La cosa viene de atrás. Antes de que el gobierno de Rajoy aprobase su reforma laboral de 2012, su predecesor Zapatero ya había desbrozado el terreno aprobando en junio de 2010, con alevosía y veraneo, otra previa. Bruselas (BCE, Comisión Europea) le presionó para ello y el PSOE dijo amén.
Aún cuando el gobierno carecía de mayoría en el Congreso para aprobarlas, el PP salió al quite y permitió con su abstención que aquella saliera adelante. Leal oposición llaman a eso.
La reforma despertó las iras sindicales. En Euskal Herria, la mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, STEILAS, EHNE e HIRU) convocó una huelga general contra la misma el 29 de junio. CCOO y UGT harían otro tanto a nivel estatal el 29 de septiembre. Había razones para ello pues la reforma abarataba el despido, debilitaba la negociación colectiva, reforzaba el poder empresarial (modificación unilateral de jornada, horario, movilidad geográfica y funcional), permitía el descuelgue empresarial, privatizaba la gestión del desempleo…
El camino estaba ya abierto y Rajoy no hizo sino ensancharlo. El 10 de febrero de 2012, tan solo 50 días después (navidades incluidas) de haber sido nombrado presidente, sin perder siquiera un minuto en negociar nada con nadie, su gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. No se anduvo con chiquitas: “veni, vidi, vici!”
Todas las leyes del gobierno de Rajoy (reforma laboral, pensiones, estabilidad presupuestaria, Ley Mordaza, LOMCE,…) se aprobaron del mismo modo, aplicando el rodillo de su mayoría absoluta. Nunca un gobierno había dado tantas hostias sociales en tan poco tiempo y de semejante tamaño. Por su parte, la réplica del PSOE a todo lo anterior comenzaba siempre igual: «Cuando estemos en el Gobierno, lo primero que haremos será derogar esta ley». Pero no, pasados dos años de la investidura de Pedro Sánchez, nada de esto se ha hecho. Y si bien es cierto que el gobierno PSOE-UP no cuenta con mayoría parlamentaria, también lo es que tiene socios suficientes para lograrla.
Lo que ocurre es que, en vez de priorizar a éstos (ERC, EH Bildu, CUP, BNG, Compromis,…), el gobierno optó por meter al zorro -la CEOE- dentro del gallinero de la negociación, dando así a la patronal un derecho de veto ante cualquier acuerdo. Si a ello unimos la falta de presión y movilización pareja a la negociación por parte de los sindicatos firmantes, el resultado no podía ser otro: los pilares principales de la reforma de Rajoy (también de la de Zapatero) seguirían en pie. Por cierto, el mismo día en que se firmó el acuerdo Gobierno-CEOE-CCOO/UGT, se supo que 100 millones de euros de los Fondos Europeos serán para rehabilitar 42 inmuebles propiedad del Estado cuyo uso está cedido a estas centrales y a la patronal.
Como no podía ser menos, el acuerdo firmado presenta aspectos positivos importantes, entre ellos la recuperación de la ultraactividad de los convenios y la prioridad de los marcos sectoriales frente a los de empresa (tan solo en los aspectos salariales), si bien lo que queda vigente supera con creces estas mejoras: mayores facilidades parael despido individual y colectivo (ERE), movilidad geográfica y funcional en las empresas, desaparición de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, prevalencia de los convenios estatales frente a los territoriales, posibilidad de despido por razones económicas en empresas con beneficios millonarios… En definitiva, la precariedad seguirá cabalgando al trote, el centro de trabajo continuará siendo cortijo patronal y ésta contará con herramientas inmejorables para presionar a la baja los salarios.
Sindicatos de todo el Estado han suscrito un documento rechazando esta reforma. Entre ellos están las centrales vascas ELA, LAB, ESK y STEILAS, las gallegas CIG y CUTG, la Corriente Sindical d’Izquierdas asturiana, el SAT andaluz, la Intersindicales Canaria, Valenciana y de Catalunya … Se denuncia que “los convenios sectoriales acordados en nuestros territorios seguirán subordinados a los estatales”, así como que la reforma “se ajusta a las exigencias de Bruselas y sus chantajes para poder acceder a los Fondos Europeos”. Es decir, donde manda capitán europeo (BCE y CE) obedece marinero español (gobierno PSOE-UP).
Para defender el acuerdo se han dado dos tipos de razones. Las primeras, meras boutades que hablan de un “cambio de tendencia histórica” y de un “nuevo paradigma”. No se lo creen ni ellos, pero sirve para poner titulares a sus notas de prensa. Las segundas, más modestas, defienden la filosofía del “mejor es eso que nada”, argumento vacío que huye del análisis concreto de lo firmado, porque también es cierto que la mitad, el doble o el cuarto y mitad de lo firmado, es igualmente mejor que nada. Es decir, el razonamiento, per se, no es de recibo.
Es evidente que el acuerdo dista mucho más de las exigencias de derogación planteadas inicialmente por las centrales sindicales, que de lo defendido por la patronal. No es que se hayan dejado pelos en la gatera, sino más bien gruesos mechones. Por otro lado, lo acordado no sirve para reforzar el espacio que en el Congreso sirvió para dar paso a este Gobierno (todos sus socios, sin excepción, han sido críticos al mismo), ni para estrechar y asentar lazos sindicales que sirvan para hacer frente a la cada vez peor situación laboral: precariedad, pérdida salarial, brecha de género, paro juvenil…., sino más bien para lo contrario. Además, en algunos lugares como Euskal Herria, la oposición sindical a la reforma es mayoritaria y frontal.
En definitiva, este acuerdo se queda corto, muy corto en cuanto a contenidos y apunta en una dirección política contraria a la que debiera, pues va posibilitar reforzar las posiciones de la patronal y la derecha y a debilitar las de la clase trabajadora y la izquierda. ¿Por cierto, alguien ha visto celebrar este acuerdo en la calle, los centros de trabajo o las oficinas del desempleo?
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