Tres gobiernos autonómicos perdidos, diez alcaldías de las treinta capitales de provincia que tenía, otras tantas ciudades importantes, 700 concejales menos que la principal fuerza política contrincante. A pesar de esta reducción significativa de poder territorial y de gobiernos locales, la derecha española ha podido presentar su derrota como una victoria -y el 47% de […]
Tres gobiernos autonómicos perdidos, diez alcaldías de las treinta capitales de provincia que tenía, otras tantas ciudades importantes, 700 concejales menos que la principal fuerza política contrincante. A pesar de esta reducción significativa de poder territorial y de gobiernos locales, la derecha española ha podido presentar su derrota como una victoria -y el 47% de los encuestados así lo cree /1- sobre la base de dos hechos: 1) ha obtenido 160.000 votos más que el PSOE; y 2) ha arrasado electoralmente en sus dos feudos de Madrid y Valencia.
Los pocos días transcurridos tras las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo han puesto de manifiesto cómo una puesta en escena decidida y eficaz – aplicando técnicas de marketing político gracias al control de los medios de comunicación de la derecha, en el marco de una estrategia a largo plazo de fuerte polarización y movilización extraparlamentaria de su electorado-, ha sido capaz de reconstruir los hechos y dar lugar a una realidad política que se sustenta en la medida en que es aceptada por millones de ciudadanos, incluida una parte sustancial de los votantes de la izquierda. Alberto Ruiz Gallardón, uno de los dos grandes triunfadores del Partido Popular (PP) en Madrid, se permitía el lujo de afirmar en titulares de la primera página del diario ABC que: «Zapatero es un paréntesis en la historia de España y el socialismo».
Las dos preguntas ahora son: ¿Cómo ha sido posible que gane el PP, si las izquierdas no han perdido? y ¿puede la izquierda perder las elecciones generales del 2008?
¿Un plebiscito en todo el país que anticipa los resultados de las generales?
Para responder a la primera pregunta quizás sea conveniente volver a los hechos, aunque evidentemente no bastan. En realidad la primera afirmación de que el PP ha obtenido 160.000 votos más que el PSOE es una construcción ideológicamente sesgada. Más o menos votos en todo el país, la cuestión esencial en unas elecciones municipales y autonómicas es quién obtiene el mayor número de concejales y parlamentarios autonómicos para gobernar y aplicar políticas desde las alcaldías y gobiernos. Pero es que, además, el marco comparativo no puede ser el número de votos del PP en relación con los del PSOE. El PP representa a la totalidad de la derecha española, pero el PSOE, aunque recoja la mayoría, comparte el voto de la izquierda con una constelación de fuerzas que incluye a Izquierda Unida y a las distintas izquierdas nacionalistas y regionalistas. Tampoco se puede obviar la existencia de los partidos de la derecha nacionalista catalana (CiU) y vasca (PNV).
La proclamación de victoria del PP por haber obtenido 160.000 votos más que el PSOE responde al hecho de que en las elecciones municipales de 2003, el PSOE obtuvo 175.000 votos más que el PP. Para algunos analistas del PSOE -poco escuchados entonces-, aquella subida marcaba una tendencia que debería conducir a una victoria de Zapatero en las elecciones de 2004. No se sabía que iban a tener lugar los atentados del 11 de marzo, ni la gestión mentirosa del PP de la tragedia que acabaría provocando su derrota electoral el 14 de marzo. Todo ello, por cierto, convertido en una teoría conspirativa por parte de la dirección derrotada del PP, que en su versión más delirante pero sustentada en el juicio contra los terroristas yihadistas del 11-M, afirma que existió una participación de ETA en los atentados, que hubo unos contactos previos del PSOE con ETA y que el objetivo de los atentados era sacar al PP del gobierno para hacer avanzar no los fines del terrorismo islamista sino los de los nacionalistas separatistas vascos.
Efectivamente, todo ello es delirante. Pero ese delirio ha sido mantenido y alimentado durante estos tres años como una posible realidad política, creíble según las encuestas para un 34% de los votantes de la derecha a finales del 2006, por imposible que parezca. Sólo las sesiones del juicio del 11-M han hecho caer esas dudas por debajo del 10% en los últimos meses. Y, sobre esas dudas como primer peldaño, se ha construido una larga campaña de movilización extraparlamentaria alrededor de la necesidad de defender la unidad de España o sus esencias católicas (ley de igualdad, matrimonio homosexual, enseñanza religiosa privada), con ocho grandes manifestaciones en Madrid apoyadas y sostenidas desde el control del PP de los gobierno autonómico y municipal.
