1.- El engaño de las políticas al servicio de los intereses de la burguesía.
El gobierno no deja de sorprendernos con sus acciones para frenar el consumo energético. Entre las medidas relacionadas con él consumo energético, aprueba el establecimiento de unos cargos que irán llegando a todos los consumidores, cantidades que variarán en función proporcional al consumo realizado mensualmente, y según parece tendrán vigencia durante un período de tiempo de 12 meses, revisables en octubre.
Estos cargos normativos engordarán la factura eléctrica en una cantidad importante apareciendo con el texto de CARGOS NORMATIVOS O COMO MECANISMO DE AJUSTE REAL DERETO LEY 10/2022, o con otras expresiones textuales.
Nos lleva a la sospecha de que esta imposición a la ciudadanía tiene como objetivo garantizar con lo recaudado que las empresas eléctricas recuperen lo que se supone han aportado o aportarán al Estado resultado del impuesto gubernamental que grava o gravará sus beneficios extraordinarios, así que los directivos de Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, y otras grandes corporaciones industriales podrán dormir tranquilos mientras que buena parte de la ciudadanía hará cuentas y se moverá en la incertidumbre para ver como consigue llegar a fin de mes sin que le corten la energía eléctrica por impago del recibo de la luz. Así, mientras las clases trabajadoras se empobrecen, las grandes empresas se siguen llevando la parte del león como está ocurriendo con los tan cacareados Fondos Europeos de los que se llevan unos 50 mil millones entre 2021 y 2022.
La población trabajadora, los pensionistas y otros sectores populares estamos sufriendo una pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a un capitalismo que a toda costa intenta recuperar las tasas de ganancias con el endurecimiento de las condiciones laborales que imponen las patronales ante la pasividad y cesión de los grandes sindicatos. En este orden de cosas, CCOO y UGT están proponiendo junto al Ministerio de Trabajo un pacto de rentas para que los salarios y pensiones suban un 2.5 o un 3 %, algo muy insuficiente ante la inflación que nos abrasa que se acerca al 11%.
En estos momentos, la única alternativa para hacer frente a las políticas gubernamentales es con la unidad y movilización del pueblo trabajador en lucha por una serie de cuestiones que a continuación señalamos concretadas en el caso de Extremadura:
2.- Por una subida de los salarios y pensiones. Sobre el convenio del campo extremeño.
Si consideramos Extremadura, podemos señalar algunas situaciones concretas en las que se manifiesta la explotación salarial. El ambiente es el adecuado dado que la falta de puestos de trabajo, la precarización, el alto desempleo, la poca movilización social, favorecen de una manera muy especial la explotación que sufre la clase trabajadora y las dificultades para mantener unas condiciones de vida que garanticen la reproducción vital de la fuerza de trabajo.
La administración pública extremeña en manos de un gobierno que se llama de izquierdas es la que facilita este estado de cosas careciendo de sensibilidad para considerar que la subida de precios empeora a toda velocidad el bienestar de la población. La Junta de Extremadura debiera establecer en su ámbito subidas salariales que hicieran frente al incremento general del IPC; pero no sólo son necesarias subidas en aspectos salariales sino otras medidas de fondo, algunas de las cuales señalaremos. En otros artículos ya hemos tocado la respuesta que deben dar las instituciones ante los irrisorios precios de los productos agrícolas que llevan a la ruina a buen número de pequeños agricultores.
En materia laboral, la firma del convenio al que llegaron los sindicatos y la patronal agraria por intermediación del presidente de la Junta es un convenio laboral desastroso para los intereses de la clase obrera y sumamente favorable para las organizaciones patronales agrarias.
El presidente de la Junta intervino para allanar el camino de un acuerdo que garantiza los intereses de los grandes empresarios agrarios a costa de una mayor explotación laboral. El acuerdo tendrá una duración de tres años, algo que pronto será insoportable para los trabajadores/as agrícolas que deberán mantener durante este tiempo unos salarios diarios de 50 euros, aproximadamente, pasando de 6,30 horas de trabajo diario durante 6 días de la semana al aumento de jornada por pérdida de los 15 minutos de bocadillo que ahora tendrán que recuperar aumentando su tiempo de trabajo.
