El 15 de mayo de 2011 la sociedad española fue sacudida por la irrupción del movimiento de la indignación. Ese día, un domingo por la tarde, las manifestaciones de protesta recorrieron las calles de 58 ciudades. Tras el éxito, el movimiento ocupó las plazas públicas en un ejercicio de empoderamiento popular y democracia. Conforme los […]
El 15 de mayo de 2011 la sociedad española fue sacudida por la irrupción del movimiento de la indignación. Ese día, un domingo por la tarde, las manifestaciones de protesta recorrieron las calles de 58 ciudades. Tras el éxito, el movimiento ocupó las plazas públicas en un ejercicio de empoderamiento popular y democracia. Conforme los gritos de «No nos representan» se extendían por doquier, los debates en las plazas buscaron las causas y responsables de los brutales recortes de derechos sociales, del desempleo y la desigualdad crecientes, reflexionaron sobre las alternativas al desorden neoliberal reinante, y acordaron las nuevas iniciativas y acciones a impulsar.
El proceso de ratificación en la Unión Europea del «Pacto por el euro Plus» en el mes junio fue clarificador. La nueva vuelta de tuerca a las políticas de estabilidad presupuestaria, de ajuste y austeridad, de contrarreformas y recortes de derechos para alcanzar los objetivos de déficit y deuda impuestos por las instituciones de la UE no se quedó sin respuesta. El movimiento 15-M convocó nuevas manifestaciones el 19 de junio por todo el pais para rechazar «el golpe de estado antisocial» que representaba dicho Pacto. La conciencia de la relación entre los nuevos recortes sociales que el Pacto anunciaba, los intereses de las oligarquías europeas, la pérdida de soberanía económica y los retrocesos de la democracia, se extendió entre los activistas del 15-M y amplios sectores sociales.
A principios de agosto el Presidente del BCE Jean Claude Trichet y el Presidente de gobierno José Luis Zapatero intercambiaron las Cartas de la Indignidad. El Banco Central Europeo presiona al Gobierno de España para que adopte medidas drásticas para asegurar la estabilidad presupuestaria (pago de la deuda y reducción del déficit público), la «mejora del comportamiento del mercado laboral, «la sostenibilidad de las finanzas públicas» y diversas reformas estructurales. Frente a la amenaza soterrada de no comprar deuda pública española y la consiguiente espiral de aumento de la prima de riesgo, que podía concluir con la intervención, el llamado «rescate», de la economía española por los funcionarios de la Troika, el gobierno de José Luis Zapatero se rinde y concede al BCE, en garantía de aplicación de las políticas de estabilidad presupuestaria, la reforma constitucional del artº 135.
El 2 de septiembre se aprueba la reforma pactada previamente entre el PSOE y PP con los votos favorables de ambas formaciones, el voto contrario de dos diputados socialistas, de Coalición Canaria y UPyD, el No Voto de CiU y PNV, y la ausencia deliberada del resto de grupos parlamentarios.
Fue un auténtico auto golpe neoliberal contra la Constitución de 1978, cuyas insuficiencias y obsolescencias el movimiento del 15M había puesto al denudo. Al constitucionalizarse el principio de estabilidad presupuestaria y no poder superarse los objetivos de déficit estructural impuestos por la UE, se priorizaban dichos objetivos respecto del gasto social. Los derechos constitucionales al trabajo, los derechos sociales básicos, etc., se convirtieron en papel mojado.
En conclusión, a partir del autogolpe la Constitución de 1978 perdió legitimidad y quedó moribunda.
Las movilizaciones de protesta contra la reforma constitucional y la exigencia de un referéndum a lo largo de septiembre, aceleraron la reflexión crítica en el movimiento de los indignados sobre la naturaleza de la Constitución y la necesidad de promover un Proceso Constituyente basado en el empoderamiento popular.
La primera Asamblea ciudadana constituyente
El 17 de diciembre de 2011, en el centro Arrupe de Sevilla, se reúne la I Asamblea Ciudadana Constituyente con la participación de más de 150 personas representativas de diversos movimientos sociales y cívicos, también del 15 M, del conjunto del estado español.
