Que quede dicho: me declaro admirador de Rafael Reig. Es un escritor agudo y clarividente. Admiro su sentido del humor y la facilidad con la que argumenta. Me alimento cotidianamente de su discurso, con él disfruto y a la vez aprendo y me armo. Por si fuera poco, nada me contentaría más que recibir su […]
Que quede dicho: me declaro admirador de Rafael Reig. Es un escritor agudo y clarividente. Admiro su sentido del humor y la facilidad con la que argumenta. Me alimento cotidianamente de su discurso, con él disfruto y a la vez aprendo y me armo. Por si fuera poco, nada me contentaría más que recibir su juicio sobre mis novelas, porque, además de articulista, es un novelista y crítico literario admirable.
Lo que pasa es que esta vez, me temo, se ha pasado de atrevido y ha hablado con mucha contundencia sin, creo, informarse bien. Ha descalificado la propuesta de una renta básica universal (RBU) en medio de un artículo escrito contra Podemos en Eldiario.es. Este partido recogió la idea de los movimientos sociales. En estos momentos, el Movimiento contra el Paro y la Precariedad, junto con otras organizaciones como las Marchas por la Dignidad-22M, está recogiendo firmas por toda España para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Renta Básica. Miles de activistas están explicando al pueblo una propuesta que se ha construido minuciosamente durante años de debate y estudio. Están trasladando a la calle una gran idea que se había desarrollado en círculos más bien de carácter académico e intelectual. Y cuando existe la posibilidad de explicarla con detenimiento, la propuesta cuaja porque es viable (es decir, reformista, se podría poner en práctica desde el actual marco político y social sin una revolución de por medio) y porque enlaza directamente con un consenso popular que circula por debajo de los medios de comunicación: hay que acabar urgentemente con la pobreza y reducir drásticamente la desigualdad, al tiempo que se profundiza la democracia.
Rafael Reig descalifica la RBU echando por encima la cuenta de la vieja de lo que costaría respecto del PIB. ¡Más de trescientos mil millones de euros, un tercio del PIB de España! No tiene en cuenta unos cuantos detalles de importancia que vendrían a matizar el escándalo. Baste con estudiar detenidamente, por ejemplo, el modelo de financiación que han desarrollado con seriedad y realismo J. Arcarons, D. Raventós y Ll. Torrens para Catalunya, pero que sería fácilmente extrapolable a toda España. Es un modelo que da por hecho que se alimentan sobradamente los servicios públicos como la salud y la educación, por cierto.
En primer lugar, la renta básica unificaría muchos capítulos de gasto público que ya existen. Establecería un suelo de partida para pensiones (que alcanzan ya el doce por ciento del PIB español), prestaciones por desempleo (más del 3% del PIB), rentas de inserción, becas, dependencia, ayudas sociales de lo más variado. Reduciría considerablemente el gasto público de gestión burocrática de las ayudas. Es algo tan de sentido común como simplificar las ayudas, dignificar las que hoy son pura miseria y garantizar que nadie se queda fuera. Coincide con la primera fase del texto de la ILP que queremos que se debata en el Parlamento. Y si no es sostenible, hay que hacerlo sostenible. Esto no es parte de un programa político de izquierdas. Es parte de la respuesta ciudadana a una situación de emergencia social causada por un programa político-económico de ofensiva de los ricos contra los pobres.
En segundo lugar, resulta obvio que la RBU para los ricos sería algo parecido, pero mucho más progresivo, al mínimo personal del IRPF. Para que la propuesta fuera viable, el impuesto sobre la renta tendría que establecerse, como bien explica la propuesta de Raventós y compañía, a un tipo único próximo al 50%, integrando en la base general las rentas del ahorro y eliminando todas las deducciones y correctores de inequidad actuales. Habría, eso sí, que recaudar como es debido, lo cual se vería muy facilitado por la simplificación radical del sistema fiscal. La renta básica actuaría como factor de progresividad en la imposición directa, exactamente lo contrario de lo que Rafael Reig denuncia escandalizado en su artículo. Los 7744 euros anuales que recibiría todo quisque, según la propuesta de la ILP, serían un tipo de contribución negativa, un ingreso neto, para el que no tiene que declarar y significarían una reducción ridícula de los impuestos a pagar por las grandes fortunas. Las clases medias básicamente se quedarían como están. Hablamos de cambiar el sistema de impuestos para combatir la pobreza y la desigualdad. Implicaría, por tanto, un serio incremento del gasto público español respecto del PIB basado en una contribución efectiva mucho mayor de las familias de mayores ingresos. Diferentes estimaciones sitúan el fraude fiscal en el entorno del 6% del PIB. Y hay margen para incrementar los impuestos a los que menos pagan, que son precisamente los que más tienen; en Dinamarca, por ejemplo, el Estado gestiona cerca del 60% del PIB… y en España apenas estamos en el 42%. Si se tiene todo esto en consideración, igual ya nos va saliendo la cuenta de la vieja. No podemos caer en la trampa de aceptar que sólo son viables las reformas regresivas. Y no somos maximalistas. Queremos reformas importantes pero a la vez viables en el marco actual. Esto ya lo aceptaron el PCE e IU hace mucho tiempo. Es una forma muy digna (y necesaria, diría yo) de socialdemocracia.
Seguro que harán falta un par para hacer efectivo algo así como la renta básica universal. Es evidente que los que ostentan el poder y los privilegios están en contra. Les preocuparía verse obligados a pagar los impuestos que les corresponderían por un mínimo de justicia social. Pero probablemente les preocuparía mucho más que se cumpliera el requisito ciudadano de la independencia civil del que hablaron los padres del liberalismo. Ellos creyeron que la clave era la propiedad privada. Ahora sabemos que la clave es garantizarnos la subsistencia. Mediante la política, contrarrestaríamos la base misma de la opresión de clase, el resultado de la acumulación originaria que tan bien explicó Marx. La RBU nos haría mucho más libres a la hora de tomar decisiones democráticas porque implicaría que, antes que nada, el Estado se encarga de sostener la vida y, por tanto, la dignidad de no vernos sometidos por el hambre al dictado de otros. El movimiento obrero sería el primer beneficiado, porque la sociedad establecería una verdadera caja de resistencia que nos fortalecería frente a las imposiciones de la patronal. La RBU es un punto de partida para independizar la política de los dictados del capital. Haría factible en muy buena medida la ciudadanía para todos, la libertad. Un golpe de timón para oponernos a la ofensiva neoliberal y conseguir unas condiciones de vida y políticas muy diferentes a las de hoy.
Javier Mestre. Escritor y activista de la ILP por una Renta Básica.
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