Colombia afronta desastres políticos, institucionales y socioeconómico. El desastre político se evidencia en la desaparición de los partidos y por ende, las ideologías político-sociales y con ello, la sustitución de la ideología político-social, por la politiquería, el clientelismo, la mediocridad y la corrupción.
Esta realidad, impuso y consolido el modelo económico-político-inastitucional neoliberal y la concentración de la riqueza, la segregación socioeconómica y la inviabilidad del desarrollo integral nacional.
Bajo el imperio de la corrupción, tal como esta Colombia, no es posible implementar la justicia social y lograr reformas socioeconómicas e institucionales, que garanticen desarrollo integral, con equidad.
El desastre económico, político, institucional y social, solo se puede revertir a través de políticas de estado, que garanticen el ejercicio del poder, con honestidad y responsabilidad social, bajo el imperio de la ley.
Bajo las condiciones socioeconómicas e institucionales, que padece Colombia, es un imperativo moral, social y político, lograr y realizar profundas reformas para poder mejorar y dinamizar el desarrollo nacional y consolidación de la democracia.
Nuestra democracia adolece de muchas deficiencias crónicas, responsables de inequidad, desempleo y subempleo, alto índice de pobreza e indigencia, inseguridad ciudadana y jurídica, concentración inaudita de la propiedad de la tierra y, en general, de la riqueza, diversos tipos crónicos de violencia, corrupción incontrolada, desplazamiento forzado, violación sistemática de los derechos humanos, pésima calidad de la educación, déficit fiscal permanentemente creciente, etc.
La efectiva democracia solo es posible alcanzarla erradicando las causas que relativizan, niegan y desvirtúan la democracia real y los derechos sociales.
El Ejecutivo actual, ha presentado proyectos de ley, con el propósito de lograr determinadas reformas socioeconómicas. Pero diversos feudos políticos, representados en el Congreso, hacen mayorías y sistemáticamente impiden su aprobación, esgrimiendo pueriles y perversos argumentos, con los que, en el fondo y esencia, solo defienden incondicionalmente sus privilegios exclusivos, económicos y políticos.
Por ejemplo: En materia de seguridad social. Después de más de 30 años de aprobada la Ley 100 de 1993, persisten y se agravan problemas en el Sistema Nacional de salud.
El sistema de salud colombiano es caro e ineficiente y no cubre a todos, con oportunidad y calidad. Consume más el 8 por ciento del PIB, mientras que en Chile, Vietnam o Canadá no supera el 7 por ciento y tiene cobertura universal, es de buena calidad y es financiado, en su mayor parte, con impuestos. Pero además, el Sistema de Salud colombiano, esta tomado por la corrupción administrativa, la politiquería y el clientelismo. Se requieren reformas que lo reestructuren y lo hagan viable.
La total irresponsabilidad de los gobiernos, desde 1993, y la falta de control y regulación ha producido la explosión de costos de la atención en salud, provista por el sistema de aseguramiento, mayoritariamente privado, sin control y regulación del Estado.
Una reforma racional y responsable del sistema de salud no es fácil que la aprueben. Pues maneja más de $100 billones año 2025.
En Colombia, donde quiera que circule dinero del Estado, los tentáculos de la corrupción están al acecho. Pensiones y salud no son una excepción del problema.
Similar ocurre, con el régimen salarial y de pensiones y el saqueo de recursos públicos vía contratación pública, entre otros casos.
En pensiones, se debe resolver la coexistencia del régimen de prima media (RPM) con el régimen de ahorro individual. Informaciones oficiales, precisan que el 80 por ciento del subsidio del Estado a través del RPM lo recibe el 20 por ciento de pensionados con mega-pensiones.
Esa situación hace que, del gasto fiscal anual, de casi 5 billones de pesos se destine a pagar pensiones de solo 250.000 pensionados. Equivalente al 7,5 por ciento del total de recaudo por impuestos se destina al 0,44 por ciento de colombianos no pobres.
El régimen de pensiones existente es inequitativo e insostenible. Las reformas para superar el problema deben ser de fondo, con proyección en el largo plazo.
La Reforma pensional-salarial debe fijar límites legales, en cuantías y para acceder al derecho de pensión. Debe establecer que nadie en Colombia, en el sector público, se pensione antes de 65 años, ni tenga derecho a recibir más de 8 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de pensión y complementarios y que nadie, en el sector oficial pueda cobrar más de 15 salarios mínimos por concepto de salarios y complementarios y que con base en ello, linealmente se ajuste el Sistema Salarial estatal.
De esa manera, del 20 por ciento de pensionados más costosos, puede el fisco liberar 4 billones de pesos anuales y otros cuantos billones de otro porcentaje de pensionados con mesadas por encima de 8 salarios mínimos.
Es la única vía racional y equitativa para democratizar el régimen de pensiones, aliviar el efecto fiscal negativo y garantizar mesadas no inferiores a un salario mínimo y la denominada renta a mayores de 65 años que no lograron el derecho a pensión, pero que pueden probar estado de insolvencia económica y desamparo familiar.
Decisiones como las planteadas pueden hacer viable el sistema de pensiones, sin necesidad de asfixiar la economía con nuevas reformas tributarias. El problema se resuelve con racionalidad y responsabilidad social.
Reformas de ese alcance y especificidad, no son de fácil aprobación en el Congreso. Nuestra cultura de insolidaridad e irresponsabilidad social y política y obcecado apetito de dinero, comunes en la mayoría de los congresistas, hace imposible la aprobación.
Esas realidades nos demuestra la imperativa necesidad de lograr mayorías en el Congreso. De la misma manera, los recursos constitucionales de, plebiscito, referendo o consulta popular, sin mayoría en el Congreso, no son posibles.
Las experiencias cosechadas por el actual gobierno, con el trámite de reformas, socioeconómicas e institucionales, demuestran que dichas reformas, solo son posibles de ser aprobadas, si el gobierno que las presente, cuenta con mayorías en el Congreso.
Ante esta realidad política, el elector, tiene el desafío de no equivocarse al depositar su voto, en las próximas elecciones y los dirigentes políticos, partidarios y defensores de las reformas socioeconómicas e institucionales, durante la campaña política, deben explicar al elector, en detalle, todas las causas de la problemática nacional y quienes son los responsables de ella y explicarles a los electores, por quién conviene votar.
Corrupción en contratación: es imperativo, rescatarla de los corruptos delincuentes.
La Contratación Pública, debe ser reformada, minuciosa y hasta sutilmente. Investigaciones diversas, en diferentes épocas, demuestran que la corrupción en contratación pública es progresiva. Resultados de 2018, demuestran que por corrupción en contratación, Colombia perdió o le robaron, más de $60 billones, en ese año, equivalentes a tres (3) Reformas Tributarias, como la última probada.
Hay aspectos fundamentales, de la contratación pública, que el Estatuto Vigente no definió y ordenó correctamente. El ordenamiento legal de la contratación pública, no puede dejar resquicios de penetración del delincuente. Lo que estamos conociendo que ocurrió en materia de contratación pública, en los últimos ocho años y está ocurriendo, no tiene antecedentes en la historia política nacional. Bajo el imperio de la corrupción no es posible aclimatar la justicia social, ni lograr reformas que viabilicen el desarrollo con equidad. Bajo el imperio de la corrupción, no es posible aclimatar la justicia social y lograr reformas que viabilicen el desarrollo integral de la nación.
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