Sin ruptura, no hay democracia Han tenido que pasar 74 años para que se empiece a reclamar la investigación de de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. El hecho de que haya transcurrido tanto tiempo se debe a que en el año 2010 aún no ha habido una ruptura con el orden […]
Sin ruptura, no hay democracia
Han tenido que pasar 74 años para que se empiece a reclamar la investigación de de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. El hecho de que haya transcurrido tanto tiempo se debe a que en el año 2010 aún no ha habido una ruptura con el orden económico y político surgido del golpe militar fascista ocurrido el 18 de julio de 1936 que tuvo como objetivo derrocar a la II república surgida de las urnas y fundamentalmente exterminar -incluso físicamente- la organización obrera y popular que en aquellos años crecía y avanzaba en la lucha por lograr profundas transformaciones sociales.
El golpe militar franquista aliado al nazismo alemán y al fascismo italiano desató la guerra civil y una feroz represión incluso en los lugares donde nunca hubo frente de guerra, ocasionando cientos de miles de muertos, desaparecidos, exiliados y detenidos, fundamentalmente militantes de las organizaciones populares pero también a trabajadores sin filiación con el fin de expoliar sus escasas pertenencias o de no pagar el jornal por el día trabajado.
Los casi cuarenta años de dictadura continuaron con una represión donde los fusilamientos en masa estaban al orden del día así como las torturas y las condenas a trabajos forzados con los que muchas empresas aún existentes amasaron sus fortunas.
A la muerte del dictador, lejos de producirse una ruptura con el régimen se pactó una «transición» que no fue sino una gigantesca operación estética para que todo permaneciera en su sitio. Las consecuencias fueron permanecer con toda la estructura estatal del franquismo: una restauración de la monarquía borbónica impuesta directamente por Franco en la figura de Juan Carlos I, los mismos jueces, los mismos policías y militares que torturaron y asesinaron, los mismos banqueros y grandes empresarios que se beneficiaron económicamente del régimen franquista. Para la clase obrera supuso una segunda derrota gracias a la claudicación de los dirigentes de las organizaciones de izquierdas y populares que con su política de «reconciliación» dieron la puntilla al movimiento de resistencia antifranquista y con ella a las aspiraciones de cambio democrático y por tanto de ruptura con el régimen. Muchas de estas personas y sus organizaciones (PSOE, PCE, CC.OO., UGT…), hoy parecen escandalizarse ante el hecho de que el partido franquista por antonomasia (La Falange) tenga la capacidad para frenar cualquier intento de llevar a los tribunales la apertura de la investigación de los crímenes de la dictadura y de que los mismos jueces de entonces admitan dicha acción. Parece que hubieran olvidado que fueron parte de aquella operación y que tragaron entre otras muchas cosas con la ley de amnistía que dejó impunes los crímenes e intocables a los criminales.
Nosotros no apoyamos a Garzón
Muchos de los «progresistas» que en su día claudicaron, asumieron al enemigo y dejaron en la estacada a miles de luchadores han querido hoy convertir los deseos de miles de familiares de víctimas del franquismo y de organizaciones para la memoria histórica en un mero «apoyo a Garzón» por haber sido querellado por sus compañeros de judicatura por pretender abrir un proceso de investigación sobre los crímenes franquistas. Creemos que esto es solo el intento de despiste por parte del gobierno sobre la situación económica actual y el intento de control de un movimiento que sobrepasa con creces las aspiraciones del juez. En tanto que el régimen actual es continuidad de la dictadura entendemos que Garzón forma parte de ese entramado estatal creado para la represión política, tanto es así que la Audiencia Nacional de la que es juez instructor es un tribunal de excepción heredero directo del Tribunal de Orden Público franquista desde donde ha dictado ordenes de detención de decenas de militantes comunistas, anarquistas e independentistas, ha ordenado el cierre de periódicos la ilegalización de partidos y ha pasado por alto evidencias de torturas en sus ruedas de declaraciones. El juez aplica con mano de hierro la ley antiterrorista de 1987 con la que el gobierno de Felipe González decidió legalizar las prácticas ilegales cometidas hasta entonces por los GAL y la ley de partidos de Aznar mediante la cual se reprimen los derechos políticos de cualquier tipo de disidencia molesta para el régimen.
Recuperar la memoria para continuar la lucha…
Desde corriente Roja valoramos positivamente la labor emprendida por las organizaciones de la memoria, es imprescindible para la historia de la clase obrera recordar y retomar la lucha que pretendieron eliminar del patrimonio colectivo aniquilando a sus actores para poder continuarla.
Eliminar distracciones de aquellos que siguen gestionando el régimen desde posiciones supuestamente «progresistas» y que intentar vaciar al movimiento reduciéndolo a la mera defensa de un juez cuando las aspiraciones van encaminadas a la reparación de las víctimas y el castigo a los verdugos empezando por el actual jefe del estado.
La dimensión política de estos acontecimientos llega hasta el punto en que queda al descubierto la verdadera naturaleza del estado español en sus diferentes formas pero con idénticos fondos, como instrumento de dominación capitalista sobre los pueblos y la clase obrera.
Corriente Roja, desde su posición anticapitalista, se reitera en su lucha contra el régimen español desde la movilización por la necesaria reconstrucción de las organizaciones políticas y sindicales de clase que retomen el hilo rojo de la historia. En este camino seguiremos impulsando la lucha por la república indisociable de la defensa del derecho de los pueblos a su independencia como elemento fundamental de ruptura con el régimen de la monarquía impuesta por la dictadura y representado en la constitución de 1978. La necesaria ampliación de la ley de la Memoria que plantee la nulidad de la legislación franquista y el castigo a los culpables así como la reivindicación inmediata de la derogación de la ley de amnistía (46/77), de la legislación antiterrorista y de la ley de partidos son buenos puntos de partida para poder restituir el mínimo democrático necesario para continuar recorriendo este camino.
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