El pueblo colombiano debe movilizarse, para evitar atropellos impositivos contra las mayorías empobrecidas.
El abultado déficit fiscal y el desbocado endeudamiento público, se pueden reducir gradualmente en corto y mediano plazo. Se requiere uso honesto y racional del presupuesto y del patrimonio público.
El gobierno y el congreso deben aceptar que la contratación pública, el irracional manejo del gasto público y la incontrolada corrupción, son la vena rota del fisco. La corrupción tolerada por la institucionalidad se engulle anualmente altos porcentajes del presupuesto nacional.
Diversas investigaciones dan cuenta que por corrupción, el estado pierde más de $50 billones anuales y por irregular, complaciente y sesgado régimen tributario, deja de recaudar más de $70 billones. Equivalentes ocho veces la reforma tributaria anunciada.
La Reforma Tributaria debe modularla y estructurarla el Congreso, con fundamento en la generación de equidad socioeconómica, justicia social, derrota de la corrupción y racionalización de la institucionalidad.
Son temas que deben preocupar e interesar a todo colombiano, máxime cuando hierven los señalamientos sobre aumentos salariales oficiales de élite, el accionar de corruptos y el debacle institucional.
La solución del problema pensional y salarial, debe ser parte de la solución el déficit fiscal e institucionalización de la construcción de equidad socioeconómica. Esa Reforma debe ordenar e institucionalizar, mejoramiento salarial, generación de empleo, dinamización e innovación empresarial, reducción de informalidad y racionales estímulos a la productividad, competitividad y comercialización.
La equidad salarial implica generación y formalización del empleo, crecimiento productivo y competitivo.
El Gobierno y el Congreso son los responsables de diseñar e implementar políticas concretas para garantizar mejor distribución y redistribución del ingreso y por ello, tienen que ocuparse de lo laboral, salarial y pensional y crecimiento industrial-comercial y exportaciones.
Los instrumentos legales que rigen el desproporcionado e inequitativo sistema salarial y pensional colombiano, son de dominio del gobierno y el congreso y del correspondiente control legal de la Corte Constitucional.
Las desproporcionadas mesadas salariales y pensionales de congresistas y magistrados, entre otros, en aras de la equidad socioeconómica y la justicia social, deben ser modificadas, lo mismo que el régimen general salarial y pensional nacional.
Según información estadística, 48% de 23 millones de colombianos con trabajo, antes de la pandemia, estaba en el sector informal, 52% recibía menos de un salario mínimo. Generalmente no tiene casa y menos renta de capital y tienen que sobrevivir con ese ingreso.
La inequidad en las mesadas pensionales y en el régimen salarial vigente, es injustificada. El 80% del monto total de mesadas pensionales va al 20% de los pensionados con mayor mesada. El 20% de las mesadas, le llega al 80% de pensionados.
De fuente oficial se sabe que el subsidio del estado (del presupuesto nacional) para pago de pensiones en 2.019, superó los $40 billones. 15% del presupuesto nacional.
El número de pensionados no supera un millón setecientos. En Colombia, solo el 25% de mayores de 60 años está pensionado, mientras en, Argentina el 45%, Chile 55%, Brasil 75%, etc.
De 23 millones de trabajadores colombianos, solo 7.0 millones son cotizantes y no todos permanentes.
Son cifras verificables que confirman el inequitativo régimen pensional y salarial, que el gobierno y el congreso, hasta hoy han mostrado voluntad política y responsabilidad social para corregir y rectificar.
Es previsible que una reforma salarial y pensional racionalmente equitativa no sea aprobada en el Congreso, porque afecta intereses personales y de sectores interesados y además debe surtir la revisión constitucional. Son factores previsibles que pueden malograr el propósito, vía Congreso.
Esa Reforma puede lograrse a través del constituyente primario. Un referendo o plebiscito puede poner fin a la inequidad salarial y pensional, la inequidad socioeconómica, el déficit fiscal y reordenar la contratación y el gasto público. El constituyente primario, mediante el uso de recursos constitucionales, debe ordenar:
1.-En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, más de 20 salarios mínimos mensuales.
2-En Colombia, en el sector público Oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, a nadie pueden pagar más de 10 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos, la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.
3-Todo colombiano en estado de invalidez económica y/o abandono familiar, a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.
La decisión del Constituyente Primario es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad pensional y salarial, pero solo puede lograrse si el gobierno se aplica a fondo, para que el pueblo la defienda con el voto. El constituyente primario puede derogar o modificar derechos adquiridos.
Consideración incuestionable: Todo trabajador de altas y medianas remuneraciones salariales, durante su vida laboral, han recibido salarios que les permitieron capitalizar, ahorrar. Tienen casa o casas propias y generalmente rentas de capital. No son pobres. Pueden vivir holgadamente con la mesada pensional que resulte de la reforma.
Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias, de las decisiones y ejecutorias, de los gobiernos de los últimos doscientos años, para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia y que si no se tratan correcta y oportunamente, se catapultará la inequidad socioeconómica con sus reales consecuencias, atizada por la inevitable crisis económica y social generada desencadenada por la pandemia del COVID 19.
La institucionalización y racionalización de la equidad socioeconómica exigen decisiones de fondo. Demandan racionalidad y conciencia social constructivas. Es un reto histórico para el Gobierno, convocar el referendo o plebiscito e impulsarlo como objetivo fiscal, socioeconómico y de justicia social supremo.
Si el actual gobierno no asume ese reto, el elector consciente y responsable, debe decidir ya. Solo votar por el candidato que se comprometa a convocar al constituyente primario, para lograr las reformas y objetivos aquí planteados. La próxima campaña por la presidencia, tiene que ser por la equidad socioeconómica, la justicia social, la extirpación de la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la honestidad y la moral pública. En la conciencia del elector esta el futuro de Colombia.