La derecha que logró llegar al poder en países del mundo hispanoamericano tiene raíces sangrientas, sea el partido ARENA, en El Salvador, auspiciado por torturadores y por antiguos escuadrones de la muerte, el PAN, de México, descendiente de los cristeros, o el PP de España, con sus reminiscencias del franquismo, que quiso dejar testimonio de […]
La derecha que logró llegar al poder en países del mundo hispanoamericano tiene raíces sangrientas, sea el partido ARENA, en El Salvador, auspiciado por torturadores y por antiguos escuadrones de la muerte, el PAN, de México, descendiente de los cristeros, o el PP de España, con sus reminiscencias del franquismo, que quiso dejar testimonio de su tiranía en el Valle de los Caídos.
Como señala Paul Preston en su biografía de Franco, «el decreto que anunciaba la erección del monumento, con fecha de 1 de abril de 1940, revelaba palmariamente las ideas megalómanas de Franco sobre su lugar en la historia: «La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido»…»[1]
En la construcción del monumento, anota Preston, se emplearon 20 mil penados exrepublicanos, de los cuales «murieron catorce y otros muchos quedaron tullidos en accidentes o padecieron silicosis»[2]
En contraste con la terrible persecución que se ejerció en la España franquista contra muchos sectores disidentes, en uno de sus mensajes Franco calificaba de «tolerante» el régimen que impondría en España. Proclamaba: «en contraste con la persecución desenfrenada de los marxistas contra todo lo que representaba una fe, un ideal o un culto, opondremos el sentimiento de una España religiosa, con sus santos, sus mártires, sus instituciones seculares»[3]
Una ley que muestra el sentido en que Franco entendía ser «tolerante» y que bien podría haber sido implantada por el bando clerical en México si hubiera tomado el poder, es la ley contra la masonería que promulgó el dictador español el 2 de marzo de 1940.
Según su artículo primero, constituye un delito «pertenecer a la masonería, el comunismo y demás asociaciones clandestinas…El Gobierno podrá añadir a dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue necesarios…»[4]
«Artículo segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la ley, sus bienes se declaran confiscados…»
«Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería, o del comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con penas de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores»
«Artículo cuarto. Son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados, o no se han dado de baja de la misma, o no han roto explícitamente toda relación con ella, y no dejan de serlo aquellos a quienes la secta ha concedido su autorización, anuencia o conformidad, bajo cualquier forma o expediente, para aparentar alejamiento de la misma…»
«Artículo quinto. Apartir de la publicación de esta ley, los delitos de masonería y comunismo, definidos en el artículo cuarto, serán castigados con la pena de reclusión menor; si concurriera alguna de las circunstancias agravantes expresadas en el artículo sexto, la pena será de reclusión mayor»
«Artículo sexto. Son circunstancias agravantes, dentro de la calificación masónica, el haber obtenido alguno de los grados 18 al 33, ambos inclusive, o el haber tomado parte en las asambleas de la asociación masónica internacional y similares o en la asambleas nacionales del Gran Oriente español, de la gran logia española o de cualquier organización masónica residente en España, o el haber desempeñado otro cargo o comisión que acredite una especial confianza de la secta hacia la persona que la recibió…»
«Artículo séptimo. Quienes en tiempo anterior a la publicación de esta ley hayan pertenecido a la masonería o al comunismo…vienen obligados a formular ante el Gobierno una declaración retractación en el plazo de dos meses…»
«Artículo octavo. Sin perjuicio de la persecución de otros delitos que hubieran cometido las personas comprendidas en el artículo anterior, aquellas en que no se reconozca alguna excusa absolutoria quedarán separadas definitivamente de cualquier cargo del Estado,….decretándose además su inhabilitación perpetua para (esos) empleos y si confinamiento o expulsión. Asimismo serán sometidas a procedimiento para imposición de sanción económica, conforme a la ley de 9 de febrero de 1939»
«Se considerará circunstancia atenuante el suministro de información o datos interesantes sobre actividades de la secta, sobre los que la iniciaron o fueron jefes o compañeros en ella del declarante, y en general, sobre otros extremos que puedan servir con eficacia al propósito de la presente ley»
Desde luego, la propaganda franquista omitía el hecho de que durante la guerra en ese bando también se perseguía a religiosos por la misma mínima sospecha de simpatía o relación con la parte republicana.
En un comunicado numerado como931 y fechado el 8 de febrero de 1937, el gobernador general de Aragón, José Ignacio Mantecón, reproducía el informe de las investigaciones realizadas sobre el fusilamiento en la zona nacionalista de dos curas, José Julve Hernández y Jaime Cantín: «resulta que al José Julve le detuvieron sobre el día 25 de julio de 1936, siendo conducido a la cárcel de Teruel por considerarle las autoridades militares elemento comunista, pero según manifestaciones de Félix, cree que la causa de su detención obedeció a que tenía un pariente que fue alcalde del Frente Popular y le acusaban de ser su inculcador de ideas. El llamado Jaime Cantín al parecer era tradicionalista, teniendo un hermano Jefe de Acción Popular, y en el mes de agosto de 1936, se personaron en su domicilio elementos de F.E. y Guardia Civil llevándose a su hermano a Teruel, fusilándolo en el camino; al tener conocimiento de ello el citado Cantin se presentó en el Cuartel de la Guardia Civil con el fin de adquirir noticias y quedó así incomunicado en la cárcel de Teruel y sobre el día 12 del mes de diciembre de 1936 fue fusilado en la misma población de Teruel».
Tampoco era cierto que el bando republicano o «los comunistas» llevaran a cabo una persecución universal contra todos los sacerdotes por el hecho de serlo como ilustra un oficio fechado el primero de febrero de 1938, donde las autoridades de Aragón certifican que representantes de varias organizaciones antifascistas abogaban a favor del cura Carlos Roche Arrieta, vecino de la población de Sástago, quien había sido detenido. Afirmaban esos dirigentes «comunistas»: que aunque pudiera parecer «insólito» que «unas organizaciones antifascistas hagan la defensa de un excura…es por que…se averiguó que pertenecía a una familia en extremo modesta; que con su trabajo atendía a sus ancianos padres, que no había actuado nunca en política…(y) a pesar de que no disponía de bienes de fortuna, abarató los llamados derechos de la Iglesia, al revés de lo que hizo su antecesor que era hombre de posibles, ya que decía que teniendo para comer sus padres y él, no ambicionaba nada más…».
En cuanto al carácter «desenfrenado» de las persecuciones «marxistas», es difícil que hubieran superado las atrocidades de las tropas franquistas, por los cuales incluso algunos obispos llegaron a protestar. «Lo que hicieron los requetés en más de un caso», afirma Juan de Iturralde en su libro El catolicismo y la cruzada de Franco, «es espantoso. Es difícil que nadie les lleve la palma en esto de hacer sufrir al prójimo con variedad de modos» .
Unas «notas informativas sobre la batalla de Teruel» (Rogelio Martínez a José Bergamín, Lérida 7 de febrero de 1938), hablan de que el obispo de la zona protestó «ante las autoridades de los trece fusilamientos de la Plaza del Torico, entre los que se encontraban una joven de 20 años y el director de la Escuela Normal. También protestó del baile subsiguiente. Asimismo, mereció su más enérgica desaprobación el desfile que por el centro de la ciudad de Teruel hizo la Bandera del Tercio que mandaba el comandante Peñarredonda en el mes de julio del 37, la cual llevaba enarbolados en la punta de sus bayonetas, piernas, brazos, orejas, testículos y otros restos de un centenar de rojos hechos prisioneros en Bezas y que previamente dejados en pelota fueron fusilados con ametralladora en la plaza del pueblo…»
Los testimonios anteriores, recuperados de mensajes enviados por españoles a parientes suyos radicados en México, coinciden asombrosamente con los incluidos en relatos publicados en aquella época, como es El Requeté, de Lucien Maulvault (Centauro, Buenos Aires, 1937), que en forma novelada relata las experiencias de un soldados de esos cuerpos carlistas.
Leemos (pp 32-3) que luego de la toma de un poblado que estaba en manos republicanas «Nuestros oficiales nos obligaron a desfilar ante cuerpos decapitados, piernas segadas, cráneos transformados en completos agujeros, mujeres mutiladas, apelotonadas como muñecas de trapo que habían ya derramado su última gota de sangre. Sentí náuseas. Mas comprendimos que toda esta matanza inmediata a la toma, no era sino una represión metódica, ciega acaso; pero necesaria por la atrocidad de los crímenes de nuestros enemigos».
[1]Paul Preston. Franco. «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 1994, p.438.
[2]Ibid., p. 439.
[3]Novedades, 30 de junio de 1939.
[4]Fernando Díaz Plaja. La España franquista en sus documentos, Plaza Janés, Barcelona, 1976, p. 40.