En esta participada reunión se acuerda retomar el espíritu del Proceso Constituyente que inspiró la «Pepa» hace 200 años, impulsar el empoderamiento colectivo del pueblo, construir una casa común libremente compartida (reconocimiento implícito del derecho de autodeterminación) y concluye con la convocatoria formal a nivel de todo el estado de » LA ASAMBLEA CIUDADANA CONSTITUYENTE» que tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo en Cádiz. Se considera esta convocatoria como el Kilómetro 1 hacia el PROCESO CONSTITUYENTE.
Este primer llamamiento y la asamblea celebrada en Cádiz, consiguieron que una pluralidad de organizaciones políticas y ciudadanas, entre las que destaca Izquierda Unida, abrieran una reflexión política sobre la necesidad de crear las condiciones para la ruptura con el régimen de la Constitución de 1978, y que incorporaran a sus objetivos y programa político la necesidad de impulsar el Proceso Constituyente. Los ecos de esta propuesta en Catalunya explican la denominación de la nueva organización «Proces Constituent».
Sin embargo, la victoria de la alternancia con el triunfo del PP, junto al descalabro del PSOE en las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011, dio un respiro al régimen bipartidista. El PSOE de Zapatero pagaba la factura de la gestión de la crisis económica internacional y de la propia burbuja inmobiliaria que no quiso desactivar, la masiva destrucción de empleo resultante, también la reforma laboral que provocó como respuesta la huelga general de 29 de septiembre de 2010 y la contestación social a la reforma de las pensiones en julio 2011 que alargó la edad de jubilación a los 67 años entre otras modificaciones regresivas.
El coyuntural debilitamiento de la movilización social organizada por el 15-M, no disipó la preocupación entre los poderes sistémicos, conscientes de las tensiones que generaría el endurecimiento de las políticas de recortes, la agravación del desempleo y la precariedad como consecuencia de la continuidad de las políticas de ajuste y austeridad, y de medidas como la contrarreforma laboral aprobada en febrero 2012.
La crisis de legitimidad del régimen iba en aumento, el cuestionamiento de la Constitución de 1978 perduraba, y nuevas y previsibles convulsiones económicas y sociales podían provocar el hundimiento del sistema. El régimen bipartidista, cojo de la pata del PSOE, atisbaba su caída si la pata del PP corría una suerte parecida. Las luces de alerta se encendieron en los salones de palacio, en los despachos de los poderes económicos, de los medios de comunicación y en las principales instituciones del estado. Había que empezar a tejer la trama reformista, «gatopardiana», que preservase la continuidad del sistema mediante la política de «cambiar algo para que todo siguiese igual».
Recomposición de la movilización social y ciudadana: De las huelgas generales en 2012, al surgimiento del Frente Cívico y el I Manifiesto por salir del euro
Durante 2012 el gobierno del Partido Popular, en tanto que sirviente aplicado de las políticas que dicta la UE, traduce a la legislación española los contenidos del «Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza económica en la Unión económica y monetaria» firmado el 2 de marzo por 25 estados miembros de la UE.
En efecto, el 30 de abril de 2012 el Congreso de Diputados aprueba la Ley orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con los votos a favor de los grupos parlamentarios del PP y CiU. Esta ley en consonancia con el Tratado refuerza la capacidad del estado para imponer un mayor control de los objetivos de déficit y endeudamiento en todos los niveles de la administración, con poderes para intervenir económicamente las autonomías, cesar altos responsables de cualquier administración, controlar su financiación, imponer multas, etc.
En realidad, la recentralización del estado por aplicación de esta ley orgánica, está al servicio del cumplimiento de los objetivos impuestos por la Comisión Europea y el BCE a los países europeos con elevadas deudas, entre ellos España. Ello explica el voto favorable de CiU, a fin de cuentas, como buen partido europeísta y neoliberal que es, no les importaba entregar una vez más la soberanía económica española a los poderes oligárquicos de la UE, ya lo hicieron en su día con su apoyo entusiasta a la implantación del euro. Pero con ello no solo traicionaban la soberanía popular en España, sino también la de Catalunya.
Tras el movimiento popular del 15 M, tomó el relevo la movilización de la clase trabajadora con sendas huelgas generales el 29 de marzo contra la reforma laboral del PP y el 14 de noviembre contra las políticas de ajuste del gobierno. Esta segunda huelga tuvo una dimensión internacional al realizarse simultáneamente en Portugal, Italia, Grecia, Chipre y Malta.