La subida de precios determina que los salarios actuales de la clase obrera agrícola, que deberán mantenerse durante tres años, sean insuficientes para atender las necesidades diarias de la vida, por lo que urge una revisión del convenio. Los obreros se deben dar cuenta de que los sindicatos y el presidente de la Junta los han vendido a la patronal.
Una vez que termine la vendimia habrá un período de varios meses, algo más de dos, hasta la recogida de aceitunas en la que no hay trabajo en el campo para los obreros agrícolas por lo que sus condiciones de vida se endurecerán ante el estado general de los precios de los elementos básicos para la vida.
En el caso de las administraciones públicas es vergonzoso la privatización acelerada que se sigue en buena parte de las tareas ligadas de modo directo o indirecto a la prestación de los servicios públicos; en estas esferas son frecuentes salarios que no llegan a 400 euros, y horarios de media jornada que fomentan las mismas entidades municipales. El caso más evidente es lo que está ocurriendo con las ayudas a domicilio. En definitiva, la precarización del empleo temporal y parcial atañe a un buen número de todas las actividades laborales favorecido desde las mismas administraciones públicas.
3.- Nacionalización de los bancos, las eléctricas y otras grandes empresas de servicios públicos. En Extremadura es necesario la creación de una banca pública capaz de recoger el ahorro de los extremeños, invertir en apoyo a la pequeña empresa y trabajadores autónomos, y garantizar los servicios bancarios a la población en las diferentes localidades de la región. Los grandes bancos han cerrado sus oficinas abandonado su actividad en los pueblos. Las Diputaciones Provinciales tienen que destinar fondos públicos para financiar la actividad de una entidad bancaria privada, aunque formalmente aparezca como una cooperativa social, al objeto de que la población del mundo rural pueda realizar unos mínimos servicios bancarios.
La Junta de Extremadura a consecuencia de su actividad institucional mueve un abundante flujo monetario que implica a funcionarios, desempleados, renta de inserción extremeña, subvenciones, etc. mantiene un amplio espectro de relaciones económicas-financieras con personas y empresas que crean las condiciones para dotarse y garantizar la existencia de una banca pública.
En la prestación de otros servicios públicos son necesarias empresas públicas que actúen en favor de los intereses generales de la población funcionando como administración directa, y no como empresa intermediaria como es el caso de Promedio en la provincia de Badajoz. En la actividad de la recogida de basuras, Promedio se limita a ser un intermediario. En algunas poblaciones extremeñas esta empresa dependiente de la Diputación Provincial acuerda directamente con el Ayuntamiento la realización del servicio, y una vez que da este paso subcontrata la recogida de basuras con empresas que dependen de otras grandes empresas de ámbito nacional o internacional.
4.- Por la defensa de los recursos comunales.
El territorio extremeño se transforma definitivamente en un espacio para la acumulación de capital de las transnacionales. Estas corporaciones se abren paso sin que el gobierno regional impida y controle la apropiación de nuestros recursos naturales. Así, los campos extremeños se cubren de placas solares para la producción de energía fotovoltaica, energía renovable, que a toda máquina hay que generar para sustituir a las que se derivan de las energías fósiles, el gas y el petróleo.
Sin embargo, la vida sigue igual, la producción de energía eléctrica sigue estando en manos de las mismas grandes corporaciones que monopolizan este mercado a su antojo, sin procurar beneficios algunos para los extremeños, ni en cuanto a precios más favorables para nuestra producción y consumo, ni por impuestos que procedan de la domiciliación fiscal, etc. Lo que se nos vende es que la actividad de estas empresas procura el empleo de muchos trabajadores y trabajadoras, sin añadir que el trabajo es temporal, “pan para hoy y hambre para mañana”, con salarios en la mayoría de los casos miserables y en manos de subcontratas.
