El año 2009 se despidió con datos que muestran una crisis sin precedentes. El desempleo se ha convertido en la principal preocupación del 79% de la población. Y es que con 4.123.000 de parados/as, el 18% de la población activa (EPA de Octubre), el paro es el azote de la clase obrera. Son más de […]
El año 2009 se despidió con datos que muestran una crisis sin precedentes. El desempleo se ha convertido en la principal preocupación del 79% de la población. Y es que con 4.123.000 de parados/as, el 18% de la población activa (EPA de Octubre), el paro es el azote de la clase obrera. Son más de 1.525.000 puestos de trabajo perdidos en el último año, un desempleo que se ha cebado en los jóvenes, los/as inmigrantes y en sectores como la construcción con 867.000 puestos de trabajo perdidos o la industria con más de 500.000. Cerca de un 1.300.000 personas en paro no perciben ingreso alguno; miles de trabajadores/as están atrapados en la Ley Concursal sin cobrar durante meses, y en algunas zonas del Estado, como Andalucía, uno de cada cuatro asalariados cobra por debajo de la mitad del salario mínimo, es decir vive con menos de 5 euros al día. Son cifras oficiales que hablan por sí solas. Contra el discurso cada vez más vacío, del Gobierno, lejos de remitir la crisis, lo peor está por venir. El diario El País en su última portada del año titulaba: «Zapatero augura más desempleo en 2010, pese a la salida de la recesión». Toda una declaración para quien lleva dos años intentando negar las evidencias.
Más recortes para salvar el déficit público
Haciendo verdaderos malabares semánticos dicen: «comenzamos a superar la recesión, ahora en la recuperación hay que pasar la crisis». ¡Como si lo que venimos pasando no fuera ya una crisis descomunal! Pero, en rigor, no les faltan elementos para hacer tal afirmación. Los Gobiernos, el de EEUU, los de la UE y el de Zapatero evitaron la Depresión a costa de una multimillonaria aportación de dinero público. Los que durante décadas defendieron a ultranza el credo neoliberal, apelaron al Estado para apuntalar el sistema financiero, rescatar a los grandes bancos y a las compañías multinacionales, en particular a la industria automotriz. Esta multimillonaria intervención de los Estados para salvar los negocios de los capitalistas logró en varios casos una ligera «recuperación» (ver artículo de José Weil), lo que da alas al discurso de que ya estamos «en el inicio de la recuperación». Pero esta política, sin revertir la tendencia general de la crisis, ha generado nuevas y mayores contradicciones, que van a exigir medidas draconianas contra los trabajadores. De ahí que hablen de que «ahora viene la crisis y su gravedad». La primera consecuencia es el enorme déficit público generado, en una escala desconocida. Las reglas de equilibrio presupuestario de la Unión europea del Tratado de Maastricht se volatilizaron al salir cada cual a socorrer a sus bancos. En el Estado español las ayudas millonarias a la Banca o a las multinacionales del automóvil han hecho que el déficit del Estado se multiplique por cinco y alcance el 10% del PIB en 2009. El brutal incremento de la Deuda pública genera una nueva burbuja financiera que tienen que desinflar atajando sin miramientos el déficit público, lo que significa, a corto y medio plazo, un drástico recorte de los gastos sociales en todos los servicios públicos, educación, pensiones, sanidad, empleos públicos. Significa también que el Estado va a incrementar la recaudación, lo que implica un aumento de los impuestos, en especial los que más gravan a la clase obrera y a los sectores populares: los impuestos indirectos, como es el caso de la subida este 1 de julio de dos puntos del IVA.
Más cierres de empresas
Otra consecuencia es que (precisamente porque la intervención del Estado amortiguó la crisis) no se ha llegado a quemar ni de lejos el exceso de capital existente, ni el financiero ni el productivo y persiste una grave crisis de sobreproducción. El dato más relevante es la propia industria del automóvil tanto a escala mundial como aquí, donde pese a la escabechina de puestos de trabajo (Seat, Renault, Nissan, GM, Ford… y la industria auxiliar) se anuncian nuevos recortes y cierres, lo que acelera a su vez el proceso de desmantelamiento de la industria auxiliar. La tercera consecuencia es que la tendencia especulativa del capital financiero no remitió. Esta tendencia, que se acentuó cualitativamente en estas últimas décadas, es algo inherente al sistema y por eso la más mínima «recuperación» da alas a los bancos y a las grandes fortunas para seguir especulando con el capital aportado por el Estado. Un síntoma claro es el crecimiento de las Bolsas. En plena crisis, la Bolsa de Madrid logra terminar el año con una subida espectacular del 29,84%, ¡el segundo mejor año de la última década y sin ninguna base en la economía real!
