El Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid, acaba de dictar sentencia estimando la demanda interpuesta por la viuda e hijos de D. José A. condenando a la demandada Robert Bosch España SL a abonar en concepto de daños y perjuicios, 209.431€ por el daño sufrido en vida por el afectado, 103.658€ a la viuda y 20.451€ a cada uno de sus cinco hijos.
D. José prestó sus servicios profesionales para la mercantil FEMSA (Fábrica Española de Magnetos, S.A.), que fue adquirida por Robert Bosch España, desde 1966 hasta 1992.
En el desarrollo de su actividad profesional, D. José estuvo directa e indirectamente expuesto al amianto de manera continua. La exposición al amianto se produjo porque dicho insalubre material estaba presente en las baterías de los coches que en FEMSA y en ROBERT BOSCH SA se fabricaban, y que eran habitualmente manipuladas por José A.
La presencia de amianto como material del que estaban compuestas las baterías en cuyo proceso productivo participó D. José, se pone de manifiesto tanto en las disposiciones normativas (Real Decreto) por las que se autoriza a FEMSA a la importación de juntas de amianto, como en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 8 de febrero de 2.007 y por la que se condenó a Robert Bosch España, Fábrica de Aranjuez SA a indemnizar a la mujer y a los dos hijos de otro trabajador que falleció también como consecuencia de la manipulación de amianto.
La continua y constante exposición al amianto, provocó que D. José sufriera un mesotelioma pleural diagnosticado en el año 2.016 falleciendo tras un deterioro progresivo el 10 de septiembre de 2017.
En vida, D. José presentó reclamación por su exposición al amianto a la que se sucedieron sus herederos, la viuda e hijos de la víctima, que presentaron demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid que ahora han dictado sentencia.
Esto supone una nueva victoria de la firma OPAMIANTO ABOGADOS en un caso no exento de dificultad por las circunstancias concretas del caso al haber habido una compleja sucesión empresarial. Sentencia favorable para los afectados por el amianto que no sólo tienen que luchar contra los efectos de las enfermedades que dicho cancerígeno material provoca, sino contra las dificultades que supone su prueba en los Tribunales.