Si hay un elemento diferencial, en lo que se refiere a la Memoria Histórica de la lucha antifascista, respecto al resto de Europa, es que, en España, se perdió la guerra contra el fascismo. En los países europeos, los estados, una vez terminada la II Guerra Mundial, pusieron manos a la obra e iniciaron un […]
Si hay un elemento diferencial, en lo que se refiere a la Memoria Histórica de la lucha antifascista, respecto al resto de Europa, es que, en España, se perdió la guerra contra el fascismo. En los países europeos, los estados, una vez terminada la II Guerra Mundial, pusieron manos a la obra e iniciaron un proceso inmediato de reconocimiento a las victimas, localización de desaparecidos, resarcimientos morales y económicos y persecución de aquellos que habían cometido crímenes contra la humanidad. El estado franquista hizo lo propio; reconoció, a lo largo de los casi cuarenta años que duró, a las víctimas del llamado «terror rojo», localizó a los desaparecidos de su propio bando, los resarció moralmente, con creces, mediante homenajes constantes y monumentos; proporcionó todo tipo de pensiones y privilegios a las familias, y persiguió sin descanso a todos sus opositores políticos. Sin embargo, los leales a la II República, las personas de diferentes ideologías que defendieron la legalidad republicana, el sistema democrático y de libertades de que se había dotado el pueblo español a partir del 14 de abril de 1931, nunca tuvieron oportunidad de ser reconocidos y resarcidos y, los criminales que les encarcelaron, torturaron y asesinaron nunca fueron perseguidos.
Durante el periodo de transición, la correlación de fuerzas existentes facilitó el olvido y la impunidad. La Ley de Amnistía de 1977, se transformó en una «ley de punto y final» que, transcurridos los años, se ha mostrado como barrera para impedir el paso hacía una democracia avanzada, toda vez que vulnera todos los acuerdos internacionales respecto a la defensa de los Derechos Humanos, y ha corrompido nuestra sistema de valores, que se encuentra asentado sobre la impunidad de los crímenes franquistas.
Muchos militantes de izquierda que, en estos momentos, estamos llegando a la madurez, no nos sentimos identificados con los valores de la «Transición». Lo vemos como un periodo intermedio, como algo provisional con lo que hay que terminar de una vez, ya que sobre la desmemoria que generó no se puede construir una verdadera democracia. La Ley de Amnistía de 1977 sirvió para generar, entre el bloque franquista, las contradicciones necesarias que abriesen el paso a negociar la absorción de la oposición democrática en un estado híbrido, que supuso, en la realidad, la transformación de las instituciones franquistas para dotarlas de una imagen de democracia moderna y, al mismo tiempo, legitimar el control del poder real del estado por parte de las oligarquías españolas, que habían usado el franquismo para mantener su dominio. Se abrían espacios de libertad, pero con esta Ley de «punto y final» se ponían las bases para que las clases dominantes usasen la democracia de la misma forma que había usado el franquismo para mantener sus privilegios de clase.
Asumimos que, en aquellos momentos, a la oposición democrática no le quedó más remedio que negociar para dotarnos de un marco mínimo de convivencia, y más, teniendo en cuenta que el aparato de poder franquista estaba aún en pleno apogeo. En estos momentos, somos ya muchos los que consideramos que ha llegado la hora de la ruptura democrática que en su momento no pudo hacerse si queríamos tener una régimen mínimo de libertades, de dar varios pasos más allá de los dados durante estos últimos treinta años. La Ley de Amnistía de 1977, y toda la legislación posterior que se apoyó en el espíritu de la misma, están impidiendo, en la actualidad, le evolución hacía una democracia avanzada. En nuestro horizonte se encuentra una sociedad defensora de los Derechos Humanos y dispuesta a luchar contra la Impunidad de aquellos que los vulneran, la República como marco de una democracia participativa y real, tanto en lo económico, como en lo político y cultural, y una sociedad civil fuertemente organizada, impregnada ideológicamente de estos valores, constituida como contrapoder frente a los grandes poderes económicos, políticos y militares que, capitaneados por el imperialismo norteamericano y sus cómplices de la Comunidad Europea, controlan este mundo globalizado.
Lo que se ha dado en llamar «Recuperación de la Memoria Histórica» en nuestro País tiene esta función (entre otras): la de poner en evidencia la impunidad del franquismo, que no es otra cosa que poner de relieve como la represión y el asesinato de miles de militantes sociales, sindicales y políticos ha servido de base para mantener unos privilegios de clase, tanto durante el franquismo como después de la muerte del dictador. Pero, también, situando los hechos en el contexto histórico actual, en un mundo globalizado, explicar que lo ocurrido en España sirvió de modelo para derrotar las causas populares por conseguir mejores condiciones de vida, en muchas partes del mundo. El paralelismo existente entre lo ocurrido en España y cualquier otro país en el que, en un momento determinado, los pueblos, constituidos en contrapoder, amenazan con conquistar el poder del estado y, con ello, acabar con los privilegios de las clases dominantes, éstas han usado los mismos métodos coercitivos para impedirlo. Lo ocurrido en Chile, Argentina, Guatemala y un largo etcétera son una copia de lo ocurrido en España.