Tensiones inter-burguesas y crisis políticas
Esta intervención del Estado ha sido tan masiva e inédita como desigual. La generosa ayuda de Zapatero a la Banca y a algunos sectores como la industria automotriz, las eléctricas o las grandes constructoras, le ha canjeado el apoyo de este determinante sector burgués. Pero la ayuda no ha llegado en las mismas condiciones y cantidades a otros sectores. Así la industria auxiliar del automóvil, la mediana y pequeña empresa, en general más vinculada al mercado estatal, se ve no sólo privada de la generosa ayuda directa del Estado sino, además, despojada del acceso al crédito, lo que le origina un estrangulamiento que lleva al cierre de muchas de ellas. Es precisamente esta ayuda desigual la que está generando crisis políticas inter-burguesas. Estas contradicciones explican la creciente tensión entre el Gobierno y un sector de la patronal, representada en la CEOE, que encabeza Díaz Ferrán. La crisis de Air Comet ciertamente pone al desnudo el carácter especulativo del «crecimiento» de estos años, el desamparo de los trabajadores y los usuarios y la miseria moral de todos los Díaz Ferrán, pero también deja constancia de que el Estado no sale por igual en socorro de todos los sectores burgueses. La lógica de la crisis impone la destrucción de capitales, de los más débiles en beneficio de los más grandes y poderosos. Si durante buena parte del 2009 la situación estuvo marcada por la crisis económica, ahora ya son también las crisis políticas las que irrumpen ya en el escenario y están llamadas a acentuarse al compás de la crisis. Así, por ejemplo, el recorte del gasto público exige de todas las Administraciones del Estado aplicar las tijeras al gasto social, lo que genera la pugna, latente a veces, abierta en otras, entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. El reciente fracaso de la cumbre de Presidentes Autonómicos es muestra de esas tensiones.
2010: Arrecia la ofensiva burguesa
Tal y como señala Corriente Roja, en un documento del área de movimiento obrero: «Las perspectivas auguran un 2010 marcado por una profundización de la ofensiva burguesa. El capitalismo no tiene otra forma de salir de la crisis que mediante una verdadera guerra social a la clase obrera. El año se inicia con el anuncio reiterado de que aumentará el desempleo y se recortarán derechos. «Vamos a vivir durante años, desgraciadamente, con tasas de paro muy altas, y con niveles de endeudamientos muy elevados» afirma Joaquín Almunia. Lejos de «los brotes verdes» y del «lo peor ya pasó», la realidad anuncia un 2010: • Donde la tasa de paro alcanzará el 20% , con cinco millones de desocupados. • De anuncios de nuevos EREs, incluidos los de extinción, en el metal (en especial en la auxiliar automotriz y naval). • De despidos y aplicación de EREs a trabajadores de la Administración Pública, como preanuncia el ERE del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), que afecta por dos años a 550 trabajadores/as. Así mismo, los despidos y ERES se ponen al orden del día en empresas públicas dependientes de las arcas municipales (limpieza viaria, jardinería, etc.). El Pacto de la Burocracia Sindical con el gobierno para las Administraciones Públicas, firmado en septiembre, permite amortizar todos los puestos de trabajo que no estén en proceso de consolidación, además de la congelación salarial. Ayuntamientos y empresas municipales adeudan casi 40.000 millones a los Bancos. • De mayor precarización del empleo, como muestra la aprobación por la Comisión de Trabajo del Congreso, a propuesta del PSOE, de la aplicación de la Directiva 2008/104 por la que las ETTs podrán actuar en la Administración y en la Construcción, sectores donde antes lo tenían prohibido. • De ataques a las derechos sociales como el anunciado para las pensiones públicas, donde quieren, entre otras medidas, elevar, de entrada, a 20 años el período para el cálculo de las mismas, reduciendolas en un 4/5% de promedio [el Gobierno se ha comprometido a presentar una propuesta formal el 29 de Enero] • Un nuevo apretón al proceso de privatización de la sanidad, introduciendo el copago. • Un subida de impuestos sobre los trabajadores y los sectores populares (IVA)»
A lo que hay que añadir: • el paquete de subidas, muy por encima del IPC, de los precios de los servicios básicos regulados por la Administración: la luz (y es sólo su primer incremento del año), el transporte, el agua o el butano. • La burla del Salario Mínimo, que ha subido ¡9 euros!, quedándose en 633,30 euros brutos mensuales, Zapatero incumple otra vez su promesa electoral de aumentarlo hasta 800 euros para 2012, una suma que, por lo demás, está muy lejos de cubrir las necesidades básicas. Y la burla, también, de la «subida» de un 1% de las pensiones (un 4% para las mínimas), cuando más de la mitad de los pensionistas cobran por debajo del Salario Mínimo. • La cruel brutalidad de la nueva ley del PSOE del «desahucios exprés», por la que el propietario de la vivienda puede instar al desalojo del inquilino por un solo mes de impago, por medio de un juicio rápido en el que el juez tiene 6 días para dictar sentencia.
