En su crónica del discurso pronunciado por el rector de la ULPGC durante la apertura del nuevo curso académico, la mayoría de los medios de comunicación de la provincia oriental recogen la petición efectuada por José Regidor al Gobierno de Canarias para que «incremente la financiación» que asigna a este centro educativo. Dicha solicitud -tan […]
En su crónica del discurso pronunciado por el rector de la ULPGC durante la apertura del nuevo curso académico, la mayoría de los medios de comunicación de la provincia oriental recogen la petición efectuada por José Regidor al Gobierno de Canarias para que «incremente la financiación» que asigna a este centro educativo. Dicha solicitud -tan justa como lógica en un acto institucional de este tipo- podría suscitar fácilmente una idea equivocada acerca de las concepciones sobre la financiación de la Universidad defendidas por el rector.
Desde luego, quienes conserven aún intacta la memoria reciente, y hayan leído en estos días los titulares de la prensa, deben haberse sentido cuando menos sorprendidos Por lo que podría parecer un cambio radical de criterio por parte de José Regidor. Y es que, a comienzos de este mismo año, el rector de la ULPGC aseguraba -durante la presentación de las Jornadas de Financiación de las Universidades Públicas Españolas- que «urge la reforma de este sistema» y una revisión del sistema fiscal para conseguir que las universidades «cuenten con más apoyo de las empresas privadas». En aquella ocasión, las declaraciones de José Regidor fueron apoyadas por el presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens. Siemens – musicólogo y acaudalado empresario – no sólo incidió en la «necesidad fundamental de que se modifique la Ley de Mecenazgo para que la inversión privada pueda financiar proyectos públicos como las universidades». Además, calificó el sistema de financiación de las universidades canarias como uno de los «peores» del Estado, «por su alta dependencia del dinero público».
A primera vista, la petición que hoy hace José Regidor al Ejecutivo autonómico podría interpretarse como una renuncia a esta visión, que identifica la ineficiencia con lo público y el «progreso» con la iniciativa empresarial privada. Pero, para ser justos, es preciso reconocer que no existe tal renuncia. La aparente contradicción entre las dos declaraciones del rector se resuelve en cuanto se lee su más reciente intervención y pueden contextualizarse adecuadamente sus palabras. En efecto, de esta lectura se desprende de inmediato que para Regidor la inversión pública que pide al Gobierno sería sólo un aporte adicional para llevar adelante «la reorganización de la ULPGC», en tanto se supera la «rémora» que implica para «las universidades españolas, y en particular para las canarias, la falta de financiación empresarial». De hecho, durante su intervención en la apertura del curso académico el rector llamó a los empresarios instalados en el Archipiélago a invertir en proyectos de «innovación y desarrollo» en asociación con la Universidad de Las Palmas. Para ello, Regidor reiteró que podrían recurrir a una parte de los fondos de la RIC (1), sin considerar siquiera las grandes posibilidades de financiación pública a las que renuncia la Administración manteniendo este regresivo instrumento de exención fiscal.
Las ideas expuestas por José Regidor, en cualquier caso, lejos de ser fruto de una reflexión propia, expresan solamente su apoyo al proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior. El ya conocido popularmente como «Plan Bolonia», por el nombre de la ciudad italiana en la que los ministros europeos de Educación firmaron, en 1999, el acuerdo sobre este «proceso de convergencia». Se trata de un proyecto que concibe la Universidad como mera suministradora de capital tecnológico y mano de obra cualificada y dócil para las empresas y que fue promovido en la UE por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos (ERT). Un poderoso grupo de presión integrado por directivos de las más importantes multinacionales.
