El feminismo jurídico siempre tuvo razón: las mujeres no estamos a salvo ni frente al Derecho, ni frente a las decisiones judiciales, supuestamente ciegas y neutrales, que se ocupan de ejecutarlo
En la sentencia del caso de La Manada se dieron por probados unos hechos constitutivos de violación que fueron después calificados de abuso con prevalimiento, con el voto particular del juez «con problemas singulares» que pedía la absolución. La sentencia generó una más que justificada ola de indignación con la que no se pretendía el incremento de las penas, ni se pedía la prisión permanente revisable, ni se incurría en ninguna forma de populismo punitivo, sino que se solicitaba una tipificación adecuada que llamara a las cosas por su nombre y que hablara de violación si era una violación lo que mostraban los hechos. De manera que cuando las mujeres pedimos entonces, como pedimos ahora, una justicia libre de patriarcado, no estábamos pidiendo cabezas, ni éramos hordas, ni jaurías, ni histéricas al grito de «muerte y destrucción». Esto es algo que tiene que quedar meridianamente claro.
El 21 de junio supimos que los miembros de La Manada iban a salir a la calle y las calles se volvieron a llenar de mujeres pidiendo, legítimamente, una justicia con perspectiva de género, sensible a la criminalidad brutal que sufrimos reiteradamente. La impunidad frente a la violencia machista ha sido tal en estos años, que empieza a hacer aguas el pacto de confianza que existía entre las mayorías sociales y un poder judicial al que cada vez se entiende menos.
Sin embargo, y a pesar de eso, somos muchas las que seguimos defendiendo la excepcionalidad de la prisión provisional para estos y para todos los casos, porque se trata de una medida cautelar que ni es ni puede convertirse en una pena anticipada. La prisión provisional ha de aplicarse, únicamente, cuando existe una posible alteración de pruebas, manipulación o coacción de testigos, riesgo de fuga o reiteración delictiva. Y es esto lo que hay que valorar ahora en el caso de La Manada.
En las dos ocasiones anteriores en las que se acordó mantener a sus miembros en prisión, el juicio aún no se había celebrado, pero estaba cerca, y precisamente por esa cercanía se consideró que había un peligro cierto de eludir la acción de la justicia. Ahora, con una condena, el tiempo que ha transcurrido, y la difusión mediática del caso, se entiende que el riesgo de fuga y de reiteración ha disminuido.
En primer lugar, aunque es cierto que, si se tienen dudas, es la libertad lo que debe primar, llama poderosamente la atención el escrúpulo con el que se ha valorado el levantamiento de la prisión provisional en este caso, y el automatismo con el que se aplica en otros sobradamente conocidos. Por esta razón, la Asociación de Mujeres Juezas ha evidenciado en un comunicado que lo acordado para La Manada es completamente inusual. Y, de hecho, en la práctica, resulta casi imposible que el mismo Tribunal que dicta sentencia tome la decisión de la excarcelación porque, como señala Isabel Elbal, los jueces consideran que, una vez condenado, aunque el acusado recurra, la prisión provisional no vulnera la presunción de inocencia o no en el mismo grado que antes de la condena.
Que haya casos, como el de Alsasua, con condenas similares, en los que se ha apreciado que el riesgo de fuga aumentaba y no disminuía tras la sentencia, muestran la doble vara de medir que utiliza la justicia en este país y denota un uso abusivo de la preventiva que precisamente ahora se ha querido evitar. Como se desprende del informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de 2015 sobre este asunto, la alarma social está entre los criterios extrajurídicos que se ha utilizado frecuentemente para aplicar la prisión provisional, y aproximadamente la mitad de las resoluciones judiciales en las que se acuerda, carecen de una valoración suficiente y pormenorizada. Con La Manada, evidentemente, se ha sido mucho más garantista.