Para los analistas del PP -que parecen estar calcando desde su particular óptica las visiones de la izquierda y su campaña de movilizaciones sociales de 2002-2004-, las elecciones municipales y autonómicas serían en realidad un plebiscito estatal sobre la política del Gobierno Zapatero. Y, por lo tanto, lo esencial no es ni el debate municipal ni el autonómico, sino la proyección del número de votos global -independientemente de su resultado institucional- como preludio de la tendencia de las próximas elecciones generales del 2008.
El diario El Mundo /2 -principal portavoz de la derecha social en Madrid- hacía ese ejercicio para llegar a la conclusión que el PSOE obtendría 147 escaños y el PP 148 en el Congreso de los Diputados, de manera parecida a las elecciones de 1996. El problema, que no se subrayaba obviamente, es que IU obtendría en la misma proyección 13 escaños, ERC 6, el BNG 4, Nafarroa Bai 1, Coalición Canaria 4, el PNV 8 y CiU 16. En el mejor de los casos hipotéticos para la derecha -una posible alianza PP-CiU-Coalición Canaria-, no podría construir una mayoría operativa/3.
La debilidad del ejercicio no reside, sin embargo, en sus conclusiones, sino en su hipótesis de partida. Dos encuestas, la del CIS de abril /4 y el Pulsómetro de la Ser ya citado, volvían a recordar que las elecciones municipales y autonómicas -más cuando no están en juego los gobiernos autonómicos de las llamadas «nacionalidades históricas» Galicia, Catalunya, Euskadi y Andalucía, que disponen de su calendario electoral diferenciado- tienen entidad propia distinta de unas elecciones generales. La Encuesta del CIS daba al PSOE, días antes de las elecciones municipales, 3 puntos de ventaja sobre el PP y 6 puntos el Pulsómetro (44% frente al 38%) realizado inmediatamente después, mientras que 6 de cada 10 votantes se mostraban satisfechos con los resultados en sus municipios, y Rajoy se situaba en la escala de dirigentes políticos mejor valorados no ya por detrás de Zapatero, sino de Llamazares (IU) y de Durán i Lleida (CiU). A pesar de lo cual, los encuestados consideraban en su mayoría los resultados como un serio aviso a Zapatero cara a las elecciones generales.
En realidad, las diferentes izquierdas que apoyan en el Congreso de los Diputados al Gobierno Zapatero y que mantienen distintas alianzas en los gobiernos autonómicos (IU, ERC, BNG), han obtenido un millón y medio de votos más que la derecha del PP y algo menos de un millón más que la hipotética alianza PP-CiU-CC. Sin embargo, una vez más, cualquier proyección a partir de estos datos en relación con tendencias de voto en unas elecciones generales sería una distorsión.
Madrid, rompeolas del Reino
El discurso de victoria anticipada del PP no se sostendría, a pesar de todo, sin el aplastante barrido de sus candidatos a la Comunidad y a la alcaldía de Madrid y, en menor medida -aunque permiten hablar de una tendencia y no de una excepción madrileña-, en Valencia y Murcia. Rajoy no habría podido salir al balcón de la sede nacional del PP para saludar a los congregados en la calle Genova por su supuesta victoria, si no hubiera ido de la mano de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, los vencedores de Madrid.
El agotamiento paulatino del estado de las autonomías, surgido en 1978 como una respuesta doble al problema de la descentralización administrativa y a la contención de las aspiraciones democráticas nacionales de Catalunya y Euskal Herria, ha abierto un proceso de reformas de los estatutos de autonomía teniendo como parámetro al de Catalunya. Sus límites negativos están aun por definir en la negociación pendiente del sistema presupuestario y fiscal (del que depende en buena parte el gasto social público y el salario indirecto de la población asalariada) y en el reparto de competencias final entre la administración central y los gobiernos autonómicos. Nadie sabe muy bien en esta fase de transición y de lucha de intereses sociales y políticos cuál va a ser la configuración final del nuevo modelo territorial del estado autonómico, una vez que es evidente que se ha frustrado de nuevo cualquier aspiración soberanista a corto o medio plazo.