En puertas de una nueva reforma laboral
Concluía el año con Zapatero anunciando fecha fija (22 de Enero) para remitir a los Sindicatos y la Patronal una propuesta de Reforma laboral para «la mesa del diálogo social». Ya en vísperas de la movilización del 12 de Diciembre, Cándido Méndez y Fernández Toxo afirmaban, por su parte, que «hay que volcarse en el diálogo social y ahí no podemos fracasar». Este Gobierno de la Banca y las multinacionales con el arrope de la burocracia sindical, ha pretendido un gran Pacto de Estado al estilo de los Pactos de la Moncloa. Sin embargo un gran sector de la patronal sabe que la reforma laboral, con el calado que ellos necesitan, no la puede garantizar un gobierno cada vez más debilitado y cuestionado como el actual. Pero para el núcleo más poderoso de la burguesía, mantener la estabilidad política es crucial para no acabar desencadenando la ira social en medio de la crisis. Ejemplos como el de Grecia son tenidos más que en cuenta. Por eso, acaban concluyendo que puede ser aconsejable una reforma laboral quizás no tan ambiciosa como la que quiere la CEOE (el contrato del siglo XXI y reducción drástica de las cotizaciones a la SS), pero sí suficiente para dar un nuevo apretón de tuercas a los trabajadores/as y avanzar un tramo más hacia la «reforma» laboral que añoran. Como se señala en el documento de Corriente Roja citado: «Las bases de ese acuerdo están ya muy avanzadas: flexibilizar el empleo en base al «modelo alemán», ampliando los EREs de reducción de jornada; entrada de las ETTs en sectores como la construcción y la Administración pública; más flexibilización laboral; vinculación de los salarios a la productividad; nuevos contratos y subvenciones a la patronal para «estimular el empleo» de los jóvenes; reducción de la cotización patronal a la seguridad social; ampliación del cómputo para la jubilación a 20 años… Es decir, ingredientes conocidos y ya precocinados listos para ser servidos en la mesa del diálogo».
Piden sacrificios ¿a cambio de qué?
En estos años de crecimiento, la patronal y la burocracia acordaron crecientes recortes de derechos obreros. Esa política se aguantaba «a cambio» de un endeudamiento general que permitía mantener artificialmente el nivel de vida y de que no faltaba trabajo, eso sí, precario, degradante y mal pagado. El nuevo recorte de derechos que preanuncia la nueva reforma laboral ¿qué tendrá a cambio? Hoy no hay un solo sector de la economía que apunte al crecimiento y, por esa vía, a la absorción del desempleo masivo, y el crédito hace rato que cerró el grifo. En la década de los 90 nos vendieron el boom de internet, que catalogaron como la «nueva economía», con crecimiento ilimitado En el año 2.000, la burbuja de Internet explotó. Salvaron entonces la crisis mediante una burbuja especulativa aún mayor, la inmobiliaria, alimentada por un endeudamiento masivo. Esto es lo que ha estallado en la actual crisis. ¿De qué «nueva economía» nos van a hablar ahora, que absorba a los millones de desocupados que la crisis está dejando en la cuneta?. La nueva reforma laboral, los nuevos recortes de derechos son ¡a cambio de nada!, sólo de más miseria en espera de que en un incierto y lejano futuro de recuperación, podamos encontrar empleo, eso sí, en las condiciones del siglo XIX. «Y es que de una crisis de este calado, la burguesía sólo puede salir tras una destrucción masiva de capitales y fuerzas productivas que, que le permita recuperar su tasa de ganancia e iniciar un nuevo ciclo de «reconstrucción». Salir de la crisis del 29 fue posible sobre 60 millones