De la reflexión sobre como empoderar a la mayoría social castigada por las políticas de recortes sociales, como organizarla y movilizarla por un programa de reivindicaciones concretas, aprendiendo y recogiendo las aportaciones de otros movimientos como el 15 M, las Mesas de Convergencia Ciudadana, etc., surgió la propuesta del Frente Cívico presentada por Julio Anguita en un acto celebrado en Sabadell en junio de 2012.
El 16 de mayo, miembros destacados del Frente Cívico, de Socialismo 21, de Izquierda Unida, del PCE, como Julio Anguita, Pedro Montes, Agustín Moreno, Carlos Martinez, Ramón Franquesa, Sebastián Martín Recio, Juan Francisco Martín Seco, Diosdado Toledano, etc., publican el I Manifiesto «Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana. Salir del euro». Este Manifiesto será suscrito por varios miles de personas, conocidos activistas sociales, artistas, profesores de la Universidad, etc.
Dos meses más tarde el Frente Cívico, tras culminar el proceso previo de extensión y organización, celebra la I Asamblea constituyente el 24 de julio de 2013 en Madrid. El discurso crítico con el euro y por la recuperación de la soberanía popular será una de sus señas de identidad.
Las movilizaciones y cambios que precipitaron la abdicación del monarca
El Frente Cívico jugó un importante papel en el impulso inicial, y en la preparación de la gran movilización de las marchas de la dignidad el 22 de marzo de 2014. Su voluntad de suma y confluencia fue decisiva para que diversas organizaciones de la izquierda sindical, particularmente el SAT de Andalucía, jugaran un importante papel en la convocatoria de las Marchas.
El formato de la movilización centrada en la reivindicación de objetivos elementales «Pan, techo y trabajo», y su carácter convocante y de agitación con las marchas hacia Madrid desde diferentes puntos del pais, dieron lugar el 22 de marzo a una de las mayores manifestaciones de la historia de España, y demostró que el malestar social, la indignación, la rebeldía eran más intensas que en los años precedentes. El desgaste político amenazaba pasar factura a la pata gobernante del bipartidismo, el Partido Popular.
Los resultados de las elecciones al Parlamento europeo el 24 de mayo volvieron a encender las alarmas en los centros de poder del sistema. En efecto, la candidatura del PP perdía el 39% de los votos y un tercio de los escaños respecto de las elecciones de 2011, y el PSOE lejos de recuperarse perdía el 41% de los votos y el 40% de los escaños. La candidatura de Izquierda plural multiplicaba por 2,6 el número de votos y por 3 los escaños de 2011. Las llamadas fuerzas emergentes, especialmente Podemos, daban la sorpresa al obtener el 8% de los votos y cinco escaños, y Ciudadanos obtenía el 3,16% y 2 diputados.
En este contexto político la imagen de la monarquía borbónica, sufre un desplome de credibilidad afectada por los escándalos de corrupción de la familia real, y la frivolidad del Borbón dedicado a la caza de elefantes. La sombra de Giuseppe Tomasi escritor y príncipe de Lampedusa, autor del «Gatopardo», se proyecta en el precipitado anuncio de abdicación del rey Juan Carlos el 2 de junio. Se hace necesario cambiar el rey para que el régimen monárquico y el sistema permanezcan.
La movilización soberanista del 11 de septiembre en Catalunya, con más de 1 millón y medio de participantes, ocupan a lo largo de 11 km las grandes avenidas de Barcelona en forma de «V». Ello confirma que el éxito de la cadena humana en 2013 no fue flor de un día. El voto de 1,8 millones de personas a favor de la independencia en la Consulta del 9 de noviembre, pone en evidencia la incapacidad de la Constitución de 1978 para dar respuesta a la magnitud de la crisis abierta. La llamada «Carta magna» se erige como un muro infranqueable frente a la voluntad de mayor autogobierno, de independencia, y de autodeterminación de una parte significativa de la población en Catalunya. La propuesta de iniciar un proceso constituyente en Catalunya para construir la República Catalana marca el paso del cortejo fúnebre de la constitución monárquica.
