Por si fuera poca la proliferación de medidas supuestamente encaminadas a ‘compensar’ la desigualdad de género, una muy importante se añade a la lista: la reducción de impuestos a las mujeres trabajadoras. Una ‘acción positiva’, según el PP, con una doble finalidad: incentivar el empleo femenino y compensar a las mujeres por su menor renta. […]
Por si fuera poca la proliferación de medidas supuestamente encaminadas a ‘compensar’ la desigualdad de género, una muy importante se añade a la lista: la reducción de impuestos a las mujeres trabajadoras. Una ‘acción positiva’, según el PP, con una doble finalidad: incentivar el empleo femenino y compensar a las mujeres por su menor renta. Ambos objetivos son loables, pero ninguno de ellos se verá favorecido por este camino.
En cuanto a las diferencias salariales, a primera vista parece evidente que un ingreso adicional para todos los componentes del grupo que tiene menores ingresos disminuirá la diferencia de medias entre ambos grupos. Sin embargo, tendríamos que considerar que parte de esta rebaja de impuestos a las mujeres se trasladará a los beneficios empresariales. Si ahora una mujer casada (que es la que puede plantearse la opción de quedarse en casa) está dispuesta a trabajar por un determinado salario, con la rebaja estará dispuesta a trabajar por menos. Esto permitirá a los empresarios ofrecer menores salarios a las mujeres (no solamente de las mujeres casadas), introduciendo un peligroso factor de permanencia de la desigualdad salarial.
Las causas de las diferencias salariales son complejas y todas ellas deben ser eliminadas. Los prejuicios de los empresarios, su prevención frente a los costes extra-laborales que les puede acarrear las mayores ausencias de las mujeres por razones de cuidado, la falta de poder reivindicativo de las propias mujeres. Y algunos de estos fenómenos se verían reforzados por la rebaja de impuestos a las mujeres: los empresarios encontrarían justificación para pagar menos, las mujeres perderían argumentos para exigir igualdad de trato. En definitiva, significaría renunciar al principio de ‘a trabajo igual salario igual’ que tanto nos ha costado adoptar.
La baja tasa de empleo femenino, por su parte, es una rémora para la economía de nuestro país y también un grave problema social. Las mujeres que no tienen empleo tampoco tienen independencia económica. Como consecuencia, están mucho más indefensas ante la violencia de género, tienen más riesgo de pobreza y exclusión social, más problemas de salud y de autoestima. Pero ¿quiénes son estas mujeres, cómo combatir sus problemas y cómo incorporarlas al empleo? Dos son los colectivos implicados: las desempleadas y las llamadas inactivas o excluidas del mercado de trabajo. En ninguno de los dos casos se están tomando las medidas adecuadas y, aunque la existencia de programas especiales ‘para mujeres’ puede dar la impresión de que se les da trato de favor, la realidad de la corriente principal de las políticas públicas es muy diferente.
En España el paro femenino es persistentemente casi el doble que el masculino. Sin embargo, según los indicadores proporcionados por la Comisión Europea, los Servicios de Empleo dedican menos tiempo, y proporcionan menos ofertas de trabajo, a las mujeres que a los hombres. Las categorías de desempleo compuestas mayoritariamente por mujeres no obtienen la dedicación específica (y el presupuesto) que se requeriría, Parados/as de larga duración, ex-cuidadores/as, parados/as cabezas de familias monoparentales con necesidad de servicios de educación infantil para sus hijos/as mientras ellas/os se forman y buscan empleo, paradas/os mayores de cierta edad sin experiencia laboral previa o con periodos importantes de desconexión del mundo laboral, etc. Todas las personas con estos problemas deben ser atendidas especialmente, no solamente las mujeres, y naturalmente no por ser mujeres sino porque su reinserción es más difícil y sus necesidades mayores.
