La pandemia generada por el SARS CoV 2, dio oportunidad a cada ciudadano y a cada gobernante del planeta, de comprobar las agudas y generalizadas precariedades de los sistemas nacionales de salud y de las consecuencias de los dramáticos índices de inequidad socioeconómica, en la mayoría de naciones, en particular, en las que sus modelos económicos, adoptados o impuestos, convirtieron la salud, el desarrollo nacional y el Poder Público, en oportunidades de negocios, transferencia de recursos públicos y utilidades, a sectores económicos privados exclusivos, cercanos al poder político.
La aguda inequidad y precariedad socioeconómica que agobia a muchas naciones, generada por sus excluyentes modelos económicos e irresponsabilidad del poder público y de la dirigencia política, quedan demostradas. Es imperativo superarlas para lograr desarrollo socioeconómico equitativo integral.
Bajo esa cruel realidad socioeconómica, las incidencias y efectos pospandémicos pueden desencadenar situaciones de inestabilidad política y económica de imprevisibles consecuencias.
La inequidad y precariedad socioeconómica, que afecta a amplios sectores de la población, reflejados en altos índices de pobreza, desempleo, subempleo, y concentración de riqueza y capital, criminalidad e inseguridad ciudadana, junto con la tolerancia, laxitud y anarquía institucionales, en el control y regulación oficial de la estructura productiva, industrial-comercial, tributaria y fiscal, si no se revierten y corrigen oportunamente, convertirán a las naciones, más afectadas, en no viables, económica y socialmente, caracterizados como estados fallidos.
Las precariedades y fragilidad de los sistemas de salud, la magnitud y gravedad de los efectos de la pandemia, los ilegales e injustificables índices de inequidad socioeconómica comprobados, deben constituirse en imperativos, morales, sociales y políticos, para toda la sociedad y en particular para gobernantes, dirigentes políticos y sociales para asumir decisiones y acciones, capaces de revertir y superar los evidentes y aberrantes niveles de atraso social y económico.
Si a las consideraciones anteriores se suma la problemática de la deficitaria producción nacional e inconsecuente régimen tributario-fiscal y la endémica corrupción administrativa, se puede concluir que muchas naciones, entre ellas Colombia, tienen que prepararse para afrontar una prolongada crisis social y económica, de difícil manejo y solución. La única alternativa consiste en asumir decisiones y acciones pragmáticas, respecto al desarrollo integral de la nación, y decisiones políticas de estado, sobre redistribución del ingreso, oportunidades de empleo y mejoramiento progresivo de retribución salarial.
En el caso colombiano, deben desarrollarse políticas que aseguren desarrollo racional integral productivo y social, que propicien sustitución de importaciones por producción nacional y reducción de costos operativos, con lo que se logra al mismo tiempo, generación de empleo y mejoramiento salarial.
Colombia importa cerca de U$8.000 millones anuales en productos que antes del espejismo de la apertura, de principio de los 90, se producían en el país y garantizaban autosuficiencia. El balance entre exportaciones e importaciones, es desproporcionadamente negativo, desde hace años, situación que obliga endeudamiento público sistemático. El costo de los servicios públicos esenciales son injustificados y la infraestructura de generación y distribución, están dominados por el sector privado, debido a políticas de privatización de lo público. La infraestructura de los corredores viales de alto TPD, adolece de una modalidad de privatización, realizada a través de Concesiones desventajosas para el estado, situación que hizo posible que en Colombia, los peajes sean los más costosos del continente.
Lo reprobable no es cometer errores, sino que ante la advertencia y evidencia, se persista en ellos.
Son todas condiciones socioeconómicas negativas para el desarrollo de las naciones, que pueden superarse, si dichas naciones logran estructurar modelos de gobierno y marcos institucionales, jurídicos y fiscales que garanticen desarrollo integral competitivo, nacional e internacionalmente e integración en el concierto comercial internacional.
La satisfacción de esos objetivos, puede y debe garantizar la inclusión socioeconómica general y el mejoramiento gradual de las condiciones de producción y competitividad, el uso y desarrollo de ciencia y tecnología, objetivos que demandan reestructuración a fondo del sistema educacional nacional y su financiación, bajo el propósito de alcanzar altos niveles de calidad y pertinencia, paras responder a los desafíos competitivos en el concierto internacional y nacional.
Los efectos de la pandemia, no deben ser solo negativos, deben motivar respuestas y acciones positivas, para la sociedad y el desarrollo nacional.