Texto leído en el acto de homenaje a Antonio González Ramos, organizado por el Ayuntamiento de La Laguna en el 40º aniversario de su asesinato el 29 de octubre de 2015
No recuerdo el día, pero sí el mes, fue a mediados de diciembre de 1974. Yo trabajaba entonces como redactor en el periódico El Día, donde llevaba, entre otras, la sección de laboral, y vinieron a verme cinco trabajadores de la fábrica de tabacos Philip Morris, a los que habían despedido por haber organizado una reclamación de mejores condiciones salariales y laborales. Recuerdo los nombres de tres de ellos: Luis Molina, Chicho Montesinos y Antonio González Ramos. Venían de parte de su abogado, mi amigo y antiguo camarada de la organización universitaria del PCE, Alfredo Horas Casanova, que había abierto unos meses antes el segundo despacho laboralista de Tenerife (el primero fue el de Ana María Polo, en 1967).
Después de este primer encuentro y de la correspondiente información en el periódico sobre las circunstancias que habían ocasionado el despido, entre ellas la huelga -ilegal, naturalmente- con que los trabajadores intentaron presionar a la empresa, seguí viéndome con los obreros sancionados, e incluso informé en el periódico del juicio que tuvo lugar un mes más tarde ante la Magistratura del Trabajo. Sin entrar en el fondo del asunto -es decir, sin considerar si eran justas o no las reivindicaciones del personal- el magistrado, Alfredo Pedreira Gómez-Zamalloa, un típico juez franquista, sentenció el despido de los cinco obreros por «injurias y coacciones» a la dirección de la empresa.
UN OBRERO ‘CONCIENCIADO’.- Fue el inicio de una amistad y de una militancia política. Yo entonces era miembro de la Oposición de Izquierdas del PCE, la OPI, que a finales del 75 se convertiría en el Partido de Unificación Comunista de Canarias, el PUCC. Antonio y sus compañeros ingresaron en OPI y pasaron a formar parte del sector obrero del incipiente partido, integrado mayoritariamente por estudiantes y profesores universitarios escindidos del PCE.
Antonio González no; él era un obrero concienciado, como decíamos entonces. Había emigrado a Alemania en los años 60 y allí, en los círculos de la emigración española, entró en contacto con el Partido Comunista.
Un día nos contó su despedida de los compañeros de Alemania:
-Vuelvo a España. ¿Cómo encontraré al Partido?
-Búscalo en el pueblo -le contestaron.
En Opi, Antonio y sus amigos trabajaron especialmente en la organización de las entonces clandestinas CC.OO., que en Tenerife eran todavía más un proyecto que una realidad. La OPI, y después el PUCC, se esforzaron por mantener el carácter de movimiento socio-político, no estrictamente sindical, de Comisiones y a ello se entregó Antonio con todo su entusiasmo. También al movimiento vecinal en el Ortigal y en el Camino Guillén, donde vivía, así como en El Portezuelo, la Montañeta y otros pueblos rurales del norte de Tenerife, donde dejó su impronta de activista ciudadano y todavía es recordado por los que entonces le conocieron y coincidieron en sus afanes.
EL ASESINATO.- Todos estos proyectos y tareas, su amor por su esposa y sus hijos, sus ansias de mejorar la vida de sus semejantes, fueron truncados la noche aciaga del 30 de octubre de 1975. En una concatenación de casualidades nefastas Antonio cayó en las garras de una fiera con aspecto humano, el comisario-jefe de la Brigada de Investigación Social, policía política del régimen, José Matute Fernández.
Los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera: Antonio había pedido a un amigo que le guardara una serie de panfletos y documentos de OPI, que no quería tener en su casa por temor a un posible registro, ya que era una persona políticamente significada. Este amigo que vivía en el barrio de La Montañeta, guardó los panfletos en una dependencia de su casa, donde tenía también unos cartuchos de dinamita destinados a la pesca clandestina. La tarde del 29 de octubre un hijo menor de edad de este hombre fue interceptado por la Guardia Civil conduciendo una furgoneta ajena. Presionado como es habitual en estos casos, el muchacho eludió el castigo contando a los guardias que su padre guardaba en su casa propaganda comunista. Los civiles lo comunicaron a la policía y Matute entró en acción. Registraron la vivienda y encontraron los papeles y la dinamita.