Las citas electorales de 2015 y la traición de Tsipras
Tras los resultados de las elecciones europeas y el batacazo del bipartidismo, los poderes del sistema se lanzan a reconfigurar el sistema de partidos. Se explora la modificación de la ley electoral sin llegar a ninguna concreción por el momento. Se desempolva las experiencias habidas en otros países, especialmente de la Francia de François Miterrand y Jacques Chirac, donde los gobiernos en alianza con los grandes medios de comunicación favorecen la irrupción de otras fuerzas con el objetivo de dividir el espacio de la oposición.
Esta operación de reconfiguración del bipartidismo hacia un multipartidismo respetuoso con el sistema, requiere de la existencia de fuerzas que hayan conseguido un primer impulso por sus propios méritos de liderazgo y comunicación, pero también de su disposición a entrar en dicho juego abandonando la radicalidad de sus primeros discursos, evolucionando hacia el posibilismo respetuoso con las líneas rojas del sistema imperante, es decir, el respeto a la Monarquía, el no cuestionamiento de la UE realmente existente, del euro y del capitalismo, el abandono de la desvinculación de España de la OTAN y el cierre de las bases militares de EEUU, la apuesta por la reforma constitucional desechando la ruptura y el proceso constituyente, en definitiva mostrando su voluntad de girar hacia el centro y la moderación, en definitiva, que son gente fiable que solo pretende recuperar lo mejor de la tradición socialdemócrata en el caso de Podemos y del liberalismo por Ciudadanos .
Naturalmente, esta operación produce víctimas. Los partidos que son descartados por el sistema para esa reconfiguración ven reducida su legitima presencia en los platós, tertulias, cámaras de los medios de comunicación televisivos, y también de la prensa escrita, a diferencia de los partidos emergentes que son sobrerrepresentados en las pantallas.
El poder de los medios de comunicación, y en especial de las televisiones privadas, se hará evidente en la operación de canalizar el descontento y la movilización social hacia las expectativas de las próximas citas electorales, consiguiendo plenamente su objetivo. La movilización social decae verticalmente, salvo las acciones contra los desahucios y las luchas de resistencias contra cierres de empresas y despidos, etc., esta desmovilización general se hará evidente en el gran bajón de las marchas de la dignidad en 2015 respecto del éxito en 2014.
Los resultados electorales en las elecciones autonómicas y municipales en mayo confirman el desgaste de los dos grandes partidos, salvo excepciones, así como la irrupción de las nuevas candidaturas de confluencia de izquierda que obtiene las alcaldías en Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, de cuyo éxito se apropia mediáticamente Podemos.
El desarrollo de los acontecimientos en Grecia durante la negociación del «Plan de rescate» entre el gobierno de Syriza y la Comisión Europea, la convocatoria del referendum el 5 de julio con la amplia victoria del NO, y la posterior claudicación del gobierno de Tsipras al incumplir el mandato popular y firmar un Plan de rescate en términos más duros , ofrecerá ante la ciudadanía de Europa la realidad descarnada de las esencias autoritarias de las instituciones de la UE al servicio de las oligarquías acreedoras, bancos, fondos, etc., que no dudan en castigar al pueblo griego condenándolo a la miseria, con tal de lanzar un mensaje de resignación, de sumisión al resto de países con pesadas cargas de deuda, especialmente del Sur de Europa, y por tanto España.
El mensaje es rápidamente captado por las direcciones de los partidos emergentes, particularmente de Podemos, que declara rápidamente su apoyo a Tsipras y justifica su traición. A partir de ese momento Podemos demuestra la sinceridad de su giro al centro y que son una fuerza fiable en la operación «gatopardiana» en marcha. La única resistencia política a esa traición, es el voto de rechazo del grupo parlamentario de Izquierda Plural y de otras fuerzas menores a la convalidación del Plan de rescate de Grecia en el Congreso de Diputados. La línea divisoria entre «chicos buenos y malos» para los poderes del sistema, pero también para los pueblos, queda trazada.
Las elecciones del 27 de septiembre en Catalunya se proyectan hacia el 20D
La movilización del 11 de septiembre es un nuevo éxito de la capacidad de movilización de las fuerzas independentistas que prepara el asalto a las urnas el 27 de septiembre.
