Hoy se conmemora el 70 aniversario del bombardeo de Gernika. Siete décadas han transcurrido desde que la legión Cóndor, enviada por la Alemania nazi en apoyo del alzamiento de Franco, redujera a escombros la villa foral. Este nuevo aniversario se conmemorará con una serie de actos que quieren servir de homenaje a las víctimas y […]
Hoy se conmemora el 70 aniversario del bombardeo de Gernika. Siete décadas han transcurrido desde que la legión Cóndor, enviada por la Alemania nazi en apoyo del alzamiento de Franco, redujera a escombros la villa foral. Este nuevo aniversario se conmemorará con una serie de actos que quieren servir de homenaje a las víctimas y ayudar a mantener la memoria. Un documental contribuirá en esta ocasión a esa labor, y en especial volverá a poner la atención en el hecho de que en Gernika trataron de cometer un crimen doble, el primero contra la población civil indefensa, el segundo contra la verdad.
Coincidiendo con el 70 aniversario de Gernika, el Gobierno de Lakua cursaba ayer mediante declaración oficial una doble petición al Estado español. De una parte, insistía en la reclamación de que el «Guernica» de Picasso debe ser trasladado al lugar que inspiró a su autor. Cabe añadir que sería oportuno que ese traslado se hiciera a tiempo de que los supervivientes pudieran contemplar una obra que ha servido como pocas para denunciar la barbarie fascista.
Manifiesta en su segunda petición el Gobierno de Lakua que el Gobierno y el Parlamento españoles deben pedir perdón a las víctimas del bombardeo y condenar el franquismo. Una petición, igualmente, de justicia, pero que Lakua fundamenta en un argumento falaz como pocos. Expresa que «el actual Gobierno y el Parlamento españoles son herederos de aquel Gobierno legítimo de la República» y tienen por tanto «la legitimidad democrática para condenar la dictadura franquista y pedir perdón por todos los crímenes cometidos en nombre de España». Las actuales instituciones españolas no enlazan con la legitimidad republicana. Al contrario, emanan de un proceso de reforma que conecta, nada menos que por la cabeza del Estado, con la dictadura franquista, y se fundamentan en una Constitución que autoriza al Ejército a intervenir para «preservar la unidad de España». Ni en 1937 ni en 2007 son admisibles las falsificaciones. La memoria y la justicia son esenciales en la construcción de una paz justa que setenta años después sigue pendiente.