de muertos de la II Guerra Mundial y la destrucción del viejo continente europeo. Sólo sobre esa base el capitalismo remontó el vuelo de su crisis sistémica. Por eso sabe que remontar la actual crisis solo es posible mediante una guerra social contra la clase trabajadora y los sectores populares. Pero si la patronal acepta esta «tímida» Reforma laboral es porque sabe que las leyes que determinan hasta dónde se puede o no llegar, no son otras que las de la lucha de clases, lo que incluye las tensiones entre los diferentes sectores patronales, la debilidad del Gobierno, el descrédito de la burocracia sindical y la presencia de una clase obrera aturdida, confundida y dispersa, pero que aún no dijo su última palabra». (declaración de Co.bas) La respuesta obrera y el papel de la burocracia sindical
CCOO y UGT convocaron el pasado 12 de Diciembre a una «Movilización general» con el objetivo declarado de «conseguir la participación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras». No escatimaron recursos económicos en tal empeño, haciendo una inversión económica millonaria para garantizar el éxito. El resultado, sin embargo, fue un fracaso estrepitoso. Los cientos de miles se quedaron en 33.000, mostrando el descontento de los trabajadores con la burocracia sindical y dejando muestras evidentes de que la desconfianza en ellos ha aumentado en forma notable. El fracaso del 12D confirmó que las relaciones de los Sindicatos con los delegados/as y Comités de Empresa son, en un aparte considerable, relaciones de franquicia. Pese al despliegue económico y mediático, CCOO y UGT no fueron capaces de movilizar ni al 15% de los delegados/as que figuran legalmente como miembros de ambas centrales. Como señala la declaración de Co.bas: «Los trabajadores/as dieron la espalda a la burocracia sindical, no se echaron a la calle para avalar una nueva Reforma laboral, un nuevo recorte de derechos, y hay que decir, por tanto, que eso es un éxito» . Pero, como también señala la declaración: «Es un hecho cierto que ola repuesta de la clase obrera esta lejísimos de estar a la altura de la dimensión del ataque que estamos sufriendo. (…) Contra la esquemática concepción de que a más brutalidad patronal mayor reacción obrera, los trabajadores reflejaron todo el periodo del que venimos: años de desmovilización y de división obrera. La crisis económica pilló a la clase obrera desprevenida, endeudada, fuera de «forma», en definitiva atrapada en una crisis de organización y liderazgo y sin una referencia de clase alternativa. Ese estado de shock, el papel canalla de la burocracia sindical y las migajas del Gobierno para evitar tensiones sociales (prolongación del subsidio, Plan E…) es lo que explica la falta de reacción de la clase obrera. La expresión más extrema se ha producido en el sector de la construcción, con casi 900.000 despidos sin manifestaciones ni huelgas, salvo contadas y honrosas excepciones como Controlex, Corman o las acciones encabezadas por trabajadores de la construcción del SAT en algunos lugares de Andalucía. Toda esta situación de la clase obrera no significa sin embargo que no haya reacción alguna, ni desconocer que por debajo va creciendo a pasos agigantados el descontento social y la desconfianza en la burocracia sindical y en el Gobierno. La Huelga general en Euskadi, las movilizaciones de los metalúrgicos gallegos, las asambleas de parados en Vigo, las luchas de TMB o UPS son expresiones, a distinto nivel, de ese proceso. Como lo es también, por pasiva, el rechazo masivo a la burocracia que ha reflejado el 12D».
