Flor Macías (nombre ficticio), de 93 años, ingresó en abril de 2019 en una residencia de la tercera edad –privada- de la provincia de Valencia. Allí se infectó de la COVID-19. Se trataba de un caso asintomático.
Paga 1.800 euros al mes por la plaza residencial (tres veces su pensión), que de momento costea con los ahorros; “después de pasar por un calvario burocrático –cuenta uno de sus hijos-, la Administración autonómica le reconoció la condición de gran dependiente y aprobó una subvención de 700 euros mensuales”. La prestación económica fue aprobada hace un año, pero aún no ha empezado a cobrarla. Si no llega en dos meses, tendrá que abandonar el centro residencial. “Al personal de las residencia se le ve muy acelerado, posiblemente las ratios profesional/paciente no alcancen”, relata este familiar; en cuanto a Flor Macías, “tiene la mirada triste, le gustaría estar en su casa”.
El número de contagios en el estado español por la pandemia del coronavirus ascendía –el 22 de septiembre- a 682.267 y el de muertes a 30.904, según el Ministerio de Sanidad. Un caso particularmente grave es el de las personas mayores ingresadas en residencias. En medio del caos estadístico, los medios informaron -en julio- de un documento interno del Gobierno que cifraba en 27.359 las muertes en residencias, de las que dos tercios tenían su origen en la COVID-19 o síntomas compatibles.
Aunque no alcanza a ser una excepción, el drama en España cobra una especial intensidad. Un estudio de A. Comas-Herrera, J. Zalakaín, C. Litwin, A.T. Hsu, E. Lemmon, D. Henderson y J.L. Fernández detalla que los residentes en “hogares de ancianos” fallecidos por el coronavirus, aun con las disparidad de políticas y criterios, suponen el 85% del total de óbitos por la pandemia en Canadá; el 64% en Bélgica; el 63% en Irlanda; el 49% en Francia; el 45% en Estados Unidos; el 39% en Alemania; y el 34% en Austria (International Long-Term Care Policy Network, junio 2020).
La Marea de Residencias se constituyó en septiembre de 2019 con el fin de unir a los mayores residentes, personas con diversidad funcional, familiares y trabajadoras de los centros. “Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta del sistema de residencias”, introducía el manifiesto leído durante la movilización del 23 de noviembre en Madrid; señalaron entonces a los “depredadores de lo público” y las situaciones de “trato infame” a los mayores internos. Asimismo se concentraron el 19 de agosto frente al Congreso de los Diputados, donde reivindicaron una Ley de Residencias.
Entre las acciones en la calle, destaca la manifestación estatal que tuvo lugar el 26 de septiembre –hasta el Ministerio de Sanidad- contra la mercantilización del sector y por otros modelos “más humanos”, como favorecer la vida en el entorno familiar. Ese día más de 70 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos apoyaron las manifestaciones y concentraciones en Madrid (en la puerta del Congreso leyeron los nombres de los fallecidos), Barcelona, Sevilla, Oviedo, Valladolid, Lugo, León o Murcia. Por otra parte, la marea ha interpuesto querellas criminales contra responsables políticos y directores de residencias de la Comunidad de Madrid, por presuntos delitos como homicidio imprudente, trato vejatorio o prevaricación.
Coincide en buena medida con estos planteamientos la CGT: “Este modelo ha permitido que los fondos buitre y determinadas multinacionales se hayan lucrado a costa de los derechos de las personas residentes y los derechos laborales de quienes les atienden”. El 26 de abril el sindicato difundió el testimonio de una trabajadora de la residencia (pública) para mayores “Gran Residencia” de Carabanchel, en Madrid; además de los 70 ancianos muertos, los 120 contagios y las bajas médicas entre los profesionales, el relato apuntaba la falta de respiradores, de realización de test, de material de seguridad (los trabajadores tuvieron que protegerse con bolsas de basura) y un personal laboral sobresaturado.
