La comparecencia de Mariano Rajoy escenifica el bloqueo de la mayoría parlamentaria a asumir consecuencias por el caso de supuesta financiación ilegal del Partido Popular.
Cada comparecencia del presidente del Gobierno arroja una nueva coletilla para mofa de las redes sociales. En esta ocasión ha sido su «fin de la cita», una anotación a su discurso, que se ha convertido en Trending Topic en la red social Twitter. Pero, independientemente de las anécdotas, la comparecencia extraordinaria de Mariano Rajoy apenas se ha salido del guion previsto. «Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones, que es exactamente lo contrario de lo que convendría a este país». La réplica a los grupos tras la batería de intervenciones de todo el arco parlamentario ha puesto de manifiesto el bloqueo del Partido Popular a las demandas de regeneración que han partido de varios partidos y coaliciones.
Ladrones, de guante blanco o sin apellidos, corruptos, bellacos, mentirosos, zoquetes, mafiosos, dopados o marcianos. Los epítetos han volado de una a otra parte de la sala. Los diputados, trasladados al Senado, conscientes de que la atención de la sociedad estaba posada sobre este pleno, han afinado su retórica y desempolvado los libros de citas. Sin embargo las cartas estaban marcadas: la moción de censura no iba a producirse, dada la mayoría parlamentaria, aparentemente sin fisuras, que gestiona el Partido Popular. La dimisión y la convocatoria de elecciones –incluso la disolución del PP–, reclamadas por grupos de Izquierda Plural y partidos soberanistas, han sido descartadas por un Rajoy que se ha amparado en la presunción de inocencia y que ha dirigido el debate a la supuesta recuperación económica hacia la que se ha encaminado su agenda de reformas. El daño a la imagen exterior de España ha sido el otro recurso del que ha echado mano Rajoy para justificar su silencio durante las últimas semanas. Enfrente, el principal partido de la oposición, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba ha apelado a la bancada popular para que abandone al presidente y asuma un cambio de Gobierno.
A pesar de la previsibilidad del debate, unas cuantas intervenciones han señalado la carga de profundidad que ha supuesto el caso Bárcenas de financiación ilegal sobre el crédito del Gobierno y las instituciones del Estado. Las donaciones por parte de empresarios, recogidas en los libros de la contabilidad B publicados por distintos medios, han llevado al Senado los nombres de Florentino Pérez (ACS-Dragados) o Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), que son «quienes marcan la agenda del Estado», en palabras de Mikel Errekondo (Amaiur). Al hilo del accidente del tren Alvia de Santiago, la diputada del BNG, Olaia Fernández, ha recordado que en 2004, ACS-Dragados intensificó sus donaciones al Partido Popular, en un año en el que se licitaron numerosos tramos de alta velocidad, entre otros el tramo en el que se produjo el accidente de tren el pasado 24 de julio.