Todo el empeño en unificar a la oposición de clase a la burocracia
Desgraciadamente, la atomización del movimiento sindical es un hecho irrefutable y las organizaciones sindicales enfrentadas al aparato burocrático de CCOO y UGT se mueven, por lo general, en el particularismo, bien sea por una opción nacionalista o bien porque no se rompe con el signo más distintivo del sindicalismo actual, el corporativismo. En no pocas ocasiones, en lugar de postularse como dirección alternativa y disputar ese espacio a CCOO y UGT, se actúa como franquicias sindicales refugiadas en el sindicalismo de empresa. El reflujo del movimiento obrero y la ofensiva patronal han empujado, sin duda, a acabar refugiándose en el marco de la empresa. Pero hoy la batalla por recomponer la unidad de clase para enfrentar los planes del Gobierno y la patronal y a la burocracia cómplice, exige un urgente acuerdo de unidad de acción entre todas estas opciones sindicales. Aunque no han pasado aún de declaraciones, hay síntomas en los que es obligado apoyarse y a los que hay que darles mucha importancia. Por ejemplo, recientemente la CGT comenzó a dirigirse a otras organizaciones sindicales en Catalunya para plantearles «ir hacia la huelga general contra la política económica del Gobierno y la patronal», una propuesta que incluye hasta a CCOO y UGT, lo que debe ser valorado, pues indica un cambio y una actitud más progresiva hacia la base de CCOO y UGT, que abre puertas a la lucha unitaria contra la patronal y la política de Gobierno. Otro tanto ha sucedido con organizaciones como la Coordinadora Sindical de Madrid, el Sindicato Ferroviario de Madrid-Intersindical (SF), el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS), el Sindicato de la Elevación, que en vísperas del 12D lanzaron un manifiesto, «Movilización general de la clase obrera y el pueblo» en el que afirman: «queremos dar un primer paso PARA UNIFICAR a todos los sindicatos combativos y clasistas dispuestos a luchar contra esta situación». Co.bas aprobó meses atrás en su Coordinadora Estatal trabajar para propiciar un Encuentro sindical unitario que hiciera posible la unidad de acción del sindicalismo combativo contra el desempleo, los EREs y la nueva reforma laboral. La profundización de la crisis y la ofensiva de Gobierno y patronal, el fracaso del 12D y las declaraciones citadas deben sentar las bases para concretar un Encuentro en el que confluyan el máximo de Sindicatos, organismos sindicales (comités, secciones sindicales, delegados/as) y empresas en lucha. Se trataría de señalar algunos puntos que respondiendo a la actual situación, hagan posible un acuerdo de unidad de acción que rechace colaborar con la política del Gobierno y la patronal, manifieste un rotundo no a la nueva reforma laboral y proponga algunas medidas de urgencia contra la crisis, ordenadas alrededor de la lucha contra el desempleo. Un encuentro capaz de aprobar algunas iniciativas de acción común para defender esas medidas y apoyar a los trabajadores/as que están en lucha. Hay que poner en pie un movimiento de clase unitario y de lucha, que apueste por la respuesta de la clase obrera a la crisis y levante una referencia alternativa a la burocracia sindical.
Desempleo: la realidad frente a la charlatanería
El desempleo es hoy el peor azote para millones de familias obreras y, al mismo tiempo, la mayor demostración de la irracionalidad del sistema capitalista. Al cierre de esta edición de Marxismo Vivo, el Gobierno facilitaba las cifras del desempleo a 31/12/2009. Se hace obligado por tanto algunos comentarios al respecto. Según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el año concluye con 3.923.603 parados/os, los que significa que hay 794.640 parados/as más que en el 2008. Hay que recordar que entre las cifras que facilita el Gobierno y las más aproximadas siempre a la realidad, las de la Encuesta de Población Actica (EPA) hay oscilaciones de alrededor de 500.000 La EPA calcula que el desempleo afecta a más de 4,5 millones de personas. La ingeniería estadística del Gobierno hace desaparecer de esas cifras de desempleo, por ejemplo, a quienes están haciendo cursillos o a los preceptores del subsidio agrario. Pero tomando estrictamente los datos facilitados por el Ministerio, las cifras ponen en evidencia la charlatanería de Zapatero frente la realidad. Con este Gobierno, que se presenta como protector de los trabajadores, se perdieron 1.742.057 empleos desde que asumió en marzo del 2004. En los últimos dos años se duplicó el número de parados, situando a España a la cabeza de Europa en la tasa de desempleo, 19,3%, solo superada por Letonia (20,9%).
Aunque según Zapatero, se «protege a los más débiles», la Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, reconoce que 923.603 desempleados/as no perciben subsidios ni ayuda económica alguna y que son 368.871 los parados/as que reciben la ayuda de los célebres 420 euros. Los datos revelan también que el escaso empleo que se crea es cada vez más precario. En el 2009, del total de contratos firmados, los indefinidos fueron el 35,73% menos que en el 2008. En diciembre del 2009 el 92,5% de los contratos firmados eran de duración limitada, circunstancia que aprovechaba la patronal de las ETTs (Agett) para enfatizar que «por ahí es por donde se reactiva el empleo». La caída en picado del empleo se manifiesta con total evidencia en la continua pérdida de cotizantes a la Seguridad Social. La Seguridad Social cerró el 2009 con una afiliación media de 18.020.470 ocupados, lo que representa una reducción de 727.473 personas con respecto al 2008 y 1.472.471 cotizantes menos que en julio del 2007, cuando Zapatero auguraba un futuro de «pleno empleo». Los diagnósticos auguran más negros presagios para los trabajadores/as. La Comisión Europea prevé una tasa de desempleo para 2010 del 20%, la OCDE prevé un 19,3% y el Gobierno rebaja la cifra al 18,9%, lo que en ningún caso nos libra de acercarnos hacia los 5 millones de desempleados. La lucha contra el desempleo exige un camino radicalmente opuesto al del Gobierno, la patronal y la burocracia sindical. Exige que toda la clase trabajadora, ocupados y desocupados/as, exijamos un plan de rescate de los trabajadores y los sectores populares, que debe comenzar por medidas como el reparto del trabajo, lo que implica la reducción de jornada, sin merma salarial. No hay otro programa, otro plan para responder a esta catástrofe social que empuja a la pobreza a millones de trabajadores/as.