Llama también la atención, en segundo lugar, que haya salido de prisión Antonio Manuel Guerrero que, a juzgar por la carta que escribió desde la cárcel, no ha entendido todavía que cometió una violación. En la carta da las gracias a Forocoches y burbuja.info por no dejarse «llevar por el rebaño», ignorando que algunos de sus chats han sido cerrados por incitar al odio contra las mujeres, y se queja, incluso, de haber vivido fenómenos paranormales.
«Con el transcurso de los meses -dice- llegó el tan ansiado juicio y con él los primeros problemas: ‘No es no’, pero ahora resulta que la chica dice que ella en ningún momento dice que no. Bueno, pues se cambia el eslogan y no pasa nada: ‘Si no digo que sí es que no’. Solucionado. ‘Yo sí te creo hermana’. Pero una duda, ¿Acláranos si eran 4 o 5? ¿Acláranos si entraste a la fuerza o a fumarte un porro? ¿Si estás incómoda, por qué te besas con uno en el portal? ¿Cómo podemos justificar la masturbación que protagonizas en el video? ¿De verdad alguien se creerá que cuando tienes el pene en la mano fue porque te tropezaste y te agarraste para no caerte?».
En fin, considerando estas dudas y el tono que utiliza, es evidente que este señor sigue inmerso en su película porno y que es incapaz de descodificar la cultura de la violación que ha ingerido sin digerir. Estos pronunciamientos públicos, jactándose de haber cometido un delito, del que no parece ser consciente, y agrediendo frontalmente a la víctima, no pueden dar garantía alguna de seguridad. No sé si cuando escribió esta carta, Guerrero sabía, además, que podría llegar a usarse en el futuro para denegarle permisos penitenciarios o terceros grados en prisión. Finalmente, la carta se publicó en un medio que ofreció también datos, fotos de la víctima y capturas del vídeo que estaban bajo sumario, y todo esto lo hizo alguien que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En relación al resto de los miembros de La Manada, entiendo que la alarma social y las características vomitivas de sus actos, sus personalidades y actitudes no se pueden utilizar para alargar una prisión provisional, y tampoco puede usarse la causa que contra algunos de ellos se instruye en Pozoblanco como si fuera un antecedente.
Aunque este caso nos genere repugnancia, no debemos incurrir en el derecho penal de autor que tanto celebrarían Soraya Sáenz de Santamaría, Albert Rivera y sus secuaces. En plena carrera por el caudillaje, Santamaría gritaba ayer en favor de la prisión permanente revisable, en la idea de que esta medida «protege mucho a la sociedad frente a los que no están reintegrados», y pidió a los demás partidos que, aprovechando este debate, volvieran a reflexionar sobre el asunto.
Frente a tales hiperventilaciones, creo que nos corresponde defender la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme que espero sea condenatoria; una sentencia en la que se aprecie que hubo violación sin ningún género de dudas, que condene a todos los miembros de La Manada de acuerdo con tal tipificación y en la que no se utilicen mayores paliativos. Y creo que esa condena contundente hay que exigirla desde los mismos principios de justicia y la misma cultura democrática que nos debería llevar hoy a respetar unas garantías procesales que tanto el Partido Popular como su judicatura afín nos han venido sustrayendo a lo largo de estos años.
Entretanto, hay que seguir en las calles presionando para que se tomen medidas. Ya se prepara una ley integral para la erradicación de las violencias sexuales que debían haberse incluido en el Pacto de Estado, tal como exige el Convenio de Estambul; se ha planteado una reforma del Código Penal para homogeneizar los tipos que afectan a la libertad sexual; y, sobre todo, se ha insistido en la necesidad de una formación en perspectiva de género en el ámbito judicial, asumiendo esta perspectiva como un mandato jurídico vinculante. Una de las cosas que hemos aprendido con La Manada es que el feminismo jurídico siempre tuvo razón; que las mujeres no estamos a salvo ni frente al Derecho, ni frente a las decisiones judiciales, supuestamente ciegas y neutrales, que se ocupan de ejecutarlo.
Mª Eugenia Rodríguez Palop es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.