Nos congratulamos de que el Estado Español persiga los crímenes contra la humanidad, en cualquier parte del mundo pero, al mismo tiempo, nos repugna la doble moral de la que hace gala al actuar con excesiva prudencia (por no decir miedo) respecto a lo ocurrido en nuestro País. Creemos que esta doble moral está asentada sobre el mantenimiento de los privilegios de clase de los grandes poderes económicos, las oligarquías españolas y, sobre todo la defensa de la Corona, que participó activamente en el régimen de terror impuesto por el franquismo, que es heredera de todos sus valores y, al mismo tiempo, piedra fundamental sobre la que se sustenta toda la estructura de poder en nuestro País. Hay que recordar que cuando el dictador caía enfermo, el entonces príncipe, Juan Carlos de Borbón, asumía las funciones de Jefe del Estado, sin olvidar el apoyo económico y político de Alfonso XIII a los militares golpistas, o el ofrecimiento de Juan de Borbón para combatir como voluntario en el ejército franquista. Tenemos un Rey que juró los principios fundamentales del movimiento pero que nunca ha jurado la Constitución, un personaje que no permite que se hable mal de Franco ante su presencia. ¿Qué clase de democracia es esta en la que el Jefe del Estado no ha jurado la Constitución y justifica a un asesino genocida?
Estamos convencidos que la Casa Real Española se encuentra detrás de todo impedimento para perseguir la impunidad del régimen franquista en nuestro País, que gran parte de la magistratura participó de aquel régimen y está controlada por muchas de las fuerzas que lo mantuvieron vivo, que ocurre lo mismo con una buena parte del ejército y las fuerzas de orden público, así como con las altas jerarquías de la Iglesia Católica y, por supuesto, con muchos de los grandes poderes económicos. No hay más que ver como muchos de los archivos de la represión están secuestrados por el Ejército, la Policía, la Guardia Civil y el Poder Judicial que actúan, respecto a este tema, como si fuesen entidades privadas a las que no afectan las leyes, ni los acuerdos parlamentarios. Se retirarán los símbolos franquistas de las vías públicas (con nocturnidad para que no se ponga al descubierto el déficit democrático existente), pero… ¿Cuándo se retirarán de los cuarteles? ¿Estamos hablando de un ejército democrático cuando se hace apología del golpismo manteniendo retratos, estatuas y otros símbolos de la dictadura en lugares privilegiados de los mismos? Una estatua de Franco sigue presidiendo la Academia Militar de Zaragoza en la que se forman los futuros oficiales del ejército. ¿No sería más lógico que los referentes fueran los militares profesionales leales al Gobierno Legítimo surgido de las elecciones de febrero de 1936? Muchas de las fuerzas democráticas siguen viviendo con miedo esta situación, y si se vive con miedo es que el régimen franquista ha perdurado en el tiempo, a pesar de la aparente democracia. De ahí viene la gran contradicción en la que estamos inmersos, en la cual se persigue tenazmente la vulneración de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, pero se mira hacía otro lado cuando se ponen en evidencia los crímenes urdidos por el franquismo en nuestro País. ¿Hasta donde está dispuesta a llegar la Comisión Interministerial de Memoria Histórica? ¿Está dispuesta a aconsejar al Gobierno la anulación de la Ley de Amnistía del 77 tal como se ha hecho recientemente en Argentina con su Ley de Punto y Final? ¿Está dispuesto el Fiscal General del Estado a perseguir a criminales de delitos que no prescriben? ¿O va a ser necesario llegar a los tribunales penales internacionales? Si las estatuas de Franco se están retirando con miedo, por la noche, sin convocar a los ciudadanos a festejar lo que debería ser una auténtica fiesta de la democracia; si se está actuando con ese miedo ¿Podemos esperar que en algún momento se persiga a aquellos franquistas que, aún vivos, cometieron crímenes contra la humanidad? Hay que recordar que muchos muertos y muchas torturas se produjeron durante los últimos años del franquismo y los años de la transición y que los criminales que lo hicieron, sus inductores, los responsables políticos que lo ocultaron (cuando no lo ordenaron directamente) siguen en activo, muchos de ellos ni siquiera tienen la edad de la jubilación. Busquemos en el ejército, en la policía, en la judicatura, en los consejos de administración de la banca y las grandes empresas…Si estos crímenes quedan impunes, si estos criminales no son procesados… ¿Estamos realmente poniendo las bases para que no vuelva a repetirse? ¿O sencillamente estamos invitando a que vuelvan a cometerse crímenes de estas características en el futuro? Vivimos una democracia de miedo e impunidad. El movimiento por la recuperación de la Memoria Histórica está luchando contra ambas cosas, si consigue vencer, al rescatar el recuerdo de los hombres y mujeres que defendieron la II República contra el fascismo y conseguir que se haga justicia, estará ayudando a que se abra el camino hacia una democracia avanzada que será totalmente incompatible con una monarquía que, según las evidencias, podría ser procesada por complicidad en crímenes contra la humanidad. Al hacerlo estamos dando pasos para que se inicie un debate que nos permita abrir el camino hacia la ansiada III República.
Viva la II República
Viva los hombres y mujeres que la defendieron
… Y viva la III