El control y dominio sobre las instituciones autonómicas y municipales de Madrid, capital del estado y sede de su administración central, tiene un valor inmenso para la derecha y su modelo de un estado parcialmente descentralizado en lo administrativo, pero con una fuerte concentración de competencias, sobre todo presupuestarias y fiscales, identificado con la marca «España». No solo le permite mantener la continuidad de su imaginario político nacional-español y católico-español, aunarlo con un liberalismo conservador «modernizante», sino también convertir Madrid en un baluarte con alta capacidad de movilización, apoyado desde las instituciones regionales y la derecha mediática para presionar a la administración del estado. Madrid se convierte así en una caja de resonancia de la derecha que le permite fijar una correlación de fuerzas que le es mucho más favorable que la suma de las distintas realidades de un estado plural y diverso.
El Madrid del PP es el resultado, sobre todo, de once años de auge económico con tasas de crecimiento del PIB superiores a la media del resto del estado, gracias a una política de subvenciones y endeudamiento en grandes infraestructuras y construcción, muy superiores a la media de las ciudades de la UE. Este modelo económico, insostenible desde un punto de vista urbanístico y ecológico, ha moldeado el tejido social y político de la Comunidad a golpe de tuneladora, cemento y ladrillo. El modelo económico neoliberal del PP, partiendo de la alianza de los grandes grupos bancarios y las empresas constructoras, se ha volcado especialmente en Madrid y en la costa Mediterránea, con Valencia como eje, y ha sido mantenido sin modificaciones sustanciales ni intervenciones reguladoras por la política económica y urbanística del Gobierno Zapatero.
Los limites de la política socio-liberal de Zapatero -a pesar de los avances en el terreno de la igualdad y extensión de derechos, en las reformas autonómicas o en el inicio del proceso de paz en el País Vasco- no pueden ser más evidentes en su fracaso electoral en Madrid y Valencia. Porque en estos años, frente a la dependencia a corto plazo por parte de amplios sectores de la población del modelo económico neoliberal basado en la expansión de la construcción y el endeudamiento privado, no se ha hecho nada, o muy poco, para recuperar la autonomía y capacidad de negociación sindical, para redistribuir a favor de los sectores asalariados -con excepción de la Ley de Dependencia, aun sin financiación-, para modificar mediante leyes del suelo y subvenciones la política de acceso a la vivienda y para garantizar la calidad y el carácter público de la sanidad y la enseñanza frente a las políticas privatizadoras de las autonomías del PP.
Como en el resto de la UE, las políticas de ajuste y control salarial están erosionando la base social de los partidos socialdemócratas, con la agravante en el Reino de España de que el importante déficit social respecto de la media de la UE, heredado y aumentado por los Gobiernos Aznar, sigue creciendo ligeramente bajo el Gobierno Zapatero.Tanto en el terreno del modelo económico y social como en el volumen del gasto público, no ha habido una alternativa, sino meros intentos de redistribución parcial limitados en el marco heredado, a pesar de la fuerte legitimidad y apoyo del Gobierno Zapatero por su retirada de las tropas de Irak, la paralización del Plan Hidrológico Nacional y sus reformas democráticas.
Es más, a la espera de estudios de opinión que permitan confirmarla o rechazarla, una de las hipótesis que parecen más sólidas en relación a los resultados en Madrid y Valencia es que hay una verdadera reacción conservadora transversal de sectores asalariados ante el discurso antidesarrollista de las distintas izquierdas en el momento en que empiezan a manifestarse las primeras señales patentes de agotamiento del modelo económico basado en el ladrillo. Un agotamiento del que se hacen eco todos los informes económicos difundidos por la prensa, pero que se puede observarse directamente con el nivel de endeudamiento familiar, superior al 120%, y con el aumento del precio de las hipotecas en un mercado laboral dominado por la precariedad (33%). En un medio social regido por la lógica del mercado, estructurado en fuertes redes clientelares, sin ejemplos palpables de intervenciones redistributivas, con poca densidad sindical y asociativa de izquierdas, no basta con criticar el modelo económico neoliberal desde los márgenes. Es imprescindible ofrecer una alternativa programática económica y social de conjunto, una transición amortiguada que gestione de manera equitativa los distintos intereses sociales afectados, movilizar y demostrar la capacidad institucional de gestión, aunque sea parcialmente, y para construir una nueva hegemonía social y política.
Nada de eso ha sido la práctica central del Gobierno Zapatero, y mucho menos de la oposición socialista en Madrid, Valencia, La Rioja o Murcia. Una de las lecciones más importantes de la gestión del primer Govern tripartito de izquierdas catalán fue precisamente ésa: la necesidad de aplicar y visualizar políticas sociales redistributivas para estabilizar un electorado de izquierdas que no mantiene su movilización sólo por cuestiones democráticas o nacionales, si no se establece un vinculo claro entre ellas y sus efectos sociales, como ocurre en el caso de la derecha.