Así que no es necesario, y a mi entender no es conveniente, establecer medidas ‘para las mujeres’ en políticas activas de empleo, sino que basta con eliminar las prácticas viciadas que dan preferencia al trabajador industrial ‘de toda la vida’ y ‘padre de familia’. Estas prácticas contravienen los principios rectores de las políticas públicas según los cuales debe dedicarse más atención a quien más lo necesita. No se trata, pues, de ofrecer un trato de favor o ventajista a las mujeres sino de eliminar los sesgos de género, así llamados porque consisten en ofrecer un trato preferente a los hombres mientras se descuidan las situaciones que afectan a las mujeres. Con la neutralidad nos basta, la cuestión es distinguir entre las políticas verdaderamente neutrales frente al género y la apariencia de neutralidad (políticas llamadas en la literatura feminista ‘gender blind’ o ‘ciegas frente al género’). La cuestión, también, es vigilar los indicadores y presupuestos correspondientes desagregados por sexos dentro de cada categoría, pues existen evidencias estadísticas de que los hombres son más visibles que las mujeres, así en los servicios de empleo como en las empresas, en el sistema educativo y en todos los ámbitos y situaciones de la vida. ¿De qué nos sirven los programas especiales (sistemáticamente con un presupuesto simbólico) si se nos ignora en los programas generales? La mitad de la atención, ni más ni menos, eso es lo que necesitan las mujeres, y falta muchísimo para llegar a ello. Sistemas como las cuotas, la evaluación de género de (todas) las políticas de empleo, etc, son necesarios, no para dar preferencia a las mujeres sino para eliminar la preeminencia de la que hoy en día son objeto los hombres. No es necesario llamar a eso acción positiva: es simplemente justicia.
Las políticas activas de empleo no son suficientes, pues el mercado de trabajo es solamente una parte de la organización social. La reserva de mano de obra está compuesta, mayoritariamente, por mujeres casadas y otras que desarrollan tareas de cuidados en el entorno familiar, ya sea mantenidas por sus familias o por las, recientes en España, prestaciones para el cuidado. Son estas personas, y no otras, las que necesitan políticas específicas para su incorporación al mercado de trabajo. Las mujeres solas, con o sin cargas familiares, registran ya tasas de actividad similares a las de los hombres.
Sin embargo, las políticas públicas incitan a las mujeres a caer y/o a continuar en esa situación de cuidadoras que tan malas consecuencias les acarrea. La tributación conjunta en el IRPF y las crecientes oportunidades de retirada del mercado de trabajo para el cuidado de hijos/as y dependientes (por ejemplo las excedencias por cuidado de hijos/as, y muy especialmente ahora el artículo 18 de la Ley de Dependencia), la desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad, desincentivan la participación laboral de las mujeres casadas. Todas estas medidas tienen efectos negativos sobre el empleo de estas mujeres que se retiran, pero también del empleo femenino en su conjunto. Un empresario, a la hora de contratar a una mujer o a un hombre, no sabe si esas personas van a tener hijos o dependientes que cuidar. Lo que sí saben es que las mujeres tienen una probabilidad mucho más alta de ausentarse por razones de cuidado, lo que puede originarle costes extra-laborales importantes. Este fenómeno, que se conoce como ‘discriminación estadística’, afecta a todas las mujeres. No sería más lógico empezar por eliminar estos des-incentivos diferenciales? Si se quieren igualar las tasas de empleo de ambos sexos, lo más urgente es igualar e individualizar totalmente el sistema de impuestos y prestaciones. Para ello tampoco se necesitan programas especiales dirigidos a mujeres.
Pero ¿se quiere verdaderamente que las mujeres abandonen su rol de cuidadoras y/o de dependencia económica de sus maridos? ¿Se quiere que las mujeres casadas se incorporen al empleo de calidad? En ese caso, no basta con eliminar los obstáculos fiscales al trabajo asalariado de estas mujeres, ni siquiera bastaría con incentivar fuertemente su empleo. Con muchos menos impuestos podrían verse más impulsadas a trabajar pero, ¿qué harían con los niños/as y dependientes? Parece que en todo esto se olvida un importante detalle: si las mujeres casadas trabajan a tiempo completo en menor medida que los hombres, ello se debe en gran parte al coste de oportunidad (aunque esto se ignora en los modelos económicos clásicos, su disyuntiva no es ocio – trabajo sino trabajo doméstico – trabajo asalariado). ¿O es que se pretende que estas mujeres, ante unos salarios reales más atractivos, se incorporen al empleo sin abandonar el trabajo doméstico? ¿O quizás se piensa en que se incorporen a tiempo parcial, en posiciones precarias y con doble jornada de trabajo? Esto les complicaría aún más la vida y no les proporcionaría independencia económica. Queda, pues, pendiente la pregunta clave: ¿Qué hacemos con el trabajo doméstico?
