Se dijo desde el principio que el interés de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón estaba en construirlo, ese era el negocio cuando ni se veía posible el incremento de tráficos como así está sucediendo. En todo caso para más carbón y mineral de hierro no hacía falta tanto puerto, ni 140 […]
Se dijo desde el principio que el interés de la ampliación del puerto de El Musel de Gijón estaba en construirlo, ese era el negocio cuando ni se veía posible el incremento de tráficos como así está sucediendo. En todo caso para más carbón y mineral de hierro no hacía falta tanto puerto, ni 140 ha (hectáreas) más de dársena estando el actual puerto medio vacío.
La falta de seriedad y de coherencia política en la apuesta por el transporte marítimo queda de manifiesto cuando enfrente de la ampliación del puerto se están cerrando los astilleros -en pleno auge de la construcción naval- cuya tradición e importancia está más que acreditada y cuando el fin primordial de cualquier puerto, que es el movimiento de mercancías, no tiene accesos adecuados para el hipotético trasiego de millones de toneladas.
En la bahía de Gijón todavía hay más negocio, el futuro económico -el especulativo- se inicia con la recalificación de los 200.000 m2 que ocupan los astilleros cuando, para su desgracia, se interponen entre la bahía y el gran espacio ferroviario de la «Playa de Vías» que ocupan FEVE y ADIF (antigua RENFE) en donde está prevista la otra gran burbuja inmobiliaria con otros 200.000 m2 cuya adecuación ni siquiera está en el plan de ordenación urbana por lo que su legalidad tendrá que ser a calzador, a posteriori, que también les vale.
A falta de tráfico portuario, que sólo era un burdo señuelo, las autoridades políticas y económicas desvelaron las verdaderas intenciones de la ampliación y de paso justificaban los 795 millones de euros (con una revisión al alza de 216 millones de €, más lo que venga) y descubrieron los motivos de la ampliación: la regasificadora, centrales de Ciclo Combinado, planta de Biodiésel -de momento en el aire- estaciones eólicas y lo que se les vaya ocurriendo sobre la marcha para justificar el negocio de la faraónica inversión o hacer más negocio.
Por otra parte y de modo contradictorio porque choca con la ampliación del puerto, el proyecto actual y a largo plazo es crear toda una zona urbana en este lado de la bahía; urbanizaciones y edificios construidos en las gradas y dársenas de los astilleros y en los solares de la industria que aún queda, con vistas al mar y playas a modo de gran área residencial y turística pero que ya nace muerta pues ni siquiera están dejando espacio para nada entre tanto ladrillo y la mar.
Mientras, además, para completar los rellenos de la la ampliación del puerto prevén arrebatar dentro de la bahía, enfrente de las playas, 13,6 millones de m3 de arena en una extensión de 333 hectáreas con un espesor de 3,8 a 4,6 metros que aportará el 55% del material de relleno necesario. El 45% restante hasta los 24 millones de m3 también «dentro también del dominio público portuario» como así dispone el BOE nº 287, Resolución del 02-11-2006, que aprueba la valoración de impacto ambiental de semejante estropicio. Paradójicamente prevén que una pequeña parte de esta arena se utilice para la alimentación de la playa de San Lorenzo. Pero, cuando ni se sabía, ni aún se sabe, el impacto que los espigones del puerto podrían tener sobre las corrientes marianas que originan el flujo de arena hacia la playa, resulta que ahora hemos de añadir que el relleno necesario para la ampliación del puerto van a sacarlo a dos millas de la propia playa para después volver a alimentar, con la misma arena, a la misma playa. En ninguna parte se menciona en impacto sobre la docena de playas restantes afectadas tanto de Gijón como de Carreño, ni el daño al ecosistema y al fondo marino por la extracción de la arena.
Pero, si a todo lo anterior se unen las tres actividades básicas de lo que pretenden sea el puerto: importación de mineral de hierro, carbón y la regasificadora con su comprobado peligro y la evidente contaminación del polvo del carbón y del mineral y los malos olores del aditivo que se añade al gas natural, el futuro medioambiental, paisajístico y turístico del perímetro de la bahía es realmente ruinoso y constituye un verdadero disparate que ha de sumarse a lo peligroso e insalubre. Todo lo dicho es también muy grave para Albandi, el Tranqueru, Perlora, Candás y todo el concejo de Carreño y sus playas.
En el programa de esta política, nada de empleo, ni de actividades, ni industrias auxiliares que a nadie parecen importar, sino más negocio salvaje -y efímero- con cuantiosas inversiones que por especulativas destruyen cualquier posibilidad de desarrollo razonable y equilibrado.
De las 145 ha de superficie de tierra obtenidas en la ampliación del puerto, sólo pueden ser útiles hacia el 90%, es decir, 130 ha, el 10% restante son necesarias para viales, grúas y otros servicios. Cada metro cuadrado costará 611 €, nada menos, más las revisiones al alza que se produzcan. Las empresas privadas adjudicatarias (Enagás, EDP, etc.) dispondrá generosamente de 18 hectáreas de un suelo que costará a las arcas públicas 110 millones de € a los que aún hay que añadir el coste del equipamiento y urbanización de la zona firme portuaria.