Fue suficiente para exacerbar el celo de los sicarios, temerosos ante las incertidumbres que abría la enfermedad que iba a llevar a la tumba al Caudillo un mes más tarde, y ansiosos de apuntarse el tanto de desarticular una banda terrorista. La OPI era un grupo comunista clásico, que basaba su estrategia en la lucha de masas, sin opción al atentado individual y, por otra parte, en Canarias no se había producido todavía ningún acto de este tipo (la campaña del MPAIAC empezaría meses más tarde). Pero estas consideraciones no detuvieron a los esbirros, empeñados en hacer confesar a Antonio su implicación en tales actividades.
Así, sobre las once de la noche le detuvieron en su casa, ante el horror de su familia, y le
trasladaron a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, situados en los bajos del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, del que era titular Modesto Fraile Poujade. Allí el comisario, cinturón negro tercer dan de judo, José Matute Fernández, golpeó hasta la muerte al obrero luchador por una vida más libre, más digna y más feliz para su gente, Antonio González Ramos.
LA JUSTICIA EN ACCIÓN.- Cobardemente, los asesinos intentaron ocultar su crimen, aduciendo que Antonio había muerto cuando, trasladado en coche a una verificación, se arrojó del vehículo en marcha. Ante lo inverosímil de esta versión, que incluso fue publicada en la prensa, y por la filtración de las verdaderas circunstancias de la muerte de Antonio, realizada por policías demócratas ajenos a la Brigada Social, la maquinaria de la justicia se puso en marcha. Un joven fiscal, Mariano Fernández Bermejo, que andando el tiempo sería diputado socialista y ministro de Justicia en uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, impulsó la investigación, que dirigió el juez de la Audiencia tinerfeña, Rodolfo Soto Vázquez.
El terrible destrozo de órganos internos que mostró la autopsia del cadáver de Antonio fue un indicio claro de que las cosas no habían sucedido como afirmaba la versión policial. Para confirmar esta impresión el mismo fiscal hizo una reconstrucción de los hechos, pidiendo a la policía que, esposado, lo introdujera en el coche patrulla tal como habían hecho con Antonio. Como era de prever, Fernández Bermejo no pudo tirarse del automóvil. Con las manos esposadas y flanqueado por dos agentes ni siquiera pudo abrir la puerta del coche.
El 2 de diciembre de 1975 el juez dictó auto de procesamiento contra Matute y contra el cabo primero de la guardia civil, José González Álvarez, como autores y cómplice, respectivamente de un delito de coacción y otro de homicidio en la persona de Antonio González Ramos, decretando la prisión provisional del primero y la libertad condicional del segundo.
LA AMNISTÍA.- Pero ante el cariz que tomaba el asunto, Matute, con la colaboración de su entorno policial netamente fascista, huyó del país en compañía de José González. Primero estuvieron en Brasil y después en Venezuela, de donde regresaron a Tenerife en 1977, sabedores de que serían beneficiarios de la amnistía, que entraría en vigor en breve tiempo. Matute ingresó en prisión en Madrid, donde fue señalado el juicio para el 9 de noviembre de ese año, pero salió libre en octubre, en virtud de la Ley 46/1977de Amnistía, promulgada el 15 de dicho mes, que en su artículo segundo disponía que «quedará también extinguida cualquier responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los delitos amnistiados por esta ley».
FUNERAL Y MANIFESTACIÓN.- Antes de esto, en diciembre de 1975, diez o quince días después de la muerte de Franco, había tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife una manifestación de protesta por el asesinato de Antonio. Convocado mediante esquelas en los periódicos locales, firmadas por colectivos obreros y ciudadanos -los partidos políticos seguían siendo ilegales-, se realizó un funeral en la iglesia de San Francisco de la capital tinerfeña, al que asistieron varios centenares de personas.
