Acusar al capitalismo de haber convertido el cuerpo de la mujer en una máquina de producción de fuerza de trabajo ha sido un tema central en la literatura feminista desde los años setenta. Pero en tanto concibe la gestación como un proceso puramente mecánico, un trabajo alienado en el que la mujer contratada no debe implicarse a nivel emocional, el surgimiento de la maternidad subrogada ha supuesto un punto de inflexión en este proceso. La subrogación es también otra vuelta de tuerca desde el punto de vista de la mercantilización de la vida humana, pues implica la organización y legitimación de un mercado de niños y niñas y la definición del niño como una propiedad que se puede transferir, vender y comprar. Esta es, en realidad, la esencia de la “gestación subrogada”, una práctica que se ha popularizado en varios países, empezando por Estados Unidos, pero que sigue estando envuelta en una nube de mistificación.
En Contract Children [Hijos por contrato] (2015), la socióloga feminista italiana Daniela Danna señala que el propio concepto de “subrogación” es engañoso al sugerir que la “madre gestante” no es la madre real, sino solo “una ayuda, una asistente” que gesta en nombre de “la madre real” –la proveedora del óvulo que el vientre subrogado convierte en bebé–. Esta terminología está justificada por las nuevas tecnologías reproductivas (la fecundación in vitro y la transferencia de embriones), que producen la ilusión de que los propietarios del óvulo implantado tienen los derechos de propiedad sobre el niño, en tanto la madre gestacional no tiene relación genética con él. Como comenta Danna, este argumento es falaz y solo se puede sostener a través de una concepción abstracta de la propiedad en la que se ignora que la “madre gestante” es quien crea y nutre materialmente al niño, un proceso que no implica solo los nueve meses de embarazo, ya que también hay una transferencia de material genético: realmente el niño está hecho de su carne y de sus huesos (p. 68).
Gracias a esta mistificación y al desarrollo de una máquina comercial e institucional de apoyo, compuesta de compañías aseguradoras, médicos y abogados, la subrogación se ha extendido de forma extraordinaria durante las tres últimas décadas. Cada año nacen miles de bebés por este procedimiento y en algunos países se han abierto “granjas de bebés” donde se insemina a las madres, que residen allí mientras dura el embarazo. En la India, por ejemplo, antes de que se prohibiera la subrogación trasnacional en 2015, existían tres mil clínicas de esta clase (Vora, 2019) que constituían la infraestructura de una industria reproductiva en la que prácticamente se había culminado la conversión del cuerpo de la mujer en una máquina procreadora.
Sin embargo, sigue habiendo problemas. En la mayoría de los países de la Unión Europea la gestación subrogada está prohibida o sujeta a límites y regulaciones. Es el caso de Países Bajos, donde se da a la madre subrogada un plazo de varias semanas después del parto para que decida si quiere separarse del bebé. Pero, como indican Danna y otros autores, se están eliminando progresivamente las restricciones y, en lugar de limitar la práctica, la regulación se está convirtiendo en el camino más rápido hacia su reconocimiento legal.
Para sortear las prohibiciones en los casos que llegan a la justicia o facilitar el reconocimiento legal de los niños adquiridos en el extranjero mediante la subrogación, se recurre, entre otros, al principio de que hay que considerar el “interés superior del niño” a la hora de dictar un veredicto. Pero en realidad este es un recurso para esquivar la ley y una legitimación de las implicaciones racistas y clasistas de esta práctica. A la hora de asignar al niño, siempre se prioriza el interés de las parejas blancas con recursos económicos.
También se apela al forzoso cumplimiento del “contrato” que obliga a las madres subrogadas a entregar al bebé una vez nacido. De hecho, la gestación subrogada es un ejemplo destacado del papel crucial que desempeña la ley como sostén de la reforma neoliberal, en tanto se confiere al contrato un estatus sagrado que no admite cuestionamiento de las condiciones en las que se llevó a cabo. Pero, como puso en evidencia el famoso caso de “Baby M” 1, para las mujeres es difícil saber de antemano, cuando firman el contrato, cómo se van a sentir después de haber experimentado un día tras otro, durante nueve meses, cómo se desarrolla una nueva vida en su vientre. En los términos del contrato tampoco se tiene en consideración el efecto que pueda tener separarse del bebé. Los propios contratos se han ido volviendo más complejos y restrictivos; no solo obligan a la madre subrogada a renunciar al bebé después de su nacimiento, sino que también establecen un control estricto de su vida cotidiana durante el embarazo en lo que respecta a tratamientos médicos, vida sexual o ingesta de alimentos, entre otras cuestiones. En el desarrollo de argumentos legitimadores también tiene peso la teorización legal del derecho a ser padres, para el que la gestación subrogada se convierte en una condición indispensable. Este argumento ya se está utilizando, sorprendentemente incluso en círculos radicales, a favor de las parejas de hombres homosexuales, quienes tendrían que contratar un vientre de alquiler precisamente para cumplir su derecho, en teoría absoluto, a la paternidad.
