Este año, el Primero de Mayo se ha celebrado bajo el fantasma de la crisis económica y la amenaza del abaratamiento del despido. No deja de ser paradójico que el neoliberalismo económico, que ha sido el culpable la crisis y que, por tanto, debería aparecer como el villano de la función, quiera por el contrario […]
Este año, el Primero de Mayo se ha celebrado bajo el fantasma de la crisis económica y la amenaza del abaratamiento del despido. No deja de ser paradójico que el neoliberalismo económico, que ha sido el culpable la crisis y que, por tanto, debería aparecer como el villano de la función, quiera por el contrario erigirse en nuestro país en el protagonista y triunfador.
España es diferente. Cuando en todas partes se vuelve la mirada hacia las políticas keynesianas y se abjura, aunque sea con la boca pequeña, del fundamentalismo de mercado, aquí, en nuestro país, la derecha política y económica, los empresarios, algunos técnicos y la mayoría de los medios de comunicación continúan, erre que erre, con la ideología neoliberal. Es más, quieren aprovechar la crisis para reducir las pensiones o abaratar el despido.
La ofensiva es tan fuerte que los sindicatos han tenido que centrar en buena medida este Primero de Mayo en defenderse frente a la pretendida reforma laboral. Hay quien dice que la mejor defensa es un ataque, y eso es lo que debería hacer la izquierda: atacar proponiendo una reforma laboral, pero en sentido contrario a la que exige la patronal, porque si algo sobra en el mercado de trabajo español es flexibilidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid -que ante la crisis debería callarse avergonzada, puesto que ha sido una de las mayores defensoras de las teorías que nos han llevado a la recesión- afirma con todo el descaro y desparpajo que el mercado laboral es franquista, y es que ella debe saber mucho de franquismo. Lo cierto es que en 1979 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores pactado por empresarios, trabajadores y partidos políticos, pero para algunos los pactos sólo obligan a los demás; poco tiempo después comenzó la ofensiva para modificar lo aprobado. Así llegaron cuatro nuevas reformas, más bien contrarreformas (1984, 1994, 1997 y 2002), encaminadas a desregular las relaciones laborales y facilitar el despido.
Todas ellas utilizaban las mismas falacias. Primero, para luchar -según decían- contra el paro, se promocionan múltiples clases de contratos temporales. Más tarde, y como la temporalidad es muy elevada, con la excusa de reducirla se propone abaratar el despido. Pero la precariedad no redujo las tasas de desempleo que sólo disminuyen cuando se reactiva la economía, y por más que se abarate el despido la temporalidad no desciende. En momentos de recesión como el actual, lo único que se consigue abaratando el despido es que el ajuste se traslade inmediatamente al mercado de trabajo sin que las dificultades afecten a las empresas o a las rentas de capital.
La prueba evidente de la enorme flexibilidad del mercado laboral español es la impresionante velocidad, mucho mayor que en el resto de los países, con la que la crisis se traduce en cifras de paro. No estamos hablando de crear empleo sino de destruirlo, y si se destruye con tanta facilidad únicamente puede ser porque es sencillo y barato despedir.
Sí, efectivamente, en España es necesaria una reforma laboral, pero no otra contrarreforma. Los sindicatos deben reclamarla, deben pasar a la ofensiva. Una reforma laboral que vaya en sentido contrario a las de los años 1984, 1994, 1997 y 2002. Únicamente sería preciso aplicar el sentido común. Para reducir la temporalidad y la precariedad sólo se precisa prohibir este tipo de contratos y permitirlos exclusivamente para aquellas actividades que son realmente temporales. ¿Que la indemnización de 45 días por año trabajado para los despidos improcedentes es muy elevada? Pues bien, eliminemos los despidos improcedentes. Cuando un juez declara que el despido es improcedente y no hay causa ni disciplinaria ni económica ni tecnológica, es decir, que la única razón del despido es el capricho y la voluntad del empresario, no impongamos ninguna indemnización sino, como ocurre en otros países, obliguemos a la readmisión. Los empresarios no quieren abaratar el despido basado en causas objetivas, sino poder despedir a su capricho y que, además, les salga gratis.