La presencia de multinacionales extractivistas en busca del Litio y de otras tierras raras, necesarias para la producción de baterías para los coches eléctricos y otros productos de alto valor tecnológicos, se extiende a toda máquina por el territorio extremeño. En este orden de cosas, la enorme propaganda empresarial con el apoyo de los gobiernos locales y regionales rompe las resistencias populares y consigue vía libre para planificar sus inversiones. Los gobiernos locales y regionales siempre atentos a las ventajas económicas a corto plazo, agobiados por la presión resultado de sus nefastas políticas, incapaces de un desarrollo económico que tenga como base los recursos y materias primas propias de la tierra, se ven inducidos, y poco les importa, cambiar sus decisiones primigenias para favorecer las concesiones extractivistas.
5.- El reparto del trabajo.
Es imprescindible que para luchar contra el paro y para dar solución a cuestiones que afectan negativamente a las clases trabajadoras, se tomen medidas para favorecer el empleo. Así, es importante el reparto de horas de trabajo para combatir el paro, este es un factor imprescindible para que puedan incorporarse al mundo del trabajo multitud de jóvenes que están en el paro y que en muchos casos tienen que emigrar para poder encontrar un empleo. De aquí la propuesta de reducir la jornada a 6 horas diarias con cinco días laborales a la semana, es decir treinta horas semanales, sin reducción salarial.
Según los datos que aparecen en el INE y otros que conocemos por la prensa regional la población extremeña se reduce año tras año, de tal modo que la comunidad autónoma de Extremadura ha perdido 5.256 habitantes durante el pasado año 2021, lo que supone un descenso del 0,5 por ciento de su población, que se sitúa a 1 de enero de 2022 en 1.054.245 personas. En cuanto a la juventud, los informes señalan que unos 11.000 jóvenes se fueron de Extremadura desde el año 2011 ante la falta de oportunidades laborales. En este orden de cosas, cada vez más se extiende la idea de la necesidad junto a otras medidas de llevar a cabo un reparto del trabajo, es decir disminuir las horas de trabajo hasta las 30 horas semanales.
Hay que considerar que las 8 horas de trabajo llevan aprobadas desde el año 1919, algo más de 100 años, y en este período de tiempo se ha producido un importante crecimiento de la productividad del trabajo gracias al enorme desarrollo de las fuerzas productivas que han dado origen a un importante excedente productivo de bienes y servicios. De este excedente productivo, de su valor, se benefician los dueños de los medios de producción frente a los pequeños beneficios sociales que alcanzan a la población trabajadora.
Una medida de estas características favorecería de modo considerable el empleo, sobre todo en la juventud. La administración pública regional y local son las más interesadas para beneficio propio y de la población las que deberían potenciar la reducción de la jornada con el mismo salario en vez de tantas chapuzas con el objetivo de envolver las tasas de desempleo y engañar a la población.
6.- Contra las políticas militaristas y el incremento de los presupuestos militares
Las escaladas militaristas están provocando el castigo a los pueblos y las matanzas humanas. Estas medidas aplicadas por los gobiernos de la OTAN se vuelven como bumerang contra sus pueblos. Esta dinámica guerrerista empuja a que los gobiernos incrementen los presupuestos destinados a la industria de las matanzas humanas reduciendo el gasto social destinado a los servicios públicos. De este modo, las transferencias dinerarias a las comunidades autónomas serán menores. Así, en nuestro caso, lo que recibimos del Estado en este ejercicio económico se aproxima a unos 3.000 millones de euros que suponen casi el 43 % de los ingresos en el total del presupuesto regional de 7.000 millones, de aquí la dependencia que tenemos del Estado y en consecuencia la importancia que tiene para nuestra región que no se reduzcan las cantidades que recibimos del Estado anualmente.
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