No hay salida sin expropiar a la Banca y a las grandes fortunas
El Gobierno de Zapatero, como todos los Gobiernos de las grandes potencias, pusieron el erario público al servicio de salvar la banca y las grandes empresas. Se trataba -decían- de «salvar la economía del país». Pero mientras una parte «del país», el 18% de su población activa, acabó en el paro y en no pocos casos desahuciados de su vivienda, otra parte «del país», la minoría que amasó fortunas en las época de vacas gordas, tuvo al Estado de compañía aseguradora. Para esa minoría privilegiada pusieron cuánto dinero ha hecho falta, les preparan leyes que abaraten los costes de mano de obra e incluso les facilitan, pese a ser dinero público, el control del crédito de manera que puedan asfixiar a un sector de capital en beneficio de los capitales más fuertes y concentrados. Más aún, disponen del dinero público para hacer negocio con la Deuda Pública y para volver a la Bolsa a recuperar beneficios en base a la especulación. Este mismo Gobierno protege a las grandes fortunas eximiéndoles, de hecho, de impuestos. Así, mientras cualquier trabajador está obligado a tributar al fisco el 20% de sus ingresos salariales, los ricos no pasan del 1% en sus pagos a Hacienda vía las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) y sociedades interpuestas. Por eso, las grandes fortunas del país terminaron el 2009 lejísimos de las penurias de la inmensa mayoría. En este año de recesión, las diez principales fortunas del país, que en su mayoría cotizan en el IBEX, han elevado su patrimonio un 27% y concluyen el 2009 con 6.803 millones más en sus participaciones empresariales Atrayendo capitales a la Bolsa, el Ibex español se ha revalorizado un 29,8% desde enero. Uno de los afortunados es el dueño de la multinacional Inditex (Zara), Amancio Ortega. «El español más rico» según la revista Forbes, ha logrado aumentar su participación en Inditex en 4.313 millones, un 37%, hasta 15.893 millones.
Emilio Botín, presidente del Santander, es el que más ha revalorizado su patrimonio empresarial, un 71% este año, hasta 885 millones. Le sigue la familia Del Pino (Ferrovial) que ha incrementado el valor de su participación un 48% (2.568 millones). La familia Entrecanales (Acciona) revalorizó su patrimonio un 3,4%. Otro tanto pueden decir de los banqueros March, los Albertos y Florentino Pérez (dueños de ACS), que han visto revalorizarse su empresa un 6%. Visto esto, resulta imposible dar crédito a cualquier política que hable de salir de la crisis y beneficiar a los trabajadores sin medidas que metan mano a los banqueros y a las grandes fortunas. Salvar las industrias, generar puestos de trabajo, hacer planes de obras públicas que atiendan las necesidades populares, garantizar las prestaciones a los desocupados o las pensiones a los jubilados/as exige expropiar a la banca y a las grandes fortunas. No es posible hacer un plan racional de recuperación económica al servicio de la inmensa mayoría sin un sistema unificado de inversión y de crédito, lo que significa fusionar todos los Bancos en una sola institución bancaria. Sólo expropiando a la Banca y las grandes fortunas, el Estado dispondrá de los medios materiales, es decir reales, para abordar en forma planificada un plan de recuperación económica. Sólo así, por lo demás, serán realmente respetadas las cuentas bancarias de la mayoría de la población, sin riesgo de «corralitos» que les expolien sus ahorros, y se garantizará crédito barato. Para los que piensen que no es una medida «realista», queremos recordar que hasta la fecha, las únicas soluciones «realistas» y «pragmáticas» que nos dieron desde el Gobierno, desde el PP y toda la corte mediática, es el respeto absoluto a los capitalistas o, lo que es lo mismo: que con el dinero de todos engorde la banca y las grandes fortunas, recuperen su tasa de ganancia a base de expoliarnos y condenar a millones de personas a la miseria.