Sin embargo, el carácter plebiscitario concedido por las fuerzas soberanistas a la cita electoral, obtiene un resultado frustrante y contradictorio para sus impulsores. La suma de votos de las opciones independentistas asciende hasta el 48% pero no supera la barrera del 50%. Sin embargo, favorecidos por la ley electoral que premia las provincias menos pobladas, la suma de escaños de Junts pel Si y las CUP alcanzan la cifra de 72, y por tanto superan la mayoría absoluta del Parlament.
Como contrapunto a este resultado, la candidatura de Ciudadanos defensora de la recentralización del estado en el marco de su proyecto europeísta uniformizador, obtiene el segundo puesto con 25 escaños, da el «sorpasso» al PSC en el llamado cinturón rojo de Barcelona (excepto Sta. Coloma de Gramenet) y se convierte en la opción más votada en el distrito obrero y popular de «Nou barris». La división de la sociedad catalana se acentúa, el voto temeroso a la independencia se moviliza y amenaza el mapa político tradicional.
Por otra parte, la candidatura de confluencia «Cat si que es pot» tanto por insuficiencias en su proceso de construcción que no despertaron suficiente ilusión, a causa de un discurso ambiguo que pretendía seducir el voto soberanista junto al federalista, y por el excesivo papel en la campaña de Pablo Iglesias que despertó los reflejos anti-sucursalistas, obtuvo un resultado decepcionante frente a las expectativas iniciales.
En una situación marcada por la polarización y el debilitamiento de la opción federalista democrática en el mapa político catalán, el choque de trenes quedaba servido. La aprobación de la declaración unilateral de independencia, y la apertura de la negociación para la investidura de la Presidencia de la Generalitat entre «Junts pel Si» y la CUP, ofrecen a las fuerzas que en Catalunya y España rechazan el derecho a decidir, la ocasión para polarizar el voto españolista en torno a sus candidaturas.
Sin embargo, la disputa electoral entre dichas fuerzas, la necesidad del PSOE y Ciudadanos de diferenciarse de la opción conservadora del PP, les obliga a avanzar propuestas para dar una salida política a la presión independentista en Catalunya y a la indignación social en el conjunto del estado, incorporando en sus discursos y ofertas electorales la reforma de la constitución de 1978. Giuseppe Tomas di Lampedusa sigue tejiendo la red «reformar algo para que el sistema de poderes en España y la UE preserve su dominación».
El abandono de Podemos del rupturista Proceso Constituyente y su apuesta por la vía reformista de la Constitución, posibilita la creación de una «mayoría» reformadora de la Constitución después del 20D. Pero, las diferencias sobre el tipo de reformas, derogación del artº 135, modelo de estado y garantía del ejercicio del derecho de autodeterminación en Catalunya, junto con la posibilidad que el PP conserve una cifra de escaños que le permita bloquear cualquier reforma constitucional (118 votos) aseguran un futuro salpicado de tensiones y crisis políticas.
Ante la perspectiva de inestabilidad política y el previsible fracaso de los proyectos de reforma constitucional:
¡Preparemos la ruptura y el Proceso Constituyente, para recuperar la Soberanía Popular, la democracia y conquistar la Emancipación!
La sustitución del bipartidismo, por la nueva configuración «cuatripartita», que podría superar el 85% de los escaños, tampoco asegura la estabilidad política en los próximos años.
La gobernanza en el Reino de España promete ser complicada. La posibilidad de un gobierno de concentración PP-PSOE que dotase de estabilidad al futuro de gobierno aboca al PSOE a repetir el destino fatídico del PASOK en Grecia, y no seduce por el momento a sus dirigentes.
La alianza de gobierno PP-Ciudadanos no tiene asegurada una mayoría absoluta de escaños, y tampoco es una opción por el momento para la dirección de Ciudadanos que teme un destino parecido al de los liberales de Reino Unido tras su gobierno de coalición con el Partido Conservador. No es descartable, si finalmente suman una mayoría absoluta, su voto favorable a la investidura del PP con otra Presidencia.
Tampoco suman de momento PSOE y Podemos, ni para gobernar ni para asegurar la investidura.
