Al más viejo estilo del régimen anterior, que aprobaba leyes controvertidas en el mes de agosto (recuerden la Ley General de Educación 14/1970 de 4 de agosto), el PP, que aspira a gobernar, y el PSOE, que no va a tener tiempo ni de hacer el inventario antes de echar el cierre, es decir, Rajoy […]
Al más viejo estilo del régimen anterior, que aprobaba leyes controvertidas en el mes de agosto (recuerden la Ley General de Educación 14/1970 de 4 de agosto), el PP, que aspira a gobernar, y el PSOE, que no va a tener tiempo ni de hacer el inventario antes de echar el cierre, es decir, Rajoy y Rubalcaba, se han puesto de acuerdo para modificar la Constitución.
Llevamos años escuchando de los grupos parlamentarios propuestas diversas sobre modificación de la Constitución. Y, en general, lo que siempre se ha concluido por parte de los partidos mayoritarios, es que no era el momento de la «apertura del melón».
De pronto, y obedeciendo a los poderes financieros dominantes, que están imponiendo a nivel planetario el sistema neoliberal, PP y PSOE acuerdan dar un golpe de estado a la Constitución, modificándola en pleno mes de agosto. Objetivo de estas premuras: frenar el gasto público, mejor la inversión -motor generador de empleo en tiempos de crisis-, dedicado a los intereses generales, lo que acarreará necesariamente la reducción de los presupuestos en sanidad pública, educación, vivienda, servicios sociales, pensiones, servicios domiciliarios,…, que son los que afectan de manera especial a los que menos tienen. El papel del Estado, a través del Estado de las Autonomías, al que se limita su capacidad de endeudamiento a cero euros, dejaría de cumplir de manera preferente su papel de redistribuidor de la riqueza en beneficio de los sectores populares y a cambio estos servicios continuarán por la vía de la privatización.
Esta medida significa un grave atentado, intentando desmantelar lo que resta del Estado del Bienestar y eliminar los principios constitucionales que lo definen como «Social y Democrático de Derecho», plegándose a las demandas insaciables de los poderes financieros, en detrimento de los intereses generales de la ciudadanía.
Todo esto se hace, con alevosía y nocturnidad, cuando faltan menos de quince días para disolver el Parlamento Español. Y a ello se añaden nuevas medidas «anticrisis», que profundizan en la misma dirección que las anteriores: mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras (generalización de los contratos temporales, reducción de cuotas empresariales, reducción al 75% del Salario Mínimo Interprofesional para los nuevos contratados menores de 30 años,…).
Y además, tanto el PP como el PSOE, se ponen de acuerdo para condenar al conjunto de la ciudadanía, diciendo que nos quieren salvar, y en un ejercicio despótico, deciden por nosotros pero sin nosotros, no permitiendo la celebración de un referendum, que generara un debate social al respecto y permitiera a los votantes ejercer su derecho ciudadano en un asunto de tanta trascendencia. El ejemplo islandés, donde el pueblo soberano ha tomado la decisión de enfrentarse a los especuladores del sistema financiero internacional, ha servido para que PP y PSOE, si tenían alguna duda, aprendan lo que no tienen que hacer: no consultar al pueblo, pues para eso se consideran elegidos, aunque nada de eso nos dijeron en sus programas electorales.
En definitiva, nos tenemos que movilizar y exigir al Parlamento y al Gobierno del Estado, que esta decisión tiene que ser sometida necesariamente a consulta popular, mediante referendum, como forma de democracia semidirecta, al menos. Según la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum, es al Rey al que corresponde dicha convocatoria y no puede convocarse en los noventa días anteriores y en los noventa días siguientes a la convocatoria de unas elecciones. Y además, sólo pueden acceder a hacer propaganda en los medios de titularidad pública los partidos con representación parlamentaria. Pues bien, hay que exigir que no se haga ahora esa modificación. Y que forme parte del debate político electoral. Y, en consecuencia, que el Rey posteriormente haga el gesto constitucional de convocarlo, para así justificar el desembolso del erario público que significa su mantenimiento.
Y ahí es, en el proceso electoral, donde tenemos que movilizarnos para reclamar nuestro derecho a poder manifestar nuestro frontal desacuerdo con esta medida y con los partidos que la apoyen. A nuestros gobernantes hay que recordarles un principio básico y es que la soberanía, que se atribuyen, es por delegación de la población que tiene derecho al voto. Y en este caso, esta población, además de ser llamada cada cuatro años a votar, exige que se le consulte un asunto de tanta importancia para apoyarlo o para rechazarlo.
Manuel Marrero Morales es miembro del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria.
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