A la salida, intentamos concentrarnos en la Plaza de la Candelaria, pero un exagerado despliegue policial, al frente del cual se encontraba el delegado especial de la Dirección General de Seguridad en Canarias, Juan García Gelabert, nos dispersó por las calles adyacentes. En esta operación se emplearon a fondo, muy nerviosos, los sociales del entorno de Matute, como Ciro Llera Parra, Lorenzo López Corredera, Ángel Risueño o Carlos Gordo Sobrino, algunos de ellos empuñando sus pistolas. López Corredera incluso me agredió, a pesar de hacer valer mi condición de periodista, lo que motivó la protesta pública de la Asociación de la Prensa de Tenerife.
UN EJEMPLAR TÍPICO.- Matute era un ejemplar típico de la Brigada Político-Social, creada formalmente en 1941 con el asesoramiento de Paul Winzer, adjunto de Heinrich Himler y oficial de las SS y de la Gestapo, siendo uno de sus principales impulsores el palmero Blas Pérez González, ministro de la Gobernación de 1942 a 1957 (para que luego digan que Canarias no ha dado «grandes hombres» a la patria). Desde un principio «la tortura, en régimen de expresa impunidad», fue una de sus prácticas habituales, según denunció, incluso bajo el franquismo, la asociación Justicia Democrática, integrada por jueces, fiscales y abogados contrarios al régimen.
No es de extrañar, pues, la ideología fascista de Matute y su vinculación con grupos de extrema derecha, concretamente en Tenerife y en los años 70, con Fuerza Nueva, en cuyos actos era frecuente que participaran él y agentes de su entorno, como Ciro Llera y otros.
Según expone el periodista Joan Cantarero en su libro La huella de la bota, en el que le vincula a las tramas negras del postfranquismo, Matute aleccionaba a los alumnos de sus clases de judo, niños y adolescentes de entre 9 y 15 años: «Era especialmente agresivo en los kumites (combates de entrenamiento donde interpretábamos el papel de agresor y de agredido. <
CAMBIO DE PIEL.- Una de las tres o cuatro veces que visité contra mi voluntad la sede de la Social en Tenerife, fui interrogado -sin que mediara violencia física, todo hay que decirlo-, por un pintoresco personaje, Alberto Mas Ayuso, chuleta y borrachín impenitente, que me aleccionó con su particular convicción de que la policía siempre es necesaria y que cuando muriera Franco y el régimen posiblemente cambiara, él seguiría siendo policía y yo continuaría siendo un mindundi sometido a las normas de las que la policía es garante. Para mis adentros pensé que el tipo estaba aviado, pues lo primero que haríamos en ese caso era disolver los cuerpos represivos del régimen, una de las consignas del momento.
El que estaba aviado era yo, pues tal como se realizó la transición, estos fascistas irredentos se transformaron en defensores de la democracia con un simple cambio de nombre, la Brigada de Investigación Social se reestructuró como Brigada Central de Información y de represores de comunistas y demás ralea sus integrantes pasaron, por decreto, a ser defensores de sus derechos como ciudadanos.
Así, después de ser amnistiado, José Matute, se reincorporó al cuerpo y estuvo trabajando en labores administrativas en Madrid (en una de ellas como encargado de la oficina del DNI, fue objeto de noticia periodística por haber agredido al subjefe del servicio; seguía tan matón como siempre). Así mismo, los miembros de su entorno más cercano continuaron sus respectivas carreras, algunos reciclados en demócratas de toda la vida, como el citado Lorenzo López Corredera, que casi me parte la cabeza de un culatazo cuando la manifestación por el asesinato de Antonio y que en tiempos del titular de Interior del PSOE, José Barrionuevo -el ministro de los GAL- y siendo director general de la policía el también socialista Rodríguez Colorado, fue nombrado comisario general de Seguridad Ciudadana. Las notas de prensa al respecto hablaban de su «pasado democrático» y «su buen hacer profesional».