La CGT denunció en los juzgados de Móstoles a la Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, que gestiona la residencia de mayores dependientes “Parque Coimbra” de Móstoles; la titularidad del centro corresponde a la Comunidad de Madrid. Los motivos de la acción penal son las presuntas “lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores”, informó Móstoles al Día el 18 de septiembre; el gobierno autonómico renovó, a primeros de septiembre, el contrato con esta ONG para la gestión del centro, y aprobó una inversión de 13,8 millones de euros durante tres años. Entre marzo y julio murieron 59 personas en la residencia, 35 de ellas por el coronavirus.
¿Cuál es la situación de los geriátricos, las personas de edad avanzada y el impacto de la pandemia? En agosto Médicos Sin Fronteras (MSF) publicó el informe Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España. MSF, que realizó tareas de apoyo en cerca de 500 residencias, apunta como primera conclusión: “Mantener a quienes cayeron enfermos en espacios cerrados -y sin la atención médica y psicológica adecuada- multiplicó los contagios, aceleró la mortalidad y produjo situaciones indignas e inhumanas”.
Tampoco se priorizó –o bien se denegó- el traslado de los mayores contagiados a otros centros u hospitales para que recibieran tratamiento medicalizado, resalta MSF. Las deficiencias en la prevención y control de infecciones; las bajas laborales cuya sustitución no se produjo a un ritmo y con unas ratios suficientes; la falta de formación a los profesionales y la descoordinación entre las diferentes administraciones públicas son otros factores señalados en el informe. “Muchas personas mayores murieron aisladas y solas”, remata la ONG.
En el estado español existen 5.417 centros residenciales para la tercera edad, de los que 3.844 son de carácter privado y 1.573 públicos. Del total de plazas residenciales (372.985), 271.696 son privadas y 101.289 públicas, detalla la publicación Envejecimiento en red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las empresas y entidades privadas son muy mayoritarias en el sector; en porcentajes, el 27% de las plazas residenciales son públicas y el 72%, privadas (incluidas las privadas sin ánimo de lucro); pero si a este último porcentaje se agregan las públicas de gestión privada, la gestión final de carácter privado alcanza el 85%.
Otro punto de interés es la suficiencia o no de la cobertura. La ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años en España es de 4,2%, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el 5%, subraya la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (el 79% de la población que vivía en los centros residenciales, en 2019, tenía 80 años o más).
¿Quién controla el negocio? Según el observatorio DBK, las empresas que gestionan residencias facturaron 4.650 millones de euros en 2019, un 3,3% más que el año anterior; DBK añade que los cinco primeros grupos concentran el 25% del “mercado de residencias”; y entre los 10 mayores el 35%, aunque continúa produciéndose una “gran atomización” empresarial. El periódico Cinco Días reprodujo el 10 de marzo la ratio de las principales empresas, elaborado por la consultora JLL; encabeza el ranking la compañía DomusVi (gestión de 18.675 plazas), controlada por el fondo de inversión británico Intermediate Capital Group; seguido por Orpea (6.575 plazas); Vitalia Home, participada por el fondo CVC Capital Partners (7181); Ballesol (6.664); Sanitas Mayores (6.302); Amavir (6.223) y Clece (4.037), del grupo ACS, constructora presidida por Florentino Pérez.
“El sector geriátrico despierta el interés de inversores patrimonialistas”, tituló la casa de análisis Alimarket una nota informativa en abril de 2019; entre los ejemplos destacados por sus planes de expansión figuran la sociedad Healthcare Activos; los grupos Colisée; Batipart y la inversora Primonial Reim, los tres de nacionalidad francesa; la inmobiliaria Caboel y la inversora en geriátricos Thor Private Equity Spain.
Sobre estos intereses lucrativos, el periodista Manuel Rico ha publicado en infoLibre una serie de reportajes de investigación; por ejemplo, “DomusVi utiliza dos sociedades en Luxemburgo para no pagar impuestos por sus residencias en España y Francia” (22 de julio); “La catástrofe de cuatro grandes grupos de residencias en Cataluña: 521 fallecidos en sus 31 centros” (propiedad de Amavir, Ballesol, DomusVi y Sanitas), publicado el 6 de julio. “La residencia Vital Home Leganés donde han fallecido 96 personas tiene unos beneficios anuales de un millón de euros” (18 de abril); y “82 Administraciones alimentan con dinero público la expansión de la multinacional de las residencias DomusVi” (13 de abril). Es el trasfondo de las privatizaciones.