de izquierdas asesinado esta semana en el centro de París. Según Cayo Lara, «este hecho debería constituir un motivo de reflexión sobre la sociedad que estamos construyendo, en la que un joven neonazi de clase trabajadora (hijo de un emigrante español) asesina a otro joven de izquierdas, estudiante de Ciencias Políticas, también de clase obrera». Esto pone de manifiesto dos cosas: «Están logrando enfrentar a unos trabajadores contra otros; y hemos de recuperar el «no pasarán» frente a las ideas fascistas», ha declarado el portavoz de Izquierda Plural en el Congreso.
Las políticas «austeritarias» promovidas por las Troika y asumidas por los gobiernos para nada constituyen una novedad. Recordaba hace unos días en su visita a España Alexis TSipras, líder de Syriza, que las medias aplicadas en el sur de Europa se parecen mucho a las que el FMI implementó en América Latina en la década de los 90. Pero Cayo Lara todavía se ha remontado más atrás, al llamado «Consenso de Washington». Además, «lo que nos está ocurriendo ya estaba escrito en los tratados de Maastricht y de Lisboa», ha subrayado el dirigente comunista. En el «Consenso de Washington» se propone debilitar a los estados con el fin de que no intervengan en la economía; también, la venta de empresas públicas, que en muchos casos pasan a la propiedad de transnacionales. «La economía de libre mercado nos iba a hacer más felices». Y se aplica la política de las «puertas giratorias», por la cual, «políticos a los que elegimos socavan el estado y después -como Felipe González en Gas Natural o Aznar en Endesa- pasan a trabajar en las empresas que ellos mismos han privatizado».
Tampoco son de hace unos días fenómenos como la desregulación de los mercados y de las finanzas, la deslocalización, la «flexibiliación» laboral y el recorte del poder de los sindicatos. Hoy «estamos viendo -explica Cayo Lara- cómo la vigente reforma laboral quita capacidad de negociación a los sindicatos y conduce a los acuerdos individuales entre trabajador y empresa; de este modo se ataca la columna vertebral de la representación sindical, la negociación colectiva. Por eso, aunque también expresemos algunas veces críticas a los sindicatos de clase, hemos de salir en su defensa ante los ataques del gobierno y la caverna mediática». También viene de antiguo la eliminación de barreras arancelarias, que en el presente se traduce en «la mano de obra esclava que muere en los talleres de Bangladesh produciendo para El Corte Inglés, sin que se exijan controles sobre el origen de los productos».
El coordinador Federal de Izquierda Unida también sitúa en el «Consenso de Washington» la fiscalidad «regresiva», por la cual «se bajan los impuestos a los más ricos mientras aumentan las cargas sobre el resto de los ciudadanos»; o la liberalización de los tipos de interés, lo que lleva a que las empresas españolas puedan pagar cinco puntos de interés más por los préstamos que las alemanas. Y también estaba escrita hace mucho la «necesidad» de privatizar los servicios públicos. En el estado español, con el fin de la burbuja inmobiliaria se exhiben de modo palmario los intereses que corren tras la privatización de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Todo ello, según Cayo Lara, ha configurado unas «reglas del juego» para Grecia, Portugal, España e Italia que, en nuestro país, se plasman en la modificación del artículo 135 de la Constitución. «Un acuerdo entre el PP y el PSOE ha antepuesto el pago de los intereses de la deuda al bienestar de la población», explica Lara.
Actualmente, puede advertirse a simple vista la perversión del modelo económico. El estado español encabeza las tasas de paro de la Unión Europea. Pero buena parte de este despropósito podría haberse evitado, según el líder comunista, con la intervención a su debido tiempo del estado en la economía. Por ejemplo, si se hubiera aplicado el artículo 47 de la Constitución (derecho a una vivienda digna), en lugar de impulsar, como hizo Aznar, una legislación en materia de suelo que convertía gran parte del territorio en urbanizable. «La intervención estatal podría haber determinado que se hicieran las viviendas necesarias (unas 200.000) y no las 800.000 que se construyeron, además, a unos precios especulativos; esto ha convertido a mucha gente en desahuciada o la ha condenado de por vida a trabajar para pagar sus deudas con la banca». Una eficaz regulación estatal hubiera permitido mantener el sistema de bancos públicos y cajas de ahorro, tan necesarios hoy para el crédito; las inversiones en investigación y desarrollo, la capacidad de compra de los ciudadanos…Son males que aquejan al conjunto de la UE: «por un acuerdo entre conservadores y socialdemócratas el Banco Central Europeo (BCE) no puede prestar dinero directamente a los estados», recuerda Cayo Lara. Con consecuencias dramáticas, porque «cada día el estado español debe abonar 100 millones de euros por intereses de la deuda, lo que equivale a un hospital de 500 camas».
¿Cómo hacer frente al lastre del endeudamiento, en su mayor parte de carácter privado? «Hay que dar un puñetazo en la mesa de la Troika y plantarse», responde el político de izquierdas. Pero, siguiendo la lógica dominante, Rajoy contesta que no cuenta con margen de maniobra porque la diferencia anual entre ingresos y gastos es de 70.000 millones de euros, que deben conseguirse en los mercados financieros. ¿Por qué no luchar, entonces, contra el fraude fiscal?, se pregunta Cayo Lara. España presenta uno de los índices más bajos de inspectores fiscales de la Unión Europea. Además, 33 de las 35 empresas del IBEX 35 disponen de sucursales en paraísos fiscales. Por eso, resume Cayo Lara, «pensamos que el déficit y el endeudamiento son realmente la excusa para recortar lo público y emprender privatizaciones».
Porque existen alternativas que el gobierno conservador no considera: «Pueden subirse los impuestos, pero no el IRPF ni el IVA, sino el impuesto de sociedades y a las rentas del capital». Por lo demás, hacer caso a las recomendaciones de la Troika aboca a también a otras medidas inicuas, como el recorte de las pensiones y el alargamiento de la edad de jubilación. Según Cayo Lara, «tratan de potenciar los fondos privados de pensiones en manos de compañías aseguradoras y de la banca; para ello, han nombrado una comisión de 12 expertos «independientes», sí, pero de los ciudadanos, ya que 8 de ellos trabajan en bancos y compañías aseguradoras».
Ante el sombrío panorama, Cayo Lara recomienda «no desistir ni caer en la apatía». «Hemos de reivindicar la política con mayúsculas y hacernos preguntas muy sencillas: ¿cómo es posible que España -la cuarta potencia económica de la UE- tenga cifras de desempleo superiores a las de sus socios? ¿Por qué con mayor riqueza y desarrollo tecnológico que nunca hemos de vivir peor y trabajar más? ¿Por qué con más disponibilidad de alimentos que nunca hay más gente comiendo en hogares sociales y rebuscando en los contenedores? Sin duda, por el injusto reparto de la riqueza. Caminamos hacia una dualidad social cada vez mayor». Al final, «reivindicar la democracia es el gesto más revolucionario que podemos practicar en nuestra sociedad. Quién nos lo iba a decir…».
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