Este movimiento que cuenta con más de 1000 organizaciones adheridas señala que no se puede dejar fuera de esta prestación a las personas en situación irregular ya que son uno de los colectivos más vulnerabilizados y en riesgo de exclusión social.
El movimiento #RegularizacionYa, apoyado por más de 1000 asociaciones, organizaciones, colectivos y personas migrantes y antirracistas del Estado español, ha hecho llegar esta mañana a partidos políticos y entidades sociales el informe Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el que demanda que esta prestación incluya a las personas migrantes no regularizadas.
En este documento, se señala que el Gobierno informó el pasado 16 de abril de que a finales de mayo se pondría en marcha la prestación Ingreso Mínimo Vital, del que se calcula podrán beneficiarse hasta tres millones de personas en riesgo de exclusión social. Sobre el diseño de esta prestación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comentó que “no está contemplado” para personas en situación irregular; sin embargo, según declaraciones de Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales, se está valorando la inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, dado que estas personas pertenecen a un grupo en riesgo de exclusión social.
En este sentido, desde #RegularizacionYa se pide al Gobierno que tenga en cuenta a las personas migrantes en situación administrativa irregular como perceptoras de esta prestación. “La petición de la inserción de las personas en situación administrativa irregular dentro de aquellas posibles peticionarias del ingreso mínimo responde a la urgencia que están viviendo los distintos colectivos en la actualidad (no poder hacer frente al pago del alquiler, imposibilidad o dificultad de pagar comida, facturas, insumos básicos, etc.). Al mismo tiempo queremos subrayar que este planteamiento inicial se enmarca en un objetivo mayor que es el de la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria”, señala el informe.
Edith Espinola, portavoz de esta iniciativa y secretaria de Servicio Doméstico Activo, comenta al respecto que “el Ingreso Mínimo Vital otorgaría esa protección que hasta ahora el Gobierno no ha ofrecido para más del 40% de las trabajadoras de hogar que quedaron fuera del subsidio”. “Para que llegue a todas las que estamos trabajando en primera línea cuidando a la población tienen que estar incluidas las mujeres sin residencia legal, aquellas que la Ley de Extranjería obliga a trabajar en la economía sumergida. Estamos sosteniendo los cuidados esenciales y merecemos al menos el reconocimiento de esta prestación porque es una cuestión de justicia social”, indica la representante del movimiento.
Por otra parte, desde el pasado 21 de abril, según la ampliación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID-19 del Ministerio de Igualdad, las personas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, van a poder acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital aun estando en situación administrativa irregular. Desde #RegularizacionYa instan al Gobierno a que su alcance se extienda a todas las personas en situación administrativa irregular ya que son uno de los colectivos más vulnerabilizados en el contexto de COVID-19, siguiendo el ejemplo de Canarias y de las Islas Baleares que ya ha incorporado en sus rentas a personas migrantes en estatus irregular.
Un proceso seguro libre de racismo institucional
Asimismo, desde el movimiento se exige que se pongan en marcha mecanismos de protección para que la solicitud y recepción de la prestación sea un proceso seguro para las personas en situación irregular sin exponerlas a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de racismo institucional. Así lo apunta Kenia García, portavoz de #RegularizacionYa y miembro del colectivo Prostitutas de Sevilla. “El Estado debe asumir su responsabilidad e incluirnos en el Ingreso Mínimo Vital independientemente de nuestra situación administrativa irregular con todas las garantías de confidencialidad y el compromiso de que luego no suframos ningún tipo de persecución administrativa por parte de extranjería o por la guarda y custodia de nuestros hijos”, concluye.
Por último, en el documento, #RegularizacionYa aseguran que alrededor de 600 mil personas en situación administrativa irregular están “en un limbo vital y administrativo (…) debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus” lo que las empuja a la economía sumergida “para poder sobrevivir en un sistema que las invisibiliza y no las tiene en cuenta en ninguna de las políticas sociales”. “En este sentido, nuestra apuesta política es por un nuevo marco que debe situar el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho para, de este modo, garantizar la protección de uno de los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad”, aseguran.