Parte de las raíces de este problema hay que buscarlas en las características mismas de la victoria de Zapatero el 14-M de 2004. La huelga general organizada por los sindicatos contra el Gobierno Aznar en defensa del sistema de pensiones y de la estabilidad del mercado laboral se vio en buena parte desplazada a un segundo plano como fuerza legitimadora del nuevo gobierno socialista por las movilizaciones masivas contra la participación española en la guerra de Irak y contra el Plan Hidrológico Nacional. La débil estructura organizativa de los movimientos pacifista y ecologista, junto con el paso a un segundo plano de los sindicatos mayoritarios para mantener su política de concertación con la CEOE, permitieron una enorme autonomía de Zapatero en relación con la izquierda política -empezando por los barones del PSOE y el aparato de Ferraz-, pero también con la izquierda social. Sin mecanismos de presión de abajo a arriba autónomos, la izquierda social se vio en buena medida cooptada y subordinada a las iniciativas institucionales del Gobierno socialista, mientras se reforzaba la autonomía del propio Zapatero con una legitimidad ligada a su gestión como presidente y también de manera específica a la de la vicepresidenta Fernández de la Vega, como ponen de manifiesto todas las encuestas.
Consecuencias políticas para las generales
Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2007, más allá de estas conclusiones generales, muestran la enorme diversidad y pluralidad del mapa político del Reino de España y la necesidad de un análisis concreto de cada una de esas realidades. Un ejercicio que llevará tiempo, pero que es fundamental. Aquí solo se pueden adelantar algunos elementos y sus repercusiones políticas para el conjunto del país.
En primer lugar hay que destacar el éxito de las candidaturas de la izquierda abertzale representada por Acción Nacionalista Vasca (ANV). A pesar de la prohibición de la mitad de sus candidaturas por la aplicación de la antidemocrática Ley de Partidos, la movilización del electorado de la izquierda abertzale ha sido enorme en toda Euskal Herria, obteniendo 435 concejales que suponen una importante vuelta a las instituciones locales, no obstante estar obligadamente ausentes de las tres capitales provinciales en la Comunidad Autónoma Vasca. Junto al ascenso espectacular de la coalición nacionalista Nafarroa Bai en Navarra, que ha permitido la derrota del brazo regional del PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN), se crea un nuevo escenario para hacer posible el proceso de paz en Euskal Herria. El PP pierde hasta su feudo de Vitoria-Gasteiz y la mayoría absoluta en el ayuntamiento de Pamplona.
La política antiterrorista del PP ha sufrido una importante derrota en las urnas con la movilización plena del electorado vasco-navarro. La pretensión de Rajoy de convertirla en un eje central de su llegada al poder y de articulación de una mayoría nacional-española -atribuyéndose parte del éxito de la derecha en Madrid para contrapesar los méritos de Esperanza Aguirre y Gallardón- choca con la resistencia abierta de la mayoría del pueblo vasco. Pero no por ello dejará de ser el eje central de la oposición del PP hasta las generales, con el apoyo de la derecha judicial, como se ha visto inmediatamente con la decisión del juez Grande-Marlaska de encausar, contra la opinión de la fiscalía, al dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegui por «enaltecimiento del terrorismo» y con el debate abierto sobre la situación penitenciaria de De Juana Chaos tras ser dado de alta después de tres meses en el Hospital de San Sebastián en régimen de prisión atenuada.
El problema para Zapatero es hasta qué punto es capaz de contrarrestar dentro del propio PSOE la presión del discurso del PP. Porque Simancas y la dirección del socialismo madrileño atribuyen una parte importante de su fracaso a las consecuencias de la política de Zapatero respecto del País Vasco en el electorado madrileño. Y los sectores más a la derecha del PSOE a nivel federal reproducen ese discurso, con valedores en distinto grado en el Gobierno central, según sus intereses políticos, como el ministro del interior Rubalcaba o el de economía Solbes, y fuera del mismo, el ex ministro de defensa Bono.
