La Acusación Popular reclama al Tribunal Supremo, por medio del recurso de casación, que deje sin efecto el auto de la Audiencia Nacional que acordaba el archivo de la causa contra 7 altos cargos israelíes por el bombardeo de Gaza en el año 2002. La Acusación Popular deconstruye los mecanismos de impunidad israelí que forma […]
La Acusación Popular reclama al Tribunal Supremo, por medio del recurso de casación, que deje sin efecto el auto de la Audiencia Nacional que acordaba el archivo de la causa contra 7 altos cargos israelíes por el bombardeo de Gaza en el año 2002.
La Acusación Popular deconstruye los mecanismos de impunidad israelí que forma parte de la conquista y ocupación israelí. Considera que no existe un sistema independiente judicial en Israel y que la jurisdicción universal actual es aplicable en el caso de Gaza si no se quiere premiar la impunidad.
Se ha presentado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la mayoría de la Audiencia Nacional (hubo 4 votos particulares en contra de la decisión mayoritaria) de pedir el archivo de la causa contra 7 altos cargos israelíes responsables de un bombardeo con una bomba de una tonelada de peso contra un barrio poblado de Gaza en el año 2002 que ocasionó el asesinato de quince personas civiles.
El recurso tiene dos líneas argumentales, la prímera considera que el Fiscal no podía recurrir el auto de admisión inicial del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional dado el reconocimiento implícito de que los hechos encausados eran graves, calificados de crimen contra la humanidad y que se admitía la responsabilidad del bombardeo de los acusados.
La segunda línea del recurso confronta la opinión del ministerio fiscal español que pidió el archivo de la causa porque rechazaba las competencias de los tribunales españoles para juzgar. Y lo hacía por entender que había una investigación en marcha en Israel y que la Justicia israelí es independiente del Ejecutivo y que acata las directrices del derecho. Sobre este segundo apartado, el recurso de casación amparándose en nuestro ordenamiento jurídico y de lo que establece la Legalidad Internacional, «si es que la misma interesa a alguien’ deconstruye los mecanismos de impunidad procesales israelíes, en los que el Tribunal Supremo israelí forma parte y como tal acata la jerarquía de conquista y ocupación israelí.
La acusación popular denuncia que la opinión de la mayoría de la Audiencia Nacional avala mecanismos de represión israelí y acepta investigaciones militares israelíes sobre sus mismas acciones y acusados, que no se compadecen con la independencia de una investigación penal. Por el contrario, en el recurso se recogen explícitamente párrafos del reciente Informe de las Naciones Unidas, Informe Goldstone, que vuelve a señalar las añagazas israelíes con lenguaje jurídico para seguir construyendo impunidad.
Hay que mencionar que el Informe Goldstone hace un elogio de la jurisdicción universal española que el Gobierno del PSOE y sus aliados conservadores han decidido anular.
La Acusación Popular considera que el Recurso hará que el Tribunal Supremo revoque la decisión de la mayoría del Pleno de la Audiencia Nacional y que se logrará dar una pequeña satisfacción para las víctimas que desde el año 2002 no han podido en ningún tribunal ver cumplido su derecho a que se haga justicia y que se impida la impunidad y las políticas de ‘razones de Estado’.
[Nota complementaria de Al Quds-CSCA]
La causa, admitida en la Audiencia Nacional, cuya acusación particular la promovieron familiares de las víctimas, impulsado por el Centro de Derechos Humanos de Gaza (PCHR), dirigido por Raji Sourani, afecta al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes por un delito de guerra contra la humanidad tras el ataque en la Franja de Gaza (Territorio Ocupado de Palestina) el 22 de julio de 2002 en el que fueron asesinados un líder de Hamas y catorce civiles.
La querella se remonta al año 2002 pero como es lógico no se descarta presentar nuevas demandas documentadas de otras matanzas israelíes.
La Comunidad Internacional, la Unión Europea, los Gobiernos estadounidense, europeos, desde Rodríguez Zapatero a los demás, han dejado hacer siempre, con impunidad, e incluso premiando al ocupante y agresor israelí, obviando la ocupación, el bloqueo, las expropiaciones, expoliación de recursos o las matanzas periódicas israelíes. La ayuda humanitaria y las conferencias de donantes, periódicamente necesarias ante la destrucción impune israelí, son parapetos de inacción política o de abierta complicidad con el agresor, al que se recurre como proveedor de esa ayuda material a las víctimas, alimentando su economía colonial y de guerra.
Las acciones coordinadas que están llevando a cabo las organizaciones sociales y solidarias en Palestina y en Europa vienen a llenar el vacío que ha dejado la Comunidad Internacional en el tema palestino, es más, suplantan a los gobiernos en su búsqueda de la justicia, mientras que estos mismos gobiernos, hacen dejación de su papel político dado que no tratan, en ningún caso, de resolver el problema de fondo: la ocupación de Palestina y toda la cadena de crímenes que se vienen cometiendo con total impunidad sobre la población civil palestina y sus bienes.
El Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza ha iniciado y lleva casos abiertos por las acciones del ejército israelí en países tan diversos como Gran Bretaña, Estados Unidos Nueva Zelanda, Suiza y Holanda. Este es el primer caso que se presenta en España en búsqueda de justicia para las víctimas civiles de la ocupación israelí.
Documentación:
Sobre el Pleno de la Audiencia Nacional
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english:
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sobre Raji Sourani:
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Otros casos:
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