Una vez más Asamblea por Tenerife ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que el 12 de noviembre muestre su rechazo unánime a la construcción del puerto de Granadilla. Podríamos detenernos en desarrollar una amplia serie de razones técnicas, socioeconómicas y medioambientales, fundamentadas en el rigor y en la seriedad que justifican ese posicionamiento […]
Una vez más Asamblea por Tenerife ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que el 12 de noviembre muestre su rechazo unánime a la construcción del puerto de Granadilla. Podríamos detenernos en desarrollar una amplia serie de razones técnicas, socioeconómicas y medioambientales, fundamentadas en el rigor y en la seriedad que justifican ese posicionamiento de rechazo, pero simplemente enumeraremos tan sólo algunas de las más importantes: no generará una mejora económica; ocasionará un impacto ecológico irreversible con la pérdida de ecosistemas marinos y costeros; provocará un efecto contaminador a los espacios protegidos y una pérdida de biodiversidad; creará muy pocos puestos de trabajo directos; será una infraestructura inútil e inoperativa, tanto para el transbordo de contenedores como para la descarga de gas natural; y en un fututo cercano podría convertirse en una base logística norteamericana.
Sin embargo, el proyecto de construcción del puerto de Granadilla tiene una trascendencia aún mayor. Se ha convertido en una seña identitaria de Tenerife, que sintetiza el estado de descomposición democrática, donde prima la tiranía caciquil de un régimen perverso y especulador. Y simboliza, al mismo tiempo, el triunfo del compromiso de los colectivos sociales que, en estos últimos casi ocho años, han desplegado una intensa labor de estudio y análisis, de concienciación social, de batallas jurídicas, de movilizaciones ciudadanas masivas, etc. que ha logrado, por una parte, reducir su tamaño y, por otra, paralizar durante largo tiempo esta infraestructura innecesaria. Una acción ciudadana, sin duda, modélica que ha demostrado la fuerza que puede alcanzar el movimiento social organizado a pesar de desenvolverse en un contexto de adversidad absoluta.
El puerto de Granadilla es el ejemplo más evidente del distanciamiento y del desprecio de los representantes electos hacia la participación ciudadanía, que han impedido la celebración de un simple debate en el Parlamento canario, a pesar de contar con el apoyo de más de 56.000 firmas que avalaba esa Iniciativa de Ley Popular. Esa negativa de los partidos políticos institucionalizados, tanto dentro como fuera del Parlamento, y la del mundo empresarial a confrontar públicamente sus planteamientos con los sectores sociales y científicos define una actitud de menosprecio a su propia condición de representantes públicos, además, de un insulto a los principios básicos democráticos y una burla hacia la ciudadanía. Y evidencia una práctica política fundamentada en la imposición de proyectos que benefician a unos pocos, en contra del interés general y del territorio, llegando incluso a hacer «trampas» al modificar la legislación vigente, como ha sucedido recientemente con el catalogo de especies protegidas, para garantizar la avaricia de los especulares.
Esa connivencia política-empresarial ha irradiado su influencia a todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, públicos y privados, para establecer un clima asfixiante de censura informativa desvergonzante, al tiempo, que promueven campañas de desinformación social con argumentos sin consistencia y recurriendo a la manipulación y al engaño social. El puerto de Granadilla es, en definitiva, un perfecto indicador de la bajísima calidad democrática existente en Canarias.
Asamblea por Tenerife y los distintos colectivos sociales sin recursos, sin medios y sin capacidad de influencia han logrado un impresionante trabajo de concienciación colectiva, ha emprendido diversas batallas sociales y judiciales y ha llevado su voz al Parlamento europeo. Su objetivo no es sólo evitar la construcción de esta infraestructura que provocará una serie de daños irreversibles, ni enfrentarnos al despilfarro de fondos públicos en un puerto inoperativo, ni impedir el daño económico que ocasionará en el sector turístico, ni imposibilitar que Tenerife y Canarias sea en un futuro cercano una zona de inestabilidad internacional si se estableciese una base logística norteamericana en Granadilla en conexión a los planes de expansión hacia el continente africano, sino también el compromiso por un modelo de desarrollo sostenible y por una democracia participativa y directa.
Por todas estas razones se hace imprescindible un último esfuerzo: todos debemos convertirnos en agentes movilizadores en nuestro ámbito familiar, en nuestro círculo de amistades, en nuestros ambientes profesionales y laborales, en nuestros barrios, localidades, pueblos y ciudades para que el 12 de noviembre a las 12:00 h. triunfe el clamor democrático de una isla contra la especulación de los avariciosos, contra la corrupción política-empresarial, contra el caciquismo político, contra la manipulación, contra la destrucción del territorio, contra la censura y favor de la libertad, de una democracia con calidad y participativa, por un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medioambiente, a favor de la paz y del futuro de Tenerife.
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