En cuanto a Ciro Llera, la mano derecha de Matute, realizó la mayor parte de su actividad profesional en Barcelona. Rastreando por internet he tropezado con dos noticias que demuestran que siguió fiel a su ideología ultra. En una de ellas, aparecida en el Periódico en 1982, se informa que fue separado temporalmente del servicio por su vinculación con la filtración de datos confidenciales sobre políticos y partidos de izquierda a grupos neonazis catalanes. En la otra se alude a su inactividad cuando, estando al frente del operativo de seguridad en los actos del Día de la Hispanidad de 1991 en Barcelona, no hizo nada para impedir el apaleamiento de unos ciudadanos a manos de un numeroso grupo de ultras. En esta misma noticia se le relacionaba con sectores neonazis y militares involucionistas.
LA MEMORIA DE ANTONIO.- La memoria y el ejemplo de Antonio González Ramos perduró entre sus compañeros y nunca ha desaparecido, como prueba la asistencia a este acto multitudinario de muchas personas que fueron partícipes de sus afanes y su lucha, truncada por la muerte. El PUCC convocó actos de homenaje ante su tumba en el cementerio de La Laguna todos los años hasta su autodisolución en los 90, empapeló con carteles conmemorativos muchas calles de Tenerife (en su segundo aniversario, la extrema derecha, seguramente con la anuencia de la Social, colocó sobre algunos de ellos unas tiras de papel con la leyenda «El asesino de las bombas») y propuso, a través de UPC, que el Ayuntamiento de La Laguna diera su nombre a una calle de la ciudad. Está en San Benito, entre las calles Cruz de Candelaria y Buenaventura Bonnet.
LOS MUERTOS DE LA TRANSICIÓN.- En los años 1975, 1976 y 1977 hubo en Tenerife cuatro muertos a manos de las llamadas fuerzas del orden. El 26 de octubre del 75, el obrero cabuquero Antonio Padilla Corona, fue tiroteado por la guardia civil en Adeje, cuando en unión de dos amigos se disponía a pescar clandestinamente con dinamita. Su muerte yace en el olvido, pues no tuvo motivaciones políticas y sólo se enteraron sus más allegados. Tres días más tarde fue asesinado Antonio González Ramos. Un año después, el 22 de septiembre de 1976 fue ametrallado por la policía en el barrio de Somosierra, de Santa Cruz, el estudiante de magisterio Bartolomé García Lorenzo, dando lugar al mayor levantamiento popular que ha habido en Tenerife en los últimos 40 años. Por último, el 12 de diciembre de 1977 fue asesinado por la guardia civil en las escaleras del antiguo edificio universitario de La Laguna el estudiante de Biológicas Javier Fernández Quesada.
Si bien es cierto que en esos años hubo una gran actividad social y política en Tenerife, sobre todo con las huelgas obreras de 1977, nunca fue tan crítica la situación como para justificar estos crímenes, que deben achacarse al clima de terror que impuso el régimen en sus estertores finales y que tuvo su máxima expresión en el Decreto-Ley 10/1975 de 26 de agosto, una durísima ley antiterrorista, que dio lugar de inmediato a los últimos fusilamiento legales de la dictadura en septiembre de ese mismo año y a la ola de asesinatos de todo signo que continuó en los años inmediatamente posteriores. La «modélica» transición tiene en su haber cerca de 600 muertos, entre ellos los cuatro de Tenerife, lo que contrasta con la casi incruenta Revolución de los claveles de Portugal.
Hoy, que el capitalismo feroz y rampante pretende hacer tabla rasa con todo aquello por lo que lucharon y murieron personas como Antonio González Ramos debemos redoblar nuestros esfuerzos por recuperar las plenas libertades y derechos que entonces no fueron posibles.
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