La prueba del algodón ha sido, por un lado, el difícil equilibrio de una fórmula para la vuelta a las instituciones de la izquierda abertzale que no pareciese una concesión tras los atentados terroristas del 30 de diciembre en el Aeropuerto de Madrid y, por otra, la alianza, o no, con Nafarroa Bai en Navarra para construir una alternativa al gobierno autonómico de UPN, desmontando uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo del proceso de paz. En ambos casos, el Gobierno Zapatero se ha jugado, en la fórmula de Gallardón, ser o no «un paréntesis», pero no por avanzar en el proceso, sino por la claudicación ante la presión del PP y su autoproclamado derecho de veto a cualquier cambio sustancial, político o social. Porque aunque la prioridad estratégica puede que siga siendo el proceso de paz, en la táctica del corto plazo sigue primando cómo responder a las presiones del PP y del ala derecha del PSOE.
Pero, como dicho, todo eso no puede sustituir a la necesaria movilización del conjunto de la izquierda y a la estructuración de un amplio sistema de alianzas. La resignada aceptación del modelo económico y social neoliberal y el miedo a una división de su electorado en relación con la cuestión nacional y autonómica han llevado al Gobierno Zapatero a una gestión en «frio» de su poder institucional, inerme ante una derecha social movilizada en la calle, y que no hace sino alimentar la abstención de la izquierda. Cuando tras numerosas presiones de la izquierda sindical y social, el PSOE se ha sumado a la movilización en las dos manifestaciones de Madrid contra los atentados del 30 de diciembre y en el aniversario de la guerra de Irak, el tema central ha sido el pacifismo, que sigue siendo un importante activo moral de las izquierdas, pero en el que no se puede sustentar exclusivamente la resistencia y la construcción de una alternativa a la derecha.
La importante abstención en Cataluña de sectores de la izquierda es el dato más preocupante. Pero también en Andalucía. O la erosión de votos del PSOE en Asturias y Cantabria, además del ya comentado de Madrid. Mientras que la pérdida del umbral del 5% por parte de IU y su salida de las instituciones en varias autonomías (a la que suma ahora Extremadura), ha sido frenada, pero no revertida, gracias a las coaliciones con sectores de la izquierda nacionalista. Pero conserva su voto, a contrapelo de las caídas del PSOE, en Madrid y Asturias, y obtiene en total, junto a sus aliados ICV-EUiA en Cataluña y EBB en el Pais Vasco, un millón y medio de votos y 2.655 concejales, que se convierten en un elemento decisivo para el conjunto de la izquierda y le otorgan mayor capacidad de presión sobre el Gobierno Zapatero.
¿Ganará el PP las elecciones generales?
La cuestión final de si puede perder la izquierda las próximas elecciones generales de 2008 esta abierta. Los efectos de la desmovilización social son patentes en la abstención, en la debilidad o incapacidad para construir una verdadera oposición en lugares clave como Madrid o Valencia, en la erosión del apoyo de algunos gobiernos autonómicos de izquierda. Pero sobre todo, en la enorme capacidad de la derecha para movilizar a su base social, a pesar de ser minoritaria, y de presionar de manera muy importante no solo a sectores del electorado de las izquierdas, sino al propio aparato del PSOE.
Ignorar el aviso recibido sería desastroso; perder estos meses decisivos hasta marzo en luchas internas o no construir un sistema de alianzas amplio de toda la izquierda, suicida. Las primeras reacciones cainitas del Partido Socialista Madrileño, revolviéndose contra el propio Zapatero y exigiendo el fin de su autonomía en relación con los barones regionales y los distintos aparatos del partido, no puede ser peor señal de lo que ocurrirá si Zapatero no impone su legítima autoridad ante unas corrientes que fueron responsables del fraude del «Tamayazo» en Madrid/5 y cuya opción política no es otra que la de un giro a la derecha, a fin de mantener los pactos antiterroristas con el PP y buscar una alianza de gobierno con CiU. Como tampoco parece que vaya a ayudar mucho la espantada de ERC en el ayuntamiento de Barcelona. Las tensiones que recorren a las distintas izquierdas tras estos resultados electorales no pueden resolverse con la búsqueda de chivos expiatorios para reforzar las propias señas de identidad, sino en una propuesta de hegemonía para el conjunto de las izquierdas en la nueva fase abierta.
Por eso es tan importante, junto con resistir a la derecha, articular un proyecto de cambio para una segunda legislatura que vaya más allá de los límites en los que se ha encerrado el propio Gobierno Zapatero. Si no mejora la correlación de fuerzas en favor de la izquierda, no habrá posibilidades de profundizar en el cambio político y social. Pero para impulsar la movilización hace falta, al mismo tiempo, un proyecto que no puede reducirse a querer continuar como estamos.
