La causa del déficit fiscal, del déficit de la balanza de pagos, del aberrante endeudamiento externo e interno, del precario desarrollo agropecuario, industrial y tecnológico, entre otros, son imputables exclusivamente a la irresponsabilidad político-administrativa y social, del poder político y a la mediocridad y cinismo de quienes lo ejercen. El déficit fiscal, obedece al desordenado […]
La causa del déficit fiscal, del déficit de la balanza de pagos, del aberrante endeudamiento externo e interno, del precario desarrollo agropecuario, industrial y tecnológico, entre otros, son imputables exclusivamente a la irresponsabilidad político-administrativa y social, del poder político y a la mediocridad y cinismo de quienes lo ejercen.
El déficit fiscal, obedece al desordenado y anárquico manejo de los recursos públicos, a la sumisión a las recetas económico-financieras, ordenadas por los carroñeros financieros internacionales y nacionales y a la negativa sistemática del poder, para someter a los corruptos y estructurar un sistema judicial, ética y moralmente capaz de ejercer pronta y cumplida justicia.
Diversas y repetidas investigaciones, dan cuenta que, por corrupción el erario público pierde anualmente mínimo $30 billones. Equivalente a dos reformas tributarias como la que acaban de radicar. La corrupción crece exponencialmente. La justicia no da resultados aceptables. En enero de 2016, la Sociedad de Ingenieros del Huila, entregó una denuncia, a la Fiscalía, a la Procuraduría y la Contraloría, sobre un listado de presuntas irregulares contrataciones, de la anterior administración municipal. Nada se sabe del resultado de esas denuncias. En todo el país ocurre lo mismo, en todos los frentes del ejercicio del poder político.
Se puede calcular y demostrar que por deducciones, exenciones, evasión de impuestos y seguridad inversionista, el fisco deja de recaudar, mínimo $60 billones anuales. Equivalente a 4 reformas tributarias como la presentada en 2016. El gobierno lo sabe. Debe reconocerlo y cerrar esa vena rota del fisco.
Se requiere responsabilidad política y social del poder. No se requieren más cargas tributarias indirectas, y menos, fundamentadas en IVA y castigo a los asalariados de bajos ingresos. Son impuestos regresivos. Se requiere racionalizar impuestos progresivos, equidad tributaria y autoridad para acabar con la evasión, el contrabando y la impunidad.
¿Por qué ocurre esto? Por irresponsabilidad del poder.
¿Quiénes son los responsable?
El poder. La alta burocracia al servicio de los intereses de las élites, usufructuarias del poder político e incondicionales con el poder económico global y nacional.
El cerebro: el mismo ministro, que en cuanto cargo de responsabilidad ha ocupado, ha cometido más errores que aciertos y lo sostienen, porque ha demostrado ser incondicional a los intereses del régimen.
Constantemente el congreso aprueba presupuestos desfinanciados, factor que atiza el endeudamiento externo e interno. El 50% de los ingresos directos (impuestos nacionales) se los traga el servicio de la deuda, $54.3 billones en 2017.
En 2002 la deuda externa era de $36 mil millones de dólares. Hoy supera los U$120 mil millones. Crecimiento del 5% anual. La deuda interna, en pesos, y la contingente, ya supera con crese la externa
El déficit de la balanza de pagos, se la imputan a la caída de los precios del petróleo, pero la verdadera causa es la apertura hacia dentro, impuesta por la apertura de los 90, los tratados comerciales y de libre comercio, concertados y aprobados por los dueños del poder, y contra los altos intereses de la nación.
Las llamadas exportaciones no tradicionales, es decir las del sector industrial, caen mes a mes desde hace más de tres años (no competitivas) y el poder político carece de respuestas y medidas de corrección. El desarrollo industrial y tecnológico nacional, es precario, no competitivo, similar al del sector agropecuario, sector en el que el costo de los insumos, amarrados en los TLC, niega la posibilidad de competir. Y por el contrario, quedó sometido al aniquilamiento, por la competencia externa, desde la gran apertura de los 90. El responsable es el poder. No analizan, aprueban.
¿Qué se puede hacer? Hacer análisis minucioso de la encrucijada fiscal, racionalizar el gasto y acabar la corrupción, la politiquería, el clientelismo y el populismo y diseñar y poner en práctica, políticas de estado que garanticen la equidad socioeconómica, introducción de ciencia y tecnología en los procesos productivos y diversificación de los mismos.
Se dice que el potro, cuando huele la sal ofrecida en la mano, se deja enjaquimar, se deja ensillar y se deja montar. En el congreso la operación se hace con mermelada. Y por eso las leyes que atentan contra los intereses de las mayorías, son aprobadas. Leyes del sistema de salud, de contratación pública, de participación o mejor de exclusión ciudadana, de pensiones, de educación, de tributación, de acceso y tenencia de la tierra, etc. Ninguna es favorable a las mayorías nacionales y por eso estamos como estamos. El país está quebrado y la perspectiva es sombría.
Poner orden, en la encrucijada fiscal nacional, es parte integral de la solución del conflicto socioeconómico-político, que en el presente se trata de solucionar. El desafío es cósmico.
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