En resumen, todo apunta a que la gestación subrogada va a terminar por imponerse. No obstante, conforme esta práctica se normaliza, se hace cada vez más necesario apuntar a las premisas racistas y clasistas que la fundamentan, las consecuencias destructivas para los bebés producidos de este modo, así como los efectos negativos en las mujeres. Una consecuencia preocupante es la existencia de bebés “en el limbo” que son rechazados tanto por la madre subrogada como por la pareja contratante cuando los padres “intencionales”, por distintas razones, no consiguen que esos bebés sean reconocidos como sus hijos en su país de residencia; también se puede dar el caso cuando nacen con algún tipo de discapacidad. Un reportaje de investigación de la agencia Reuters reveló además que, al menos en Estados Unidos, los padres adoptivos pueden deshacerse sin dificultad a través de internet de los niños que hayan adoptado en el extranjero, mediante una práctica llamada “private rehoming” [realojo privado] que no cuenta con ninguna clase de regulación.2 Aún más preocupantes son los indicios que apuntan a que algunos niños terminan en el mercado de órganos, ya que una vez se realiza la transacción no existe un sistema institucional de supervisión que compruebe qué ocurre con los niños vendidos, que en muchos casos son enviados a miles de kilómetros de su lugar de nacimiento.
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Las mujeres que firman un contrato para alquilar su vientre son la encarnación de una larga serie de figuras proletarias que han visto a sus hijos como un medio de supervivencia. Pero lo que pone a la gestación subrogada a otro nivel es que se vende el bebé a otra persona de por vida. Este aspecto también la distingue de la prostitución, con la que se compara a menudo. Mientras la prostituta vende un servicio y el uso provisional de su cuerpo, la madre subrogada otorga a otras personas, a cambio de dinero, el control total sobre la vida de un niño.
Al hacer hincapié en este punto no pretendo hacer una crítica moralista a las mujeres que se convierten en madres subrogadas, quienes, en muchos casos, son empujadas a hacerlo por sus familiares o tienen un acceso tan restringido a recursos propios que se plantean alquilar su vientre como una alternativa a una vida en batalla constante por la supervivencia, del mismo modo que otras personas se plantean vender sus riñones, su pelo o su sangre. Cuando se entrevista a algunas de estas mujeres y describen los meses de gestación como unas vacaciones, las primeras de su vida, están mostrando de manera elocuente la pobreza en la que viven muchas de ellas. Pero tenemos que desenmascarar la tremenda hipocresía de la retórica que envuelve esta práctica, que afirma que es producto del amor, una expresión pura del altruismo, “regalar vida”, mientras omite el hecho de que quienes la ejercen son algunas de las mujeres más pobres del planeta y que quienes se benefician son las familias acomodadas que, una vez han adquirido el bebé, no desean tener relación alguna con la madre subrogada.
En lugar de ser hipócritas y celebrar el supuesto altruismo de las madres subrogadas, deberíamos reflexionar sobre el nivel abismal de pobreza que lleva a una mujer a aceptar gestar durante nueve meses a un bebé al que nunca se le permitirá cuidar y cuyo destino tiene prohibido conocer. También nos debería preocupar, como ha preocupado a muchas feministas, que la subdivisión y especialización de la maternidad en sus aspectos gestacional, social y biológico representa una devaluación del proceso, que una vez fue considerado un poder de la mujer, y la restauración de una concepción sexista, patriarcal y verdaderamente aristotélica del cuerpo de la mujer y de la mujer en sí, que en la retórica de la subrogación se presenta como la portadora pasiva de una vida a la que no contribuye más que en “materia bruta”.
¿Debería no legalizarse la gestación subrogada? Es un tema que habría de generar más debate que el que ha tenido lugar hasta el momento. La pregunta plantea la cuestión de hasta qué punto podemos recurrir al Estado para garantizar que no se vulnere nuestra vida. Uno de los argumentos a los que se suele acudir es que la legalización supondría cierta protección para la madre subrogada. Al mismo tiempo, si se criminaliza la práctica, la madre se expone a un mayor riesgo, ya que sin lugar a dudas la subrogación se seguirá practicando. También es peligroso pedir al Estado cualquier clase de legislación o intervención punitiva. La historia nos demuestra que esas medidas suelen volverse en contra de quienes ya están siendo victimizadas. Así pues, ¿cómo vamos a proteger a los bebés que nazcan como consecuencia de las transacciones de la gestación subrogada? ¿Qué iniciativas deberíamos emprender para impedir que se generalice la compra y venta de la vida de las personas?
Ir más allá de la piel: repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo (Traficantes de Sueños, 2022).
Notas:
1 “Baby M” fue el nombre que se dio en el juzgado y en los medios de comunicación a la hija de Mary Beth Whitehead, una madre subrogada de New Jersey que, tras dar a luz el 27 de marzo de 1986, decidió que no quería entregar al bebé a la pareja contratante. El consiguiente juicio, que se prolongó durante más de un año y terminó por otorgar la custodia de la niña a la pareja, generó un intenso debate en un momento en el que no existía ninguna clase de regulación para esta práctica en Estados Unidos.
2 El reportaje de Reuters, elaborado con información recabada durante meses de investigación (Twohey, 2013), reveló la existencia de un grupo en el portal de internet Yahoo en el que, de media, cada semana se publicaba un anuncio para “realojar” a un niño mediante una transferencia de tutela para la que solo era necesario un poder de representación y cumplimentar un formulario que se descargaba en la red; hubo incluso personas con antecedentes delictivos que pudieron obtener niños con este procedimiento. Según cálculos del gobierno de Estados Unidos, desde finales de la década de 1990 más de veinte mil niños adoptados habrían sido abandonados por sus padres.