Pero, el aspecto más grave, tanto como el despilfarro económico y logístico, el todo patas arriba urbanístico de la Bahía y el cierre de los astilleros, lo es la peligrosa bomba de la regasificadora que prevén situarla precisamente en medio de una zona tan densamente poblada, justo enfrente y rodeada de una población de 300.000 habitantes que quedarán dentro del radio de acción de cualquier eventualidad y de cualquier accidente que, en ningún caso se puede descartar, cuando además a menos de 1.000, están los depósitos esféricos de Butano y los tanques de productos petrolíferos que ya suponen un riesgo en sí mismo, pero además multiplican el peligro de la regasificadora más aún.
En estas 18 ha de superficie portuaria las empresas concesionarias, prevén colocar cuatro tanques de 150.000 m3 de GNL (Gas Natural Licuado), 600.000 m3 en total, y unas instalaciones con una capacidad de regasificación de 1,2 millones de m3(n)/hora. Cada tanque tendrá un diámetro de 75 metros y una altura de 53 metros (como un edificio de 18 pisos). Pero, si su tamaño impresiona, su contenido junto con los necesarios trasvases de GNL asustan, es más, debieran constituir alarma social por el peligro y la incertidumbre que entrañan.
A la contaminación que genera la descarga del mineral de hierro y carbón por las nubes de polvo que levanta, más lo dicho sobre el GNL, hemos de añadir el peligro que supone que cada semana de uno a dos buques metaneros de GNL entren, y permanezcan, en una bahía del mar Cantábrico donde los temporales son más que frecuentes y, por otro lado, hay que añadir la carga de cientos de camiones cisterna necesarios para el transporte del GNL sin que se sepa qué cantidad se va a distribuir por gaseoductos o en camiones cisterna y aún hemos de sumar la construcción de no se sabe exactamente cuantas centrales de Ciclo Combinado ni tampoco su ubicación.
Asturias, tradicionalmente, ha sido suministradora de energía obtenida de las minas carbón directamente pero, sobre todo, por la energía consumida en productos con muy poco valor añadido pero con una aportación cuantiosa de energía, circunstancia que ha generado un modelo de industria básica intensiva en capital, contaminación, uso y abuso de recursos naturales que han acarreado una gran degradación del medio ambiente y un sesgo en el modelo económico que relegó a la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, lo mismo que a empresas con tecnología de vanguardia.
Actualmente, Asturias exporta la mitad de la energía que produce y de la otra mitad sólo cinco actividades demandan el 95% de las necesidades energéticas de la industria regional acaparada por la siderurgia y fundición, metalurgia no férrea, cemento, química y papel que, además, pagan con la tarifa G4 de 2,6 a 3 cent. euro/kwh (regalada) frente a los 11 cént. euro/kwh -cuatro veces más- que han de pagar las empresas de servicios, pequeñas industrias, oficinas y las familias para los usos domésticos pero, esto sólo en teoría, porque los impuestos, alquileres, etc elevan el precio 5 o 6 veces más. Las cinco actividades citadas no aportan valor añadido, son altamente contaminantes, de poco empleo y no generan industria transformadora ni auxiliar que son las que sí pueden crear empleo. Es la típica economía de inversiones faraónicas de negocio seguro -y efímero- pero para empobrecimiento cierto de la población tal como está sucediendo. Esta es la especialidad, junto con el urbanismo, de los dirigentes políticos de Asturias y les va bien, pero sólo a ellos. La emigración -huida- de la juventud, el envejecimiento de la población junto con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea hace años que lo confirma.
Cuando ya estamos sobrados de energía, proyectan la ampliación del puerto de El Musel para que unas empresas privadas instalen una planta regasificadora sobre los costosos terrenos del puerto construidos con dinero público. Así se invierten y despilfarran los escasos recursos disponibles. Se trata de un plan estratégico de gran alcance donde el papel y protagonismo de las autoridades políticas del Ayuntamiento de Gijón, PSOE e IU, siempre al servicio de este proyecto, ha sido decisivo en su desarrollo comenzando por la alcaldesa Felgueroso y el teniente de alcalde Montes Estrada, del gobierno de Asturias y de su Presidente Areces quienes protagonizaron desde el principio la ampliación del puerto, todo ello con el apoyo financiero de Cajastur y de su presidente Menéndez que lo es también de Hidrocantábrico propiedad de EDP y que esta utiliza de pantalla. En resumen, negocio para las multinacionales y ruina para Asturias porque todo gira entorno a inversiones millonarias destinadas a su exclusivo beneficio pero que acarrea la destrucción de la bahía de Gijón, de lo que la rodea e hipoteca cualquier otra inversión coherente durante décadas a cambio de una regasificadora extraordinariamente peligrosa que amenaza -agrede- a la población con una ubicación que vulnera las normas más elementales de seguridad.