Queda la formación de una gobernanza tripartita, entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero ello dependerá también de quien obtenga más escaños y por tanto pueda optar a la Presidencia, así como del programa de gobierno que pacten. Es verdad que su voluntad reformadora de la Constitución les une, pero el diablo está en los detalles, y las diferencias son importantes, en particular la oposición del PSOE y Ciudadanos al compromiso de Podemos de celebrar un referéndum en Catalunya en 2016.
Finalmente, si hay investidura de Presidencia de la Generalitat, prosigue la hoja de ruta independentista y se desvanece la opción de nuevas elecciones en Catalunya, el impacto político del choque de trenes al provocar una situación excepcional, puede forzar un acuerdo de gobernanza en España, aunque no resolverá los problemas de fondo que seguirán y se agravarán.
Una vez la «aspiradora» de energías electoralista ha cubierto el ciclo, la realidad volverá a imponerse y con ella la necesidad de afrontar las nuevas agresiones y recortes sociales. En efecto, la Comisión Europea ha insistido repetidamente en la obligación de quien gobierne España de reducir el déficit público y recortar el gasto en más de 9 mil millones de euros. La crisis económica de los países emergentes puede complicarse con las medidas que prepara la Reserva Federal de Estados Unidos para reducir sus nuevos desequilibrios y burbujas. Sus efectos golpearán la economía europea que oscila entre el estancamiento y un crecimiento débil, con un BCE que ha agotado gran parte de su munición para estimular la economía, al Presidente del BCE Mario Draghi le quedan pocos conejos en la chistera…
Los grandes desequilibrios económicos y sociales en España, especialmente la deuda impagable con el exterior, los problemas permanentes de la balanza comercial, el elevado desempleo estructural, pueden agravarse en cualquier momento en función de la evolución de la economía internacional o que la carrera bajista de los precios de la energía y las materias primas se invierta.
La indignación social se movilizará y ocupará nuevamente las calles y plazas, también se extenderá tarde o temprano a las empresas y fábricas. Las promesas electorales de los partidos con representación parlamentaria serán sometidas a prueba, tanto si se gobierna, como si se está en la oposición.
Las ilusiones que el «cuatripartito» sigue cultivando sobre el papel de la Unión Europea, o sobre su reforma se irán desvaneciendo conforme sus propuestas se estrellen contra el muro, y el mantra de los «eurobonos» salvadores y el proyecto de una fiscalidad común sigan vetados por Alemania.
Sus proyectos de reforma constitucional, si prosperan sobre la base del mínimo común denominador, lejos de ilusionar provocarán más frustración. Su previsible fracaso abrirá el debate en toda la sociedad sobre la necesidad del proceso constituyente.
Sin recuperar la soberanía económica, la soberanía popular y la democracia son una ficción, y la deslegitimación de las instituciones proseguirá su curso y se extenderá hacia las nuevas formaciones políticas que pasaran a engrosar la llamada «casta».
El euroescepticismo crece en el Reino de España. El éxito reciente del encuentro internacional en Barcelona por la salida del euro, confirman la extensión a nuevas organizaciones, círculos de reflexión y personas, del movimiento que cuestiona la moneda única y la UE, que promueve la desvinculación de los tratados de la UE, la salida del euro y de la OTAN.
Para recuperar la soberanía económica y popular, hacer vivir la democracia plenamente, superar el desempleo masivo y permanente, garantizar los derechos sociales, reducir drásticamente la desigualdad, y construir la República que permita la cooperación y armonía entre los pueblos en base a su libre adhesión, debemos preparar, desde ya, la movilización social y popular que impulse el Proceso Constituyente.
Las organizaciones y personas que siguen convencidas de la necesidad de la transformación radical de la sociedad, que desprecian los «platos de lentejas del sistema» porque ambicionan una sociedad radicalmente democrática y justa, sin explotación, opresión y desigualdad, deben prepararse para construir los instrumentos políticos y sociales de la emancipación, en cooperación con los pueblos de los países del Sur de Europa aplastados por una deuda impagable, desde el diálogo fraternal y el compromiso para la acción.
Diosdado Toledano. Miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, de Socialismo 21, del Frente Cívico y de la Plataforma salir del euro.
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