De nuevo otro partido politico ilegalizado, de nuevo otro partido de izquierdas, de nuevo otro de la izquierda patriota vasca, ¡cómo no! En esta «democracia» capitalista (o ¿más bien habría que calificarla de «monarquía parlamentaria», o por qué no directamente de «dictadura burguesa»?) de nuevo un Tribunal Supremo carente de independencia política e imparcialidad (sus […]
De nuevo otro partido politico ilegalizado, de nuevo otro partido de izquierdas, de nuevo otro de la izquierda patriota vasca, ¡cómo no! En esta «democracia» capitalista (o ¿más bien habría que calificarla de «monarquía parlamentaria», o por qué no directamente de «dictadura burguesa»?) de nuevo un Tribunal Supremo carente de independencia política e imparcialidad (sus miembros son elegidos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, designado éste a su vez por un poder legislativo que, ley electoral vigente mediante, queda a merced del PSOE y el PP, partidos impulsores de la cruzada anti-izquierda abertzale) vuelve a privar a un grupo de ciudadanos del derecho de sufragio pasivo al considerar que se han subordinado al proyecto político de una organización armada (de paso, ese mismo tribunal arrebata además el derecho al sufragio activo a centenares de miles de ciudadanos no sólo del País Vasco sino de todo el Estado). Dicho de otro modo: el Tribunal Supremo indica que, en último término, los promotores de Sortu (como también en su momento los de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca, etc.,etc,. etc.), están colaborando de facto con banda armada, un delito que, como es bien sabido, está severamente castigado. Pues bien, un observador ingenuamente lógico se preguntaría por qué razón no se habilita de inmediato las medidas policiales y judiciales precisas para perseguir a todos estos ciudadanos (fundadores y/o promotores del tal partido) que cometen tan nefando crimen.
Pero los que carecemos de esa lógica ingenua sabemos que esa persecución no tiene ni tendrá lugar (salvo quizá en la persona de alguien significativamente señalado como, por ejemplo, ocurrió en ilegalizaciones anteriores con Arnaldo Otegi o Díaz Usabiaga y algún que otro miembro destacado, más que nada para dar escarmiento a los enemigos políticos y ejemplo de firmeza a los amigos). Porque como sabe éste que escribe, y la mayoría de quienes lean estas reflexiones (privados ya, me temo, de cualquier tipo de ingenuidad a la hora de contemplar la realidad política circundante), a los promotores de Sortu, a sus simpatizantes, a aquellos que los amparan y defienden, a esas miles de personas que han participado en las asambleas que han diseñado la nueva estrategia de la izquierda abertzale, a aquellas 40.000 personas que se manifestaron (que nos manifestamos) en Bilbao hace unas semanas por la legalización de Sortu, no se les podrá aplicar, de momento, el código penal; es decir no pueden (no podemos) ser acusados de colaborar con banda armada, de seguir consignas ni estrategias de organización armada alguna, porque sencillamente no obedecen (no obedecemos) consigna alguna de ninguna organización armada. Por tanto, debemos llegar a la conclusión de que en realidad estos fallos han nacido bajo criterios ajenos al derecho, de que todos estos procesos ilegalizadores son una gran falacia jurídica, un gran fraude legal, una gran injusticia, en suma.
Pero entonces, y concluyendo, ¿por qué es posible la ilegalización? Un observador con sus esperanzas ya vapuleadas intuye las respuestas: porque en esta «democracia» a la española, que parece más bien una monarquía constitucional decimonónica en la que brilla por su ausencia la tan cacareada y burguesa división de poderes de la que tanto alardean los «no violentos, dos únicos partidos, PP y PSOE, deciden qué organizaciones políticas pueden ser legales y qué ciudadanos tienen derecho de sufragio; porque estos dos partidos, cuyo funcionamiento caciquil y antidemocrático es una de sus más notables señas de identidad y de los cuales uno, no lo olvidemos, fue fundado por siete prebostes «fascistas», han decidido que es legítimo privar de derechos y de libertad a una parte de la ciudadanía para conseguir sus objetivos políticos. Y como controlan todos los resortes de decisión ejecutivos, legislativos y judiciales, y por tanto pueden hacerlo, así lo hacen.
Quizá vaya siendo hora de que aquellos que todavía consideran esto como una democracia (aun burguesa) se den cuenta de que este Estado nacido de la reforma de la dictadura franquista, se aleja firmemente (mas si cabe de lo que lo ha hecho hasta ahora) de ese horizonte democrático al que debe aspirar todo ciudadano consciente.
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