Es necesaria una segunda legislatura de la izquierda para poder avanzar en el proceso de paz en el País Vasco, pero también una voluntad expresa de querer hacerlo. La contradictoria defensa frente a la derecha española del proceso de paz no puede hacerse alegando que el Gobierno Zapatero ha hecho menos en términos concretos para normalizar la situación política en Euskal Herria que los Gobiernos Aznar.
Es imprescindible una negociación en profundidad de la estructura fiscal y presupuestaria, que permita dotar de recursos a las competencias en políticas sociales transferidas, pero no se puede hacer desde una política económica central de ajuste del gasto «per se», de techos presupuestarios más exigentes que los recomendados por Bruselas como ha hecho hasta la fecha Solbes, y de unos presupuestos que mantienen el modelo económico heredado del PP con pequeñas correcciones en el gasto social que no alteran los actuales parámetros distributivos a favor de los grandes grupos empresariales, quienes, dicho sea de paso, baten record de beneficios. Unos presupuestos de izquierdas que tengan por objetivo alcanzar la media europea de gasto social, han de ir acompañados con unas leyes del suelo que supongan una inflexión en el actual modelo de desarrollo y den acceso a la vivienda de alquiler a los jóvenes, poniendo a la vez en marcha una urgente política medio ambiental que permita revertir la tendencia al completo incumplimiento de los objetivos de Kyoto. Y todo eso no sería sino cumplir las promesas y las expectativas de cambio social y político del 14-M de 2004.
Pero ese necesario cumplimiento del programa electoral de la legislatura que se acaba no es tampoco suficiente. Derrotar a la derecha mediante una movilización plena del electorado de las diferentes izquierdas supone volver a las raíces del «no nos defraudes» y del «no estás solo» de las manifestaciones por la paz en Madrid, y plantear que es posible superar por la izquierda los propios límites del Gobierno Zapatero -revelados de manera simbólica, pero muy significativa, en la negociación de la Ley de la Memoria Histórica-, abriendo una segunda transición democrática y social con el horizonte de una reforma constitucional en profundidad. Porque la primera transición del franquismo, con sus pactos y claudicaciones que mantuvieron el poder real de la derecha a cambio de la legalización institucional de una izquierda desmovilizadora, fue una enorme frustración que se ha agotado en sí misma, dejando por herencia un importante déficit democrático en la solución de la cuestión nacional y la articulación del estado, un déficit social que nos hace europeos de segunda y un enorme déficit modernizador en las estructuras de gestión administrativas y económicas que pagan fundamentalmente quienes menos tienen.
NOTAS:
1/ Pulsómetro de la Cadena SER, del grupo PRISA, elaborado por el Instituto Opina tras las elecciones del 27 de mayo.
http://www.cadenaser.com/static/pulsometro/anteriores/encuesta_070601.htm.
2/ El Mundo, 29 de mayo del 2007, Fernando Garea, «El PSOE perdería hasta 17 escaños en unas generales».
3/ A pesar de la insistente campaña de Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, por ser ministro en cualquier gobierno central, el principal dirigente de CiU y candidato a la Generalitat, Artur Más establecía ante los empresarios catalanes el 1 de junio cuatro condiciones: mantenimiento de una politica de ajuste presupuestario; reducción de la presión fiscal; políticas de impulsión de la natalidad y control de la inmigración; y cumplimiento pleno del nuevo Estatut de Catalunya. Parece difícil compatibilizar sobre todo este último punto con un PP que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Ver La Vanguardia, 2 de junio del 2007, Lalo Agustina «Más expone sus condiciones a la entrada de CiU en el Gobierno tras las generales».
4/ EL Pais, 31 de mayo del 2007, Carlos E. Cué, «El PSOE dobla la ventaja sobre el PP y le saca tres puntos según el CIS». Para la encuesta completa de abril del CIS, ver
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros/indicadores.html.
5/ En las elecciones autonómicas del 2003, el PP perdió la mayoría de la Comunidad de Madrid. Pero fue imposible un gobierno regional PSOE-IU por el voto en contra de dos diputados regionales del PSOE, Tamayo y Sáez, sostenidos por intereses inmobiliarios privados. La celebración de nuevas elecciones pocos meses después dio la mayoría absoluta a la candidata del PP, Esperanza Aguirre, gracias a abstención provocada en el electorado socialista por este caso de corrupción. Desde entonces, el PSOE no se ha recuperado en Madrid, aunque la erosión del voto socialista se remonta en realidad a 1999 y el PP ha consolidado su hegemonía con un crecimiento electoral del 15%.
* Gustavo Búster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heterónimo de un analista político madrileño.