En las últimas semanas tanto el gobierno como los dirigentes de CCOO y UGT no se han cansado de alabar las supuestas bondades de la puesta en marcha de la recientemente firmada reforma laboral, mientras desde distintas fuentes (el FMI, el Banco de España, el ministro Solbes…) empiezan a reclamar nuevas reformas para el futuro […]
En las últimas semanas tanto el gobierno como los dirigentes de CCOO y UGT no se han cansado de alabar las supuestas bondades de la puesta en marcha de la recientemente firmada reforma laboral, mientras desde distintas fuentes (el FMI, el Banco de España, el ministro Solbes…) empiezan a reclamar nuevas reformas para el futuro inmediato. Por otra parte, los dirigentes de CCOO y UGT ya han anunciado que están dispuestos a renovar el pacto de moderación salarial (ANC) para el año próximo.
Reforma laboral: la demagogia de unos y otros
El ministro Caldera y los dirigentes de CCOO y UGT se vienen felicitando por la reducción del empleo temporal que habría traído consigo la reforma laboral que firmaron en mayo. Así, el Ministerio de Trabajo estima que desde el pasado 1 de julio hasta el próximo 31 de diciembre, fecha en la que finaliza el programa de bonificaciones a la conversión, se realizarán en total más de un millón de contratos indefinidos, cantidad similar a la que se logra en un año entero. Es decir, y según sus propias previsiones, el número de empleos temporales se reduciría en torno a un 10%. Esta magra disminución tan pomposamente anunciada es tan poco significativa que incluso el propio Secretario de Estado de empleo admite que habrá que esperar a «algún momento de 2007» para que «se empiece a apreciar una reducción de la tasa de temporalidad».
Lo cierto hoy por hoy es que la tasa de temporalidad española continúa superando el 33%, el triple de la media de la propia UE. Y si llegara a producirse esa modesta disminución de la temporalidad que el gobierno anuncia sería meramente coyuntural, como ya ocurrió con la reforma del 97. Entonces como ahora se abarató el despido y se destinaron cantidades multimillonarias a reducir las cuotas patronales, dinero detraído de los fondos de la seguridad social destinados a financiar derechos de los trabajadores como las pensiones. El propio gobierno reconoce esa analogía cuando afirma «que el impacto que por ahora está teniendo la reforma laboral es comparable al que tuvo la reforma de 1997». Ahora como entonces esa reducción coyuntural de la temporalidad se explicaría porque, como también reconocen los responsables gubernamentales, en algunos casos al empresario le resulta más rentable convertir un contrato temporal en indefinido, recibir las bonificaciones correspondientes y después despedir al trabajador, que mantenerlo con un contrato temporal. Es fácil comprender que lo más útil para el capital es contratar en condiciones de precariedad: facilita la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y puede deshacerse de los trabajadores sin ninguna dificultad y sin apenas coste. Si verdaderamente se quiere acabar con la temporalidad las medidas son evidentes: bastaría con suprimir por ley la contratación temporal. Se ha demostrado que no hay otra forma de lograrlo.
Los verdaderos objetivos de la reforma
Una vez más queda al desnudo el verdadero propósito de la reforma laboral: abaratar el despido y desviar una enorme cantidad de fondos de los trabajadores hacia los empresarios. Una reforma laboral que, en la larga carrera neoliberal para liquidar los derechos de los trabajadores, siempre es la antesala de la siguiente. Ya se han empezado a levantar voces que reclaman abrir un nuevo proceso de «diálogo social» que profundice en la «liberalización del mercado de trabajo». En este caso el FMI, el Banco de España y el propio Solbes con el manido argumento de garantizar la «competitividad» de la economía española, es decir, la continuidad de las altísimas tasas de beneficio que vienen obteniendo las grandes empresas españolas en los últimos años. Otro tanto ocurre con la reforma de las pensiones: acaban de firmarla y al secretario de estado de Seguridad Social le ha faltado tiempo para insistir en que «habrá que acostumbrarse a prolongar la vida laboral para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones». Es decir, jubilarse más tarde y cotizar más tiempo para cobrar menos pensión, justo lo contrario que a los patronos a quienes se les reducen cotizaciones e impuestos.
Preparan la renovación del pacto de moderación salarial (ANC) por sexto año consecutivo
Es sabido que los salarios son tradicionalmente considerados los culpables de los principales males de la economía, especialmente de la inflación. Sin embargo, incluso a esos servidores del capital les resulta difícil a estas alturas justificar ese argumento. Gracias a la docilidad de la burocracia dirigente de CCOO y UGT los salarios llevan varios años creciendo por debajo de la inflación. No así los beneficios de las grandes empresas que en el mismo tiempo han venido creciendo con cifras de dos dígitos (casi un 40% en el último año, un nuevo récord por cuarto año consecutivo). El desastre de esa política para los trabajadores es tal que, en el lado más extremo, cada vez es más numeroso el colectivo de «trabajadores pobres»: según datos oficiales, más de la mitad de los nuevos asalariados de 2005 recibieron salarios inferiores al salario mínimo (513 euros mensuales) y «prácticamente el total de las personas que se incorporaron al mercado laboral en 2005, cobran menos de dos veces el SMI», es decir, menos de 1000 euros al mes. Aún así, los dirigentes de CCOO y UGT vuelven a insistir en renovar el ANC para el 2007. Tienen poderosas razones, en forma de subvenciones y financiación, para ello.
* A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT-Izquierda Revolucionaria.
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