Los ‘hasta 75 euros más al mes de ingresos’ que ha prometido el PP, ni cualquier subvención o desgravación indiscriminada para todas las mujeres trabajadoras, alcanzará a ser una ayuda significativa para el cuidado infantil a aquellas familias necesitadas. No moverá tampoco la tasa de actividad de las mujeres no casadas, pues estas ya están plenamente incorporadas. ¿A qué viene entonces este despilfarro? Es además un intervencionismo sin precedentes pretender incidir en los desequilibrios del mercado de trabajo subvencionando el 50% de la oferta. Sería divertido si no fuera trágico: los neoliberales convertidos en el colmo de intervencionistas. ¿Qué fue de la mano invisible?
A estas alturas tenemos ya suficiente experiencia acumulada para no tener que discutir en el vacío. Sabemos los efectos de unas y otras medidas, las políticas que han aumentado en algunos países las tasas de actividad de las mujeres casadas. Sabemos que, para que la mayoría de las mujeres puedan compatibilizar maternidad y empleo de calidad, son necesarias dos condiciones: servicios públicos de cuidado y corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico. Y sabemos las políticas que aumentan la dedicación de los hombres al trabajo doméstico: permisos de paternidad intransferibles, políticas educativas igualitarias e intervenciones específicas para el entrenamiento desde pequeños, horarios más cortos, eliminación de los topes de cotización a la Seguridad Social y de todos los demás incentivos a las jornadas excesivamente largas, etc. ¿Cómo es posible que los mismos que hacen oídos sordos a todas estas evidencias científicas inventen medidas tan imaginativas por no decir rocambolescas?
Tanta imaginación unidireccional solo tiene una explicación: en realidad estas personas no se imaginan ni por un momento que las mujeres puedan incorporarse al empleo en igualdad de condiciones que los hombres, y mucho menos que los hombres puedan compartir el trabajo doméstico en pie de igualdad. De hecho, siguen defendiendo un modelo de familia tradicional donde la mujer esté sometida al marido y cuide de los hijos en casa. Por eso ni piensan en eliminar la tributación conjunta, proponen alargar el permiso de maternidad y no impulsan un sistema de educación infantil público.
Que las mujeres se incorporen al empleo y a la vez sigan desempeñando su rol diferencial; que tengan niños/as y a la vez trabajen fuera de casa sin participación de sus maridos y sin servicios públicos. Todo esto puede alcanzar a un sector de la clase media, a costa del empleo precario de las mujeres inmigrantes; y ni siquiera permitirá que esas mujeres profesionales tengan la misma disponibilidad y las mismas posibilidades de promoción que sus compañeros hombres. Pero esta ‘solución’ no servirá para la mayoría de las mujeres. La mayoría no podrá permitirse pagar con su sueldo el cuidado de sus hijos/as y, aún con doble jornada, se verá abocada al trabajo precario, a periodos de inactividad y al tiempo parcial.
Estas supuestas ‘ventajas’ para las mujeres, como la rebaja de impuestos propuesta, nunca son tan generosas como para llegar a equilibrar las verdaderas diferencias (en este caso, aproximadamente el 30% de diferencia de ingresos medios). Tampoco atienden las necesidades de las personas realmente necesitadas. Mucho menos eliminan los factores que empujan a las mujeres a la dependencia económica. Sin embargo, contribuyen a la permanencia de la desigualdad: en lugar de atajar las causas, contribuyen a la falsa impresión de que se da preferencia a las mujeres. No se necesitan ‘políticas para las mujeres por ser mujeres’ ni compensaciones en lugar del salario y la posición que se han ganado por su formación y su trabajo, sino aplicar los principios de la actuación de los poderes públicos y de la política social a toda la ciudadanía.
En resumen, en lugar de tanta imaginación desperdiciada, ¿no sería más barato, más eficiente y más justo emprender de una vez por todas el camino de la igualdad? Basta con imaginarse una sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad y poner en pié las políticas públicas que se han demostrado eficaces para conseguirla. Imaginar que los hombres pueden cambiar de comportamiento y asumir su parte en el trabajo doméstico y de cuidados, al igual que las mujeres ya están asumiendo su parte en el trabajo asalariado. ¡Venga chicos, vosotros podéis!