El Plan Bolonia supone, por tanto, una radical reconversión del sistema universitario público, que tiene como principal punto de partida la entrada en la Universidad de los grupos empresariales y financieros y la adecuación de la misma a la lógica mercantil que rige el funcionamiento de éstos. Ejemplo concreto de los cambios que se avecinan es el Real Decreto promulgado por el Ejecutivo Zapatero el 29 de octubre de 2007 y que establece alguna de las funciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). La ANECA, constituida en buena medida por profesionales representantes del mundo empresarial, estará capacitada para «elaborar informes sobre los planes de estudio universitarios que tendrán carácter preceptivo y determinante». Según este decreto, si un plan de estudios no supera la fiscalización de dicho organismo «se considerará extinguido y perderá su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional». Es decir, que serán los nuevos mecenas los encargados de decretar qué conocimientos merecen ser impartidos y cuáles deben desaparecer por no ser útiles a las exigencias del «mercado». Los intentos por parte de la Administración central de eliminar algunas carreras como Historia del Arte y otras mal llamadas «Humanidades», por su insuficiente rentabilidad, forman parte de esta contrarreforma educativa, que confunde interesadamente la utilidad social con la cuenta de resultados de algunas empresas privadas.
La nueva configuración de las universidades que supondrá la implantación del Plan Bolonia, defendido en Canarias por José Regidor y su colega de la ULL Eduardo Doménech, ordenará también el tipo de investigación y desarrollo que éstas llevarán a cabo. Como corresponde a la lógica empresarial, los nuevos ‘legisladores de la educación superior’ orientarán sus inversiones hacia aquellos productos o tecnologías de las que puedan obtener mayores beneficios. Imponiendo así el axioma -repetidamente refutado por la experiencia – de que lo que es bueno para sus accionistas será bueno para Canarias. Algo que José Regidor parece empeñado en hacer ver a los empresarios isleños del ladrillo, mandándoles el mensaje de que «existen enormes oportunidades de negocio en energías renovables, acuicultura, industria audiovisual, electrónica, óptica, biotecnología, etc.».
Este criterio mercantilista, tan valorado por el rector de la ULPGC, no sólo amenaza con destruir las últimas chispas de pensamiento crítico que perviven en nuestras universidades, a fuerza de desterrar por «improductivo» todo conocimiento que no redunde en el medro de los inversores. Además, permite entender otras polémicas declaraciones efectuadas por José Regidor el pasado mes de enero. Entonces, Regidor se quejó de las «bajas tasas de las matrículas que mantienen las universidades canarias» y «aseguró que perjudican a estas instituciones y son inapropiadas…». La razón de ser de este aviso para navegantes hay que buscarla, nuevamente, en los requerimientos del «mercado de trabajo». Los demandantes de este mercado no necesitan tantas personas tituladas como ofertan hoy en día las universidades españolas, de manera que – pese al beneficio adicional que obtienen por la reducción en los salarios de estos titulados que provoca la sobreoferta – el Plan Bolonia persigue disminuir el número de estudiantes hasta niveles más «racionales». El aumento de los precios de las matrículas, especialmente de los Másters equivalentes a las actuales licenciaturas; la sustitución de las becas por becas-préstamo a pagar con intereses o la instauración de un nuevo horario que impedirá compaginar los estudios con el trabajo son medidas encaminadas a lograr dicho objetivo. El resultado de todas ellas será el establecimiento de una criba que limitará drásticamente el acceso a la enseñanza superior de las clases populares. La reconversión elitista de la Universidad completa, en este sentido, el trabajo que se viene ejecutando mediante el interesado proceso de deterioro al que se somete a la red de educación pública primaria y secundaria. Si a este sombrío panorama se une la falta de un movimiento estudiantil organizado y con capacidad de respuesta (2), y de profesores críticos capaces de alzar la voz contra estos planes, las perspectivas para nuestro futuro inmediato, mal que nos pese reconocerlo, no pueden resultar más desesperanzadoras.
Notas:
(1) La RIC es un instrumento fiscal mediante el cual se otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar apenas impuestos por sus multimillonarios ingresos. Permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse, igualmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(2) En la ULPGC no existe, que sepamos, ninguna respuesta organizada al Plan Bolonia. En la ULL sí nos consta la existencia de la «Asamblea Mayo 2008», que agrupa a los estudiantes que se oponen al actual proceso de convergencia educativo. Los miembros de esta Asamblea realizan, a contracorriente del discurso dominante, un meritorio esfuerzo para denunciar el verdadero carácter de este proceso. (ver: http://asambleamayo2008.