España tiene el problema de que el modelo de Estado unitario y excluyente impuesto por el franquismo se mantiene como principio no sólo en la mayor parte de la derecha, sino también en un amplio sector considerado de izquierda. Por lo tanto, para acabar con los decenios de dictadura y su larga herencia no basta […]
España tiene el problema de que el modelo de Estado unitario y excluyente impuesto por el franquismo se mantiene como principio no sólo en la mayor parte de la derecha, sino también en un amplio sector considerado de izquierda. Por lo tanto, para acabar con los decenios de dictadura y su larga herencia no basta con una ley de reparación a las víctimas del pasado, sino que es necesario actuar también sobre las estructuras del presente y las muchas víctimas que, todavía hoy, sigue produciendo. Por eso, el proyecto de ley de «memoria histórica» que ayer aprobó el Gobierno español puede entenderse como un intento al final un tanto descafeinado de reparar el honor de las personas que defendieron la legalidad republicana tras el golpe de estado de 1936, de homenajear en cierta medida a quienes durante la dictadura lucharon contra ella y de evitar el ensalzamiento de los golpistas que todavía se mantiene en espacios públicos. Pero es poco más que eso. Y, aún así, la derecha española se revuelve contra cualquier intento de recordar las atrocidades del franquismo, mostrando cada vez que lo hace el cordón umbilical que la une directamente con las clases dominantes durante la dictadura.
El proyecto de ley aprobado ayer puede tener la virtud de dar por fin una reparación a las víctimas del 3 de marzo de 1976 de Gasteiz. Pero de inmediato surge una pregunta: ¿En lo sustancial, cuál es la diferencia entre la actuación policial del 76 en Gasteiz y la entrada en la plaza de toros de Iruñea el 8 de julio del 78 o la irrupción de los «grises» saqueando Errenteria pocos días después? ¿Y con la muerte de Gladys del Estal al año siguiente? Sin embargo, estos últimos casos quedan ya fuera de los límites que marca el proyecto.
Pero los ecos del franquismo no han tenido continuidad únicamente en el terreno represivo. El propio debate actual sobre el modelo de Estado y el derecho a decidir de Euskal Herria y otras naciones no tendría sentido de no ser porque la dictadura de Franco rompió con la legalidad republicana e impuso un españolismo uniforme y excluyente que se mantuvo como dogma de base durante la llamada transición, admitiéndose una cierta descentralización administrativa que no cuestionara la esencial unidad de España. En el Siglo XXI recuperar la memoria histórica no es sólo retirar los símbolos públicos del franquismo, sino acabar con la herencia